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Violencia y salud pública: una mirada en contextos de pobreza e inequidad

Crédito: Pixabay / Imagen de referencia.
¿Qué tipo de fenómenos en violencia enfrenta la salud pública en el país? Las cifras de masacres, homicidios, suicidios, violencia de género y desplazamiento muestran de manera clara y contundente que Colombia enfrenta problemáticas graves que afectan el cuidado y respeto por la vida de las personas. Los contextos culturales, sociales, políticos y económicos son decisivos para las dinámicas de violencia y determinan las probabilidades de sufrir daños a la salud física y mental, así como enfrentar situaciones que tienen la muerte como desenlace.
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La situación resulta más crítica si se entiende que cada uno de estos fenómenos de violencia, además de tener víctimas directas, dejan en el tejido social de familiares, amigos y la comunidad, efectos adversos a largo plazo, que se incorporan en las interacciones de las personas y hacen más complejo el fenómeno.

Este tipo de hechos relacionados con la violencia se presentan en mayor grado en contextos de pobreza e inequidad, a los que se suman aspectos de racismo, xenofobia y machismo. Incluso, las víctimas suelen ser personas que han pasado repetidamente por dinámicas de violencia en las zonas que habitan de forma cotidiana, enfrentándose diariamente a condiciones precarias de vida y a un contexto social hostil que, hasta el momento, no ha encontrado mecanismos profundos para cerrar los ciclos de violencia en el país.

Sin embargo, ¿está preparado el sistema de salud pública en Colombia para atender el conflicto armado en cualquier parte del territorio? Según el informe de INDEPAZ de septiembre de 2022, en Colombia se han registrado 79 masacres con 250 víctimas, frente a las 96 masacres con 338 víctimas reportadas en 2021 y 91 masacres con 381 muertos en 2020, con un patrón de mayor incidencia regular en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios a julio de 2022, se han presentado 349 feminicidios, siendo Antioquia, Bogotá y Atlántico, los departamentos con mayor número de víctimas con 49, 40 y 38 respectivamente; reportando que los victimarios suelen ser personas conocidas, bandas relacionadas con el narcotráfico y sicarios; y las mujeres en su mayoría estaban entre los 25 y 40 años de edad.

El Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó en julio de 2022 que al menos 7.550 personas murieron por homicidio, de las cuales 587 eran mujeres; mientras que, de los 1.564 casos de suicidio, 323 fueron presentados por mujeres. El homicidio se presenta con mayor número de casos entre jóvenes entre los 20 y 24 años con 1.449, mismo grupo etario que registra el mayor número de suicidios con 250 casos. Bogotá con 568 casos, Medellín con 224 casos, Cartagena con 205 y Cali con 557, son las ciudades que más reportan homicidios, mientras que, en temas de suicidios, Bogotá registra 219 casos, Medellín 128 y Cali 67 casos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también señala que los casos de violencia interpersonal para el 2022, han tenido un incremento del 44,34 % frente al 2021 con 48.587 casos a julio; lo mismo ocurrió con los casos de violencia intrafamiliar que incrementó un 29,54 % (7.923).

Para el primer semestre del 2022, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, 29.729 personas sufrieron desplazamientos masivos por amenazas de grupos armados, siendo Nariño, Chocó y Valle del Cauca los departamentos más afectados. Mientras que 19.210 personas fueron víctimas de confinamiento en sus territorios por la intensificación de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus municipios, el 57% de la población confinada se concentró en el departamento de Chocó.

Tal y sucede con los determinantes estructurales en salud, la violencia hace parte de las dinámicas e interacciones sociales; a pesar de que hay una fuerte tendencia a individualizar este tipo de comportamientos, la evidencia da cuenta de lo sistemático que tienen las situaciones de violencia.  El sistema de salud público, si bien considera los contextos para atender, prestar y diseñar acciones-servicios en pro del bienestar de las personas, se ha visto desbordado en el país por la situación crítica de violencia y de precariedad de su capacidad de personal e infraestructura.

Lo anterior exige pensar en términos de salud pública, los determinantes sociales desde la comprensión del cuidado comunitario, del reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad. En general, este tipo de violencias suelen tomarse desde su implicación legal penal, dejando de lado las implicaciones que en salud tienen y, sobre todo, demuestran sobre el cuidado de la vida, de la integridad física y mental de las personas.

Ir más allá de la preocupación punitiva, para invitar a la academia, la sociedad civil, las organizaciones sociales, las entidades públicas a explorar estos fenómenos violentos desde la salud pública, abren la posibilidad de buscar causas y soluciones integrales a una forma de convivir en el país.

Una invitación a que las personas piensen, crean y sientan el campo de la salud, como un escenario que se construye entre todos en lo cotidiano, que se apoya sobre el autocuidado y el cuidado del otro, así como el respeto y reconocimiento de la vida, de la integralidad física y mental partiendo de las condiciones dignas de las personas, un punto de partida para construir otra definición de la salud colectiva y de la salud pública.  

Asimismo, esa integralidad busca que las condiciones estructurales de inequidad, machismo, xenofobia, racismo, odio político, falta de oportunidades, entre otros, sean pensados desde el bienestar y las metas comunes más que desde los intereses particulares o las lógicas neoliberales en salud, superando también la visión patológica de la violencia, que muchas veces acompaña la impunidad y perpetua los ciclos de violencia.

Rodrigo Ruiz-Lurduy

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