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Después de que el presidente Gustavo Petro les advirtiera a los policías y militares que cualquier masacre en su jurisdicción iba a “afectar su hoja de vida”, la oposición y las organizaciones de militares retirados cuestionaron sus declaraciones.
La postura del jefe de Estado se enmarca en lo que él ha denominado la “seguridad humana”, que busca remover los cimientos del sector defensa en Colombia, lo cual ha tocado fibras sensibles dentro y fuera de las Fuerza Militares y de Policía.
El primero que salió a criticarlo fue el expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural del único partido declarado de oposición hasta la fecha, el Centro Democrático. El exmandatario argumentó que no se debe señalar a la Fuerza Pública como responsable de la violencia y también aprovechó para lanzarle dardos a la Comisión de la Verdad.
“Una cosa es aplicar la ley a un militar o policía que delinca”, señaló el expresidente. “Otra, muy grave, es presumir como la Comisión de Verdad, que la institución democrática (de las) FF.AA. es la responsable de la violencia, tantos años tolerada por civiles refugiados en la palabra paz y negados a ejercer autoridad”, concluyó.
Responsabilizar a los uniformados de la comisión de delitos que ocurren en su jurisdicción no solo es problemático para el ejercicio de la autoridad legítima del Estado, sino que puede vulnerar principios básicos de los procesos judiciales.
Al menos así lo considera el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), coronel (r) John Marulanda. “Nosotros estamos convencidos de que antes de anotar en el folio de vida de cualquier oficial un incidente de este tipo debe primar la presunción de inocencia”. Igualmente el coronel retirado Marulanda indicó que siempre que se dan este tipo de hechos delictivos hay investigaciones que son las que sirven para determinar responsabilidades.
La ONU destacó ayer el anuncio de Petro, en el sentido de que las hojas de vida de los militares se afectarán por las masacres.
Revolcón dentro de la fuerza pública
El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya han dejado entrever que harán un revolcón en las políticas públicas de seguridad que viene implementando el Estado colombiano por décadas.
Sobre la posibilidad de que se use el conteo de vidas salvadas para medir el éxito del actuar de la Fuerza Pública, el profesor de la Universidad Externado, Jairo Libreros dijo que era “efectista”. Pero indicó que la calificación en las hojas de vida es un primer paso, que calificó como “interesante”.
En cuanto a que las nuevas medidas del Gobierno generen molestias dentro de la Fuerza Pública, Libreros aseveró que estos cambios “se vienen pidiendo desde hace muchos años”.
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