Los cambios que podrían venir en materia económica en el gobierno de Petro

Crédito: Colprensa / EL NUEVO DÍA
Expertos hablan acerca de las posibles reformas y los pactos que deberá realizar el Presidente electo de los colombianos para cumplir con los objetivos trazados en su plan de gobierno.
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Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, hizo como candidato una serie de propuestas económicas controversiales que pueden significar grandes cambios para varios sectores económicos de llegar a ser aprobadas.  

Estas reformas, por ahora se conocen solo a grandes rasgos, aunque ya hay algunas puntadas sobre hacia dónde se van a dirigir.

En medio de la búsqueda del acuerdo nacional, con el que Petro aspira a garantizar su gobernabilidad, podrían sufrir algunas modificaciones o precisiones.

En términos generales, ¿cuáles son las promesas que pondría en marcha el Gobierno de Petro y cuáles son sus puntos más controversiales?

 

¿Impuestos más progresivos?  

Frente a la reforma tributaria que ha venido anunciando el nuevo Gobierno, que eventualmente busca recaudar 55 billones de pesos anuales, el economista Camilo Diaz, Coordinador de la Unidad de análisis del mercado financiero de la Universidad Nacional, opina que una reforma por un monto tan alto puede ser viable, aunque sin duda no es para nada usual.

“La reforma puede ser viable en el sentido de que si se buscan varias fuentes, donde están erosionados los ingresos de la nación, se podría llegar a un meta similar. Aunque hay que tener presente que históricamente en Colombia las reformas tributarias no han superado metas de recaudo superiores a los 13 billones de pesos, algo así como 1.1 % del PIB”, dice Diaz.

Además, señala que es una oportunidad para hacer una reforma tributaria estructural diferente a la tradicional que se ha hecho en el país, las cuales han buscado principalmente ajustar el flujo de caja. “Terminan siendo parchecitos y cada 15 meses se están tramitando nuevas reformas tributarias”, señala.  

Los puntos más controvertidos que podrían generar incertidumbre con la reforma, estarían relacionados con un elevado impuesto a la renta sobre las empresas, lo cual desestimularía la inversión.  

“Es importante no generar dobles tributaciones, no desmotivar la inversión que genera trabajo de calidad y definir muy bien el direccionamiento de los recursos recaudados que permitan realmente cerrar brechas de pobreza y desigualdad”, señala Clara Inés Pardo, doctora en Economía y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, sobre la necesidad de analizar los elementos claves de los nuevos tributos.

Sin embargo, cabe señalar que con la propuesta de Petro eventualmente las capas más altas de la sociedad serían las que pagarían mayor impuesto a la renta, es decir, según analistas, personas de altos ingresos mensuales superiores a los 16 millones de pesos. Por ejemplo, hoy en Colombia el 1 % de la población gana más de 6 salarios mínimos mensuales, explican.

Ricardo Bonilla, uno de los asesores económicos principales del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, calcula que en Colombia las personas jurídicas aportan el 80 % de los impuestos de renta y las personas naturales el 60 %. “Eso es una absoluta distorsión porque hemos puesto a pagar a las empresas, pero las personas, que son las dueñas de las empresas, no aportan como dueños de las empresas”, explica Bonilla en una conversación de Twitter originada por DATAiFX,

La ANIF parece estar de acuerdo con la propuesta, que paguen más quienes tienen la capacidad de hacerlo y menos quienes no, y también señala que, sumado a eso, no solo hay que hacer frente a los beneficios en términos de renta, también hay que simplificar la estructura del IVA y con eso evitar las exenciones.

“Resolver los problemas estructurales de nuestro sistema de tributación y llegar al nivel de recaudo que espera la nueva administración, necesita de reformas significativas en por lo menos dos de los impuestos que mayor recaudo generan, renta e IVA”, precisa ANIF.

 

¿Cambio de sistema pensional?

El mandatario electo propone reconocer la pensión como un derecho que asegure una vida digna a todas las personas en edad de jubilación, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidados en el hogar y a las personas que trabajan por fuera de un contrato laboral formal. Según argumenta, hoy, tres de cada cuatro personas en edad de pensión no tienen ninguna protección en el sistema actual, es decir, tres millones de adultos se encuentran desprotegidos y sin ingresos suficientes.

Para garantizar una pensión para todos, la propuesta es transitar del modelo actual, que adoptó el país en el año 1994 en el que compiten el sistema público (administrado por Colpensiones) y el sistema privado (administrado por fondos privados), hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario en vez de competitivo, basado en la solidaridad social, con el que también espera liberar al menos 13 billones de pesos anuales.

En ese rediseño del sistema, se propone un primer pilar que garantiza un bono pensional de medio salario mínimo a todos los adultos mayores. El segundo pilar requiere que se hagan las cotizaciones obligatorias al régimen público de los trabajadores que perciban ingresos hasta cuatro salarios mínimos (SMLV), es decir Colpensiones. El tercer pilar se compone del excedente de las cotizaciones después de esos primeros cuatro SMLV, que puede hacerse ya sea a Colpensiones o a un fondo privado.

