El reto es recuperar la confianza de la gente en la Rama Judicial

Crédito: Archivo / NUEVO DÍA
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encabezada por Julio Andrés Sampedro, realizó un recorrido por las 24 seccionales del país, incluyendo a Santander, con el fin de conocer las necesidades de cada una de ellas y así avanzar en la reorganización de dicha comisión.
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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que comenzó a operar a comienzos de este año para sustituir la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, realizó una visita a las seccionales en todo Colombia como parte de una estrategia de regionalización de la justicia disciplinaria con la presencia del Estado.

Vanguardia conversó con Julio Andrés Sampedro, presidente de la Comisión, quien aseguró que uno de los principales retos es recuperar la confianza de la ciudadanía en la Rama Judicial, afectada por hechos de corrupción que han llegado incluso a las altas cortes, como el llamado Cartel de la Toga.

Sampedro agregó que para ello es clave la comisión, pues es la encargada de sancionar tanto a jueces como a abogados o funcionarios de la rama judicial que han cometido fallas en su proceder.

Además, dio detalles de las visitas a las regiones y socializó el plan de modernización tecnológica de la jurisdicción.

El balance

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, la seccional santandereana tuvo conocimiento de 3.033 procesos, de los cuales 679 son procesos disciplinarios contra abogados, 104 contra empleados de la Rama Judicial y 1.320 contra funcionarios. 

Según Sampedro Arrubla, en Santander se ve un “buen funcionamiento de los abogados” al contar con una cifra relativamente baja frente a la de funcionarios, ya que en las demás ciudades se maneja una lógica diferente, pues prácticamente el 50% de los procesos son contra abogados. 

La queja más recurrente que se recibe en Bucaramanga contra los abogados está relacionada con estafas a clientes por quedarse con los dineros del proceso o no cumplir con los deberes específicos que le corresponden. 

En el caso de los funcionarios y empleados de la rama, el reclamo más común es por el descuido en sus labores. También hay procesos contra jueces que presuntamente otorgaron la libertad a investigados de forma indebida.

A nivel nacional, hasta ese mismo día de septiembre se impusieron 633 sanciones. De estas, 356 fueron suspensiones, 337 a abogados y 19 a funcionarios. 

Además, 110 abogados fueron sancionados y multados, 104 censurados, 34 multados, 8 excluidos y 2 excluidos y multados. 

De igual forma, 9 funcionarios fueron destituidos e inhabilitados, 5 dejados en remoción y 2 más en suspensión e inhabilidad.

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MARÍA LUCÍA BAYONA

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