En el lanzamiento del Plan Colombia Siembra, Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra, sostuvo que en Colombia existen 26,5 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, de las que 15 millones son estimadas como ideales. Las distribuyó: seis millones para ganadería, cuatro millones para agroforestales, tres millones para forestación comercial y dos millones para cuerpos de agua.

Sobre esa estructura está soportada la nueva iniciativa estatal con la que se pretende, en tres años, sustituir el 50% de las importaciones de alimentos (son 10 millones de toneladas anuales), con la siembra de un millón de hectáreas nuevas, priorizadas así en maíz, en soya, en frutas y en verduras.

Es decir, se llegaría a 8,1 millones de hectáreas y, según Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura, para tal fin el Gobierno tendrá un case de $1,8 billones que apalancarán esa iniciativa.

Si bien es cierto que los líderes gremiales apoyan la iniciativa, igualmente consideran que los retos son grandes, pues el sector agropecuario colombiano, en los últimos 25 años, solo ha recibido “martillazos” que lo han llevado a su vergonzosa postración, tal y como lo plasmaron los resultados del 3er. Censo Nacional Agropecuario, que no se efectuaba desde hace 45 años.

En su mayoría, los líderes coinciden en que el primer gran “bombazo” para su destrucción lo aporto el entonces presidente, César Gaviria Trujillo, con la etiqueta de “apertura económica”.

Consideran, además, que el papel aguanta todo y que en los actos de lanzamiento todo es color de rosa, pero salvar el agro depende de acciones concretas, precisas, grandes presupuestos, voluntad política, vigilancia de los recursos e incluso, una nueva generación que desee volver a trabajar el campo donde sus padres se arruinaron.

Frente a ese punto, Mario Rodríguez Rico, de Conalgodón, estimó que “el tiempo hace cambiar las cosas. La generación de algodón, arroz, sorgo y maíz ya no existe, por lo que toca empezar con nuevas personas que, seguramente, pueden tener ganas, capacidad y ser preparadas, pero no tienen ni la práctica ni el conocimiento que se requiere para iniciar una recuperación de un campo tal golpeado”.

Estimó que si Colombia desea tener una sostenibilidad futura, necesariamente tiene que volver a recuperar las áreas agrícolas, que es una obligación del Estado.

“Hay que rescatar la vocación, ya sea pequeño, mediano o de grandes estructuras productivas en el agro; sin embargo, no se nos puede olvidar que llevamos 25 años destruyendo el sector agropecuario y la recuperación no se llega a producir de un día para otro”, sentenció Rodríguez Rico.

Plan de coberturas permanentes

Sobre los hombros de los maiceros recayó la responsabilidad de sembrar 300 mil hectáreas, del millón propuesto por el Gobierno.

Ellos se le miden al reto; pero, según Henry Vanegas Angarita, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cerealistas y Leguminosas, Fenalce, se necesita cobertura para la tasa de cambio y precio internacional, un plan de mecanización masiva donde la gente pueda renovar la maquinaria, un plan de chatarrización de maquinaria obsoleta, crédito de fomento al DTF o máximo al DTF más uno, infraestructura de almacenamiento con secamiento, centros de acopio y seguros de cosecha, ante el riesgo climático que es muy evidente y fuerte cada día.

En su concepto, el primer año (2016) iniciarían con 70 mil nuevas hectáreas, luego 100 mil, hasta completar las 300 mil en tres años.

“La mitad se sembraría en la altillanura, porque si se tiene seguridad jurídica y se hace un plan de crédito de fomento, la gente se le mide. Pero si no se arregla el problema de tierras, la gente no va a invertir”, agregó.

En su concepto, el maíz tiene que volver a las zonas planas mecanizadas, pues no se puede seguir en una agricultura donde los únicos mecanizados son el arroz y la soya. Estima que los potenciales de siembra están en el Caribe, Magdalena Medio, alto Magdalena, Valle del Patía, Valle del Zulia y Catatumbo. “El plan debe contener coberturas cambiarias, no para apagar incendios”, agregó.

28% de los alimentos es importado

Es inconcebible que en un país de 22 millones de hectáreas con vocación agrícola, solo se siembren siete millones y, además, se importe el 28% de los alimentos que nos comemos diariamente.

Esas importaciones de alimentos, en lo corrido del año (enero a julio de 2015), crecieron 9,2%, mientras que las exportaciones cayeron 5,1%. Lo anterior significa que el negocio no es sostenible en el futuro.

Esa es la postura de Rafael Mejía López, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. De ahí la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Estado para comenzar a recuperar lo perdido, labor que debe ser sincronizada entre los gremios y el Gobierno.

Sin embargo, para lograr ese objetivo, Mejía López estima que se necesitan tres acciones inmediatas para un entorno macro, dentro de una política agraria de Estado: bienes públicos, seguridad jurídica y una tributación que permita invertir en el campo.

“Es muy difícil, porque las personas, cuando van hacer una nueva inversión, sacan balances proyectados, pérdidas y ganancias, presupuestos y miran rentabilidades, y si encuentran que es atractiva, invierten, de lo contrario, pasan la página”, sostuvo. Para el directivo, si el campo no es atractivo económicamente, no le interesará a nadie, ni siquiera a los hijos de los 14 millones de habitantes que se tienen en las áreas rurales. “Hay que darle un vuelco sustancial y real a este embarazoso asunto”, propuso.

Maíz sí, pero al precio internacional

Colombia importa anualmente cerca de cuatro millones de toneladas de maíz amarillo, principalmente de Argentina y Estados Unidos. De ese paquete, el 75% lo consume la industria avícola del país.

Andrés Valencia Pinzón, de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, dijo que el gremio comprará todo el maíz nacional que se produzca, pero si este tiene como referencia el precio internacional.

“El fondo de la discusión es que uno tiene que pagar el precio del maíz a como se tase en la bolsa de Chicago. Ese es el precio que busca el avicultor, pues no se pretenderá que el gremio subsidie buena parte del valor de ese insumo, ya que no tendría sentido e impediría ser competitivos al resto de la cadena. Acá hay que pensar en cadena”, agregó.

Según el directivo, hoy el kilo de maíz nacional se tasa a $1.000; pero el internacional está alrededor de $700 o $750, dependiendo de dónde se compre o se lleve.

“Acá entran a jugar las eficiencias y productividades. Nosotros le hemos dicho al Gobierno que les compramos todo el grano nacional dentro de una lógica económica. Comprarlo más caro es perder competitividad; máxime cuando este es un sector que tiene todos sus costos importados y una carga tributaria muy alta. Todos los días estamos en pos de la competitividad y prueba de ello es que la avicultura está cada día más cerca de los puertos”, sostuvo.

Hay frontera agrícola, pero sin adecuación

Los palmeros no se han puesto metas de crecimiento en áreas. Solo esperan que existan condiciones para la inversión. Es un hecho que el país creció en áreas de palma a más del 10% anual, pero el año anterior tuvo un frenazo, ya que ese ítem solo fue del 1%. Esa cifra refleja que hay muchos interrogantes sobre esas condiciones para la inversión.

De acuerdo con Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fedepalma, el interés del Gobierno de sembrar un millón de hectáreas en distintos cultivos agrícolas, y que dentro de ellos participe la palma, es esperanzador, pues revela una intención del Gobierno de que el agro siga con una dinámica pujante.

Pero para que eso se vuelva realidad, en su concepto, hay que trabajar en dos temas: seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras y, adicionalmente, tener mucha claridad de cuál va a ser la inversión del Gobierno en adecuación de tierras.

“Colombia tiene una frontera agrícola muy grande, tierra bruta se podría decir, pero para agricultura requiere adecuación y eso se llama riego y drenaje.

Hemos observado experiencias interesantes como Chile y Perú, donde el milagro agrícola en esos países se hizo con apoyo del Gobierno, donde más del 50% de esa inversión la absorbió el Estado. Hasta ahora no hemos conocido de una propuesta semejante del Gobierno colombiano”, agregó.

El mercado, la gran talanquera

Lo más importante que deben hacer los gremios es asegurar un mercado. Se deben tener claras las cadenas de comercialización y la demanda del producto que se va a sembrar; además, que siempre se encuentren dentro de los precios internacionales, para poder ser un sector sostenible y no depender de las tasas de cambio.

De acuerdo con Alejandro Estévez Ochoa, presidente de la junta directiva de la Federación Nacional de Cultivadores de Papa, Fedepapa, el segundo tema que estiman sustancial es la competitividad, como una estrategia para asegurar la capacidad alimenticia del país. Hay que tener la capacidad suficiente para poder producir nuestro propio alimento.

“En el tema puntual de la papa, tenemos dos retos importantes: el primero es la sustitución de las importaciones, porque los productos procesados reemplazan de manera directa la producción del producto en fresco”, sostuvo.

Igualmente, se deben mirar las variedades existentes, sobre todo la criolla, que si bien puede crecer rápidamente, tenemos mercados asegurados como los de Europa y Japón, con una fuerte demanda.

“Uniendo todos estos productos, podemos llegar a 30 mil hectáreas y generar diversidad en el portafolio de los productos que se van a sembrar”, agregó.

En su concepto, con un mercado asegurado todo se supera y florecen desarrollo, investigaciones, tecnologías y productividad que garantizan la inversión.