Sin embargo, para el Centro de Estudios Económicos ANIF, aunque las transferencias monetarias a los adultos mayores en condición de pobreza van en la dirección correcta, genera preocupación las cotizaciones obligatorias al régimen público.

“Primero, elimina el ahorro para la vejez, puesto que, como sabemos, un sistema de reparto utiliza las cotizaciones de los trabajadores hoy para pagar las pensiones de los que hoy están en edad de retiro. Segundo, gran parte del ahorro que se ha acumulado en parte lo que permite financiar a la Nación, pues cerca del 30 % de los TES están en manos de los fondos de pensiones y cesantías”, dice ANIF sobre las consecuencias de implementar un modelo de pilares.

Para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, sí es viable adoptar un modelo de pilares, el cual sería benéfico para mejorar y fortalecer las finanzas del sistema público de pensiones que administra un sistema de capitalización colectiva.

“La reforma es viable, yo en mi modesto criterio, creo que es deseable modificar estructuralmente el sistema de pensiones y que ese cambio de modelo, si se acompaña de un modelo de formalización laboral, puede derivar en la corrección de los problemas que tiene el sistema pensional colombiano que normalmente se asocian a las carencias en materia de sostenibilidad financiera, equidad y cobertura”, dice el especialista.

 

Revolcón al empleo

En materia laboral, entre las propuestas que más llaman la atención del mandatario electo, sería la política de empleo garantizado que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir, como las asociadas a las labores del cuidado, a las acciones en el marco de la emergencia climática o a las vocaciones juveniles, donde la iniciativa privada no está dispuesta a asumir inversiones riesgosas para sus propósitos.

Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. Así, el Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado.

Para ANIF, la mayor preocupación es que las propuestas estén sustentadas en la protección de la industria nacional como mecanismo de generación de empleo. Eso a través de políticas como los llamados “aranceles inteligentes”. De acuerdo con el plan de Petro, dice el centro de estudios, se aumentarán gradualmente los aranceles en insumos, bienes y servicios que afecten el valor agregado nacional, como mecanismo de defensa comercial de los sectores productivos vulnerables a la competencia.

Para el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Manuel Fernández, sin duda el mercado laboral funciona mal y los síntomas que lo revelan son la alta tasa de desempleo y una prevalencia de la informalidad laboral. En su opinión, esto está directamente relacionado con el esquema regulatorio del mercado laboral y en particular con el financiamiento de la seguridad social el cual recae principalmente sobre los costos al trabajo.

“Para mejorar el comportamiento del mercado laboral hacia adelante entonces hay que hacer una transformación de esa estructura regulatoria y mover algunos de estos costos, estos esquemas de financiación, hacia la tributación general”, dice Fernández en su análisis del reto en empleabilidad del próximo gobierno.

Salud en lo público

En el gobierno del presidente Gustavo Petro, dice en su programa de campaña, el Estado garantizará el derecho fundamental a la salud a través de un sistema “único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”.

Se trata de una reforma sustancial al sistema de salud colombiano que, en opinión de algunos expertos, va en contravía del aseguramiento con pluralismo estructurado que tiene el sistema de salud desde hace muchos años.

“Posiblemente haya cambios justificados que hacer en ese sentido, pero no deja de generar incertidumbre por las consecuencias y por la necesidad de recursos disponibles para llevarlo a cabo, que pudiera hacerla inviable; pero sobre todo porque, de no hacerse gradual y concertadamente podría ser caótica”, asegura el Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero Hernández.

Según el decano, la propuesta de Petro tiene algo excepcionalmente necesario que es la implementación de la Ley Estatutaria pero entre los puntos controversiales está asumir que el sistema de salud colombiano depende de la capacidad de pago cuando tiene el gasto de bolsillo más bajo de América latina.

Otras de las preocupaciones: centrar la acción en salud en la red pública, lo cual podría ocasionar que se reduzca la oferta de salud privada y no sabría uno como mitigar ese riesgo que es alto; El pago a los hospitales basado en presupuestos históricos lo cual crea barreras financieras y de oportunidad que ya se transitaron en el pasado.

Para concluir, sobre el impacto sectorial del gobierno de Gustavo Petro, expertos de la firma de inteligencia de sectores, Sectorial, señalan que es indiscutible que con el nuevo rumbo político del país, los sectores de la economía se preparan para enfrentar los efectos del modelo económico entrante.

“Con este panorama, enfrentaremos unos meses de expectativa y cautela de los empresarios respecto a la reacción de los jugadores económicos y el reacomodo de los sectores, en función del viraje político que tomará el país tras la elección presidencial. Una hoja de ruta más clara la tendremos con el nombramiento de los líderes de cada ministerio”, comparte Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial.co.

Colprensa

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