De acuerdo con la investigación, estas personas presuntamente participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados, y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato que tenía por objeto garantizar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes regiones del país.

Además, de acuerdo con el ente acusador, los hoy señalados hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte de los 70.000 millones de pesos de anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto del contrato. Es decir, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales.

Por todo lo anterior, los tres involucrados deberán ahora defenderse en juicio por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.