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Esta semana el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, se volvió a pronunciar sobre la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), esta vez para darle un espaldarazo a los transportadores locales, al anunciar que la operación del sistema estaría a cargo de las empresas ibaguereñas.
La Administración municipal indicó que las empresas del transporte público colectivo podrían quedarse con la operación y el manejo del recaudo, si logran presentar una propuesta acorde a la normatividad.
“Les hemos dicho que presenten las propuestas y se han unido en tres empresas para que, seguramente, sean los operadores del transporte público, demostrando que estamos trabajando de la mano con ellos”, afirmó Hurtado.
‘Aristas’ sobre la operación y el recaudo
El gerente del Sistema Integrado de Transporte, Sitsa, Antonio Fonseca, le confirmó a esta redacción que las empresas ya presentaron tres propuestas para ejercer la operación del sistema de rutas.
Debido al tipo de gobierno corporativo de cada una de las siete empresas pertenecientes a Sitsa, dos de las propuestas las encabezan Cotrautol y Expreso Ibagué, y una tercera fue hecha por las otras cinco empresas, que son sociedades anónimas. “Lo hicimos así como un mecanismo para ejercer la operación de una manera más eficiente”, dijo Fonseca.
También, aclaró que dentro de las propuestas las rutas van seguir siendo compartidas por todo el parque automotor.
Entretanto, el Gerente dijo que las empresas quieren tener el recaudo del sistema, a través de Sitsa, así se lo manifestaron al Alcalde la semana pasada en una reunión.
“El fin es que el recaudo no quede en una empresa externa, sino en los transportadores históricos de la ciudad”, aseguró Antonio Fonseca.
Sin embargo, el gerente del Setp, César Fabián Yáñez, explicó: “Ellos piensan (transportadores) que ser operadores es que el sistema les dé todo y resulta que no, deben colocar unos recursos ‘gruesos’, sucede igual con el recaudo”.
Además, indicó que con la proyección de la tasa de cambio a $4.400 y de la inflación, el sistema ya tiene un déficit de $23.000 millones. “¿Quién va a asumir esos costos?, el Gobierno nacional dijo que no, el Municipio tampoco tiene como, entonces estamos buscando alternativas para poder llevar a cabo este tema del recaudo”, acotó el Gerente del Setp.
Enfatizó que la operación, control de flota y recaudo es de las primeras actividades que se tienen que desarrollar, por lo cual iniciará visitas técnicas a los sistemas de transporte de Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Bogotá.
“Pero lo más importante para nosotros es dejar las bases, por ejemplo, definir cuál es el porcentaje por el recaudo y qué va a pasar con los propietarios. Los operadores en otras ciudades tienen su flota, aquí no, quienes tienen los buses son los propietarios y a ellos les debemos dar las garantías”, precisó Yáñez.
Por otro lado, el funcionario aclaró: “Los propietarios deben tener sus recursos asegurados, por eso entran a una fiducia, y lo que queremos hacer es que de la fiducia esa plata vaya directamente a cada propietario y lo que corresponda a las empresas. Así garantizamos que los dineros sean distribuidos a cada quien”.
En ‘veremos’ por fallo
En noviembre de 2021 el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito en falló de primera instancia declaró la nulidad de por lo menos 15 de los 38 artículos y parágrafos del decreto 806 del 2019, mediante el cual se implementa el Setp y se crea el ente gestor.
La medida de simple nulidad interpuesta por Transportes La Independencia S.A. (Translain) y Transportadores Flota Andrés López de Galarza - Logalarza S.A., dejó sin piso jurídico la implementación del proyecto.
Ante el fallo, la Alcaldía de Ibagué interpuso un recurso de apelación que será resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima.
En consecuencia, Juan Felipe Rodríguez, uno de los dos abogados que representa a las empresas transportadoras, indicó que la Administración municipal le está “metiendo el ‘pie al acelerador’ a un proyecto que tiene una inseguridad jurídica grandísima”.
El abogado explicó que el fallo de primera instancia se encuentra suspendido por el recurso de la Alcaldía, “pero el día de mañana ese recurso se puede resolver, y si se confirma la decisión de nulidad la Administración quedaría en un ‘sin salida’ jurídico”.
Y agregó: “El fallo de segunda instancia seguramente confirmará que el Setp no va a poder ser implementado, porque creo que los argumentos para apelar no fueron sólidos y la sentencia del Juez tiene una profundidad jurídica muy fuerte”.
Finalizó diciendo que preocupa y es inconveniente que el Alcalde adelante actuaciones administrativas sobre un proyecto con tal inseguridad jurídica, “yo creo que deberían dejar el Setp quieto hasta tanto se resuelva la situación”.
Cabe recordar que los principales reparos del Juzgado Octavo Oral tienen que ver con la operación del Ente Gestor del sistema.
El Setp
En diciembre de 2020 el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el financiamiento del Setp para Ibagué, con una inversión de $466.573 millones; la Nación aporta $309.824 millones y el Municipio $156.749 millones.
Sin embargo, la construcción e implementación del sistema avanza a ‘paso lento’; transcurrido un año y ocho meses tras las firma del Conpes la Administración no ha licitado. Vale mencionar que en infraestructura se deben construir estaciones y patios, intervenir las vías estructurantes, modernizar la semaforización, entre otros.
Acerca de este punto, César Fabián Yáñez, gerente del Setp, manifestó que el Gobