Jueces agrarios: ¿Qué tanto pueden contribuir a la paz total?

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El gobierno radicó el proyecto de ley que busca la creación de la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, uno de los compromisos del acuerdo de paz que sigue sin cumplir y un mecanismo que, según el Gobierno, puede acercar a los colombianos a la justicia, hoy en día ausente de centenares de municipios de Colombia.
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Según la iniciativa, los jueces agrarios empezarán a operar en los llamados territorios PDET, municipios afectados por el conflicto armado que han sido priorizados en la implementación del acuerdo de paz, pero en un periodo no mayor a tres años deberán extenderse a todo el país. Su función será dirimir los litigios que surjan sobre la propiedad agraria, que son considerados una de las principales fuentes del conflicto armado en el país.

Además de los jueces municipales agrarios habrá jueces del circuito agrarios, magistrados agrarios en los Tribunales Superiores del Distrito y una Sala Agraria en la Corte Suprema de Justicia. Aunque el proyecto de ley no determina el número de jueces y magistrados que habrá, pues eso quedará en manos del Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que será toda una jurisdicción nueva que se sumará a las que existen hoy en día.

Para Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea de tierras y campesinado del Centro de pensamiento De Justicia, esta es una gran noticia, pues servirá para agilizar procesos pues hay disputas por tierras que llevan más de 40 años sin resolución alguna.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el 81,5 % de los procesos agrarios que se han identificado, aún están en la fase preliminar de solicitud de inicio del proceso, un 10 % está en apertura del trámite administrativo y solo el 3 % está en etapa final.

El número de hectáreas afectadas por este rezago se calcula que supera el millón y medio, que es la mitad de lo que el acuerdo de paz se comprometió a repartir entre campesinos a través del Fondo Nacional de Tierras, es decir, unos tres millones.

Agrega Bautista que esta medida, sin embargo, no puede funcionar sola, pues se necesita fortalecer toda la institucionalidad agraria, incluido el Instituto Colombiano Agustín Codazzi (Igac), principal responsable de llevar el catastro, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras, que se encarga de adelantar la primera fase de todos los temas administrativos en materia agraria

Durante la presentación del proyecto, en la que participaron los ministros de Justicia, Néstor Osuna; Agricultura, Cecilia López, e Interior, Alfonso Prada, López coincidió en que la reforma agraria no se limita a la creación de esta jurisdicción: “Lo que se necesita es una serie de desarrollos legislativos que complementen todos aquellos elementos que necesitamos para convertir el sector agropecuario en una potencia mundial, en una manera autosostenible y equitativa”.

 

Ojo con la burocracia

Si bien reconoce que son necesarios los nuevos jueces, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, asegura que era innecesaria la creación de la Sala Agraria en la Corte Suprema de Justicia, pues se hubieran podido utilizar las salas existentes para evitar crear más burocracia.

“Al tener un déficit de jueces en el país, con casi 11 por cada 100.000 habitantes, se debe crear mejor jueces con facultades en diferentes campos, como el agrario. Pensemos en aumentar la oferta judicial para conocer de este y otros temas, y así tener una justicia de más acceso, en vez de tener más carga burocrática en la cúpula judicial”, dice.

También advierte que para que esta jurisdicción sea efectiva se necesita contar con procedimientos flexibles, para que el ciudadano pueda obtener una respuesta rápida.

En eso coincide Bautista, quien añade que una vez creada la jurisdicción se debe radicar un proyecto que recoja una discusión más profunda sobre su funcionamiento: “un elemento clave es que pueda ser una justicia expedita que pueda estar presente en la ruralidad y que esté pensada para que pueda resolver estos problemas agrarios que han sido aplazados por años”

El reto de la nueva jurisdicción agraria será llegar a un país históricamente alejado de la justicia, pero muy necesitado de ella. Su éxito será indispensable para el propósito del gobierno Petro de alcanzar la paz total.

 

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