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La Procuraduría General inició ayer el juicio disciplinario verbal contra tres altos funcionarios del Ministerio de las Tecnologías, Mintic, contra el representante legal de Unión Temporal Centros Poblados 2020 y a la interventora del contrato entre Mintic y la UT Centros Poblados, en el proceso que se sigue en su contra por el escándalo en las presuntas irregularidades del contrato que pretendía llevar internet a los colegios de las regiones más apartadas del país y en el que terminó perdiéndose un anticipo superior a los $70 mil millones.
Luego del inicio de la investigación en julio pasado, la Procuraduría formuló cargos en septiembre y ordenó el procedimiento verbal, “para adelantar la investigación disciplinaria más expedita y determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020”.
Los llamados al proceso disciplinario son Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general del MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.
En el caso de Meza Consuegra, la Procuraduría aseguró en la formulación de cargos que, en su calidad de secretaria general del ministerio, desconoció “los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal”, en la adjudicación del millonario contrato.
Así mismo, el capítulo dedicado en el pliego de cargos a la exsecretaria se inicia con un detalle que no es menor. En la hoja de vida que el Ministerio le envió a la Procuraduría está consignado que su formación de pregrado es como comunicadora social. Sin embargo, en el Sigep, el sistema de información que registra los datos del empleo público en Colombia, aparece otro currículum en el que Adriana Vanessa aparece como ingeniera industrial.
Al respecto, en el pliego de cargos se advierte que esta situación deberá ser “clarificada en fase de juzgamiento y acorde con las calidades exigidas en el manual de funciones de la entidad para el cargo desempeñado”.
Uno de los hechos en los que repara la Delegada de la Procuraduría, es la orden que se dio para la apertura de la licitación que quedó en firme con la resolución 719 del 23 de septiembre del año pasado y su posterior adjudicación a la unión temporal en diciembre de 2020. Así como la celebración contractual en ese mismo mes.
Entre tanto, a Duque, representante legal de Centros Poblados, la Procuraduría lo señala de haber presuntamente falsificado las garantías bancarias para acreditar que existían y posibilitar el inicio de la etapa de ejecución contractual y el desembolso del valor del anticipo, por 70.000 millones de pesos.
A Jiménez Santofimio se le indaga porque tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso contractual y aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor sin que hubiera estudios que sustentaran la modificación.
En el caso de Sandra Orejuela Méndez, la exsubdirectora de gestión contractual del Mintic, la Procuraduría también la señala de falta gravísima, “por desatención” elemental, pues aparentemente desconoció los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, por cuanto habilitó, mediante evaluación jurídica que suscribió el 26 de noviembre de 2020, la propuesta presentada por la Unión Temporal.
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