Richard Aguilar Villa, capturado en julio de 2021 por orden de la Corte Suprema de Justicia, recobró su libertad gracias a la figura conocida como vencimiento de términos, el pasado viernes 11 de noviembre en horas de la noche. Esto por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Sin embargo, aunque el exgobernador goza de su libertad, sigue vinculado al proceso que adelanta la Corte Suprema por presuntos hechos de corrupción cuando fue ordenador del gasto en Santander. 

Desde su captura, hace cerca de 15 meses, Aguilar permaneció recluido en el batallón 14, en Bogotá, donde también estuvo su padre Hugo Aguilar Naranjo.

Aunque su libertad se dio por vencimiento de términos, la Fiscalía General de la Nación ha argumentado que durante su administración en Santander, Aguilar Villa constituyó una “empresa criminal” para direccionar millonarios contratos a varios de sus amigos y familiares.

La investigación

El ente acusador le imputó al exsenador de Cambio Radical los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, al considerar que el entonces mandatario incurrió en irregularidades en los contratos del PAE, del Coliseo San Vicente Díaz Romero, en el cual Aguilar Villa habría reclamado una coima de $2.300 millones. 

También habría direccionado contratos del Estadio Alfonso López, el corredor vial San Gil - Charalá- Duitama entre otros.

Aguilar afronta además otra investigación por las fallas en la ejecución del contrato para el mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor agroforestal y energético, celebrado en diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a una Unión Temporal que tendría vínculos con un primo hermano de Hugo Aguilar, padre del exgobernador.

En el proceso han sido claves Claudia Toledo y Lenin Pardo. Ellos trabajaron durante la Gobernación de Richard Aguilar,  se acogieron a un principio de oportunidad con la Fiscalía, y se comprometieron a ‘prender el ventilador’ y contar toda la verdad sobre el presunto entramado de corrupción o “empresa criminal”.

Según se ha podido conocer, solo en el contrato para el reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, el entonces mandatario se habría quedado con una coima del 16 %.

Sin embargo, el exsenador de Cambio Radical no ha aceptado los cargos y se mantiene en su inocencia.

Obstrucción a la justicia

En la providencia de julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia señaló, directamente, al hoy gobernador de Santander, y hermano de Richard Aguilar, Mauricio Aguilar Hurtado, de intentar obstruir a la justicia ocultando información relacionada con la contratación que hizo su polémico hermano.

Entre los documentos desaparecidos están nueve libros radicadores que contienen los contratos, los cuales no fueron encontrados por agentes del CTI cuando hicieron la inspección en la Gobernación de Santander, en 2021.

Por presuntamente obstruir a la justicia, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de Mauricio Aguilar Hurtado, hoy ordenador del gasto en Santander.

¿Cómo funciona?

El vencimiento de términos es la caducidad de un plazo judicial cuando se está llevando a cabo un proceso penal contra un presunto responsable. 

Andrés Acosta Bohórquez, abogado penalista, lo define como “una sanción que se le da a la administración de la justicia por no adelantar con debida diligencia los procesos contra una persona que, a pesar de estar privada de su libertad, todavía está amparado por el derecho de la presunción de inocencia”.

Se debe aclarar que el vencimiento de términos solo tiene lugar si hay una medida de aseguramiento en contra del investigado.