Iglesia pidió más atención a crisis humanitaria

Crédito: Archivo / EL NUEVO DIA
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Tras realizar seis misiones humanitarias a lo largo de 2021 en seis municipios de Chocó (Alto Baudó, Murindó, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá y Medio San Juan), y en tres municipios del Occidente de Antioquia (Frontino, Dabeiba y Vigía del Fuerte) la Iglesia Católica, organizaciones étnico- territoriales, agentes humanitarios internacionales y organizaciones sociales, denunciaron una grave crisis de derechos humanos en estos territorios.
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Tras realizar seis misiones humanitarias a lo largo de 2021 en seis municipios de Chocó (Alto Baudó, Murindó, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá y Medio San Juan), y en tres municipios del Occidente de Antioquia (Frontino, Dabeiba y Vigía del Fuerte) la Iglesia Católica, organizaciones étnico- territoriales, agentes humanitarios internacionales y organizaciones sociales, denunciaron una grave crisis de derechos humanos en estos territorios.

Lo anterior, de acuerdo con estas organizaciones, se presenta desde 2016 tras la firma del acuerdo de paz, donde, los territorios y las comunidades campesinas, negras e indígenas del Chocó y del Occidente de Antioquia han continuado en la dinámica del conflicto armado, el cual, después de la dejación de armas de las Farc, se ha reconfigurado.

Además las organizaciones denunciaron que en estos territorios “se hace evidente una paz que no llegó y un conflicto que, en algunas regiones, está poniendo al límite la existencia misma de estas comunidades”.

Las organizaciones revelaron además que tras las misiones humanitarias que realizaron, se puede concluir que “la crisis de derechos humanos y humanitaria que viven la población del Chocó y el Occidente de Antioquia, tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales y ante la cual, el Estado colombiano y el Gobierno actual, permanecen indiferentes y sin empatía social”.

Lo anterior porque en las misiones humanitarias se encontraron algunas constantes como asesinatos selectivos, amenazas a líderes y comunidades, limitación de la movilidad y la productividad, violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonal en caminos, cultivos de pancoger y en algunos casos dentro de las mismas zonas pobladas.

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Colprensa, Bogotá

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