Salvaguardas frente a los TLC es el grito del agro

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Los tratados de libre comercio están vigentes; sin embargo, existen mecanismos transitorios para afrontar los efectos negativos sobre la producción nacional.

El Congreso de los EE.UU. aprobó en 2014 la Ley Agropecuaria (Farm Bill), que autoriza 956 mil millones de dólares para su sector agropecuario, de los que se destinan en promedio 97 mil millones de dólares anuales para subsidios a precios de sustentación, seguros de cosechas, subsidios a las exportaciones y al consumo interno. Es una legislación que está vigente hasta 2019.

Esa inmensa fortuna, literalmente, blinda a los productores de ese país ante cualquier eventualidad que surja, llámese cambio climático, precios, enfermedades o comercio.

Por otra parte, esos niveles de apoyo de ipso facto distorsionan el comercio internacional y mucho más el que se tiene con Colombia ya que la diferencia en ayudas para el agro es pasmosa.

De acuerdo con los últimos datos, el presupuesto para el agro de Colombia en 2017 es de $1,6 billones, lo que equivale a una caída de 33,6% ($842 mil millones) frente a los $2,5 billones asignados en 2016.

Ahora, le adicionaron $525 mil millones para atender los problemas de los arroceros, algodoneros, lecheros, paneleros, ganaderos y hasta paperos, que en su mayoría terminaron en paros nacionales por verse afectada su condición de productores frente a los tratados de libre comercio firmados por el país y los cuales están vigentes.

¿Pero qué se puede hacer para proteger al agricultor nacional?

De acuerdo con Henry Vanegas Angarita, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cerealistas y Leguminosas, Fenalce, hay datos que deberían preocupar al país: desde mayo de 2012 han venido perdiendo área de siembra en maíz tecnificado y no en tradicional como ocurrió con la apertura económica.

El directivo expuso que si bien es cierto que en 2015 y 2016 hubo un repunte de áreas, obedeció a una reacción normal del sector porque se salía del fenómeno de ‘El Niño’, pero no por efecto de las políticas estatales para incentivar el sector.

“Hemos perdido áreas de siembra considerables y esa situación es muy preocupante para un sector productor de alimentos, que debe ser protegido, apoyado y apalancado para que subsista”, enfatizó.

Sí hay instrumentos

Para Hernán Hernández Peñaloza, presidente ejecutivo de la Sociedad de Agricultores de Santander, SAS, y miembro con asiento en la junta de la Sociedad de Agricultores de, SAC, hay instrumentos que se tienen consignados en los mismos acuerdos internacionales para afrontar la crisis de sus productores: “Hay muchos mecanismos que se pueden conservar de manera temporal, como las salvaguardas y la reciprocidad”.

El directivo asegura que ese mecanismo es empleado, por ejemplo, por Ecuador, donde colocó aranceles a un listado grande de artículos después de la negociación y ante las emergencias que presentaban los agricultores de ese país.

“La cantidad de presiones políticas en Colombia son muy grandes, lo que impide tomar decisiones que con certeza beneficien a los campesinos. Los productores de maíz quieren arancel, pero caso contrario ocurre con los avicultores. Ahora, si usted es dueño de las vacas y produce leche, entonces desea control, pero si tiene sólo unas máquinas donde la descrema y hace yogur y mantilla, desea que llegue materia prima al menor precio posible para poder vender al doble, porque adicionalmente no hay control del producto terminado”, agrega.

Hernández Peñaloza explica que en el país hubo un Censo Nacional Agropecuario que fue presentado hace poco tiempo; pero, que el mismo Ministerio de Agricultura desconoce a la hora de establecer prioridades.

“Lo grave está por venir. La desgravación en la importación de carne está a la vista y las inversiones financieras sin control las tendremos en cinco años. Fácilmente seguiremos la ruta de México donde los avicultores grandes para sobrevivir se asociaron con los fuertes de EE.UU., pero los medianos y pequeños se quebraron todos y es de percibir que acá ocurrirá algo parecido”, advierte.

El directivo de la SAS asegura que el Gobierno debe tener más control y valentía para emplear los mecanismos de reciprocidad.

“Aquí no empleamos una cláusula que es muy utilizada por Brasil: la reciprocidad. Nos llenamos de vainas de China, pero él no nos compra nada. Tenemos una relación recíproca con Estados Unidos, pero no con Corea y México. Para la economía en general no es claro el panorama. Mire el cemento importado: se consigue más barato que el producido en el territorio nacional, este es un indicador de cómo el contrabando técnico sigue ganando más espacios, que es muy riesgoso”, sentenció.

Tecnología inexistente

Una muestra del acceso a la tecnología de los productores americanos se aprecia en su sector lechero. El 92% trabaja con tecnología de punta, en cambio en Colombia, solo el 12%.

Rafael Hernández Lozano, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, estima que ahí está el meollo del asunto.

“La verdad de esto es que el si el TLC no viene acompañado de una política estatal clara y definida que propenda por la competitividad, cualquier acuerdo comercial esfonda al agro del país”, aseguró.

Hernández Lozano sostuvo que los acuerdos comerciales en general están causando mucho daño porque están colocando a competir a unos agricultores que no tienen el mínimo grado de infraestructura productiva, frente a los más eficientes, competitivos y subsidiados del mundo, como los de Estados Unidos.

“Eso se palpó la semana anterior, cuando los lecheros, que en este país son 390 mil familias, se vieron perjudicados por una caída de precios, donde las importaciones de EE.UU. tienen mucho protagonismo”, agregó el directivo de Fedearroz, quien insistió en que primero están los productores nacionales y la seguridad alimentaria del país, que cumplir con los acuerdos.

El campo que compite

De acuerdo con datos del III Censo Nacional Agropecuario del 2014, Colombia tenía 2,7 millones de productores, de los cuales 725 mil eran residentes. A su vez, 527 mil eran jefes de hogar.

* 57,4% de los productores tenían educación básica primaria.

* 45,7% de los residentes del área rural estaba en condición de pobreza.

* 86,3% de las Unidades Productivas Agrícolas, UPA, no tenían maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.

* 12,6% de los productores carecía de agua para adelantar su labor agrícola.

* 85,5% de las UPA correspondió a unidades de menos de 5 hectáreas.

* 11,5% de la población del campo mayor a 15 años no sabía leer ni escribir.

* 9,6% de los productores del país contaba con asistencia técnica.

* 89% de los productores del agro no tenían acceso al crédito.

* 44,7% era el índice de pobreza multidimensional en el campo.

* Para los analistas, casi el 50% del agro es pobre; sin embargo, el Gobierno le recortó el presupuesto en un 48%.

Credito
REDACCIÓN ECONOMÍA

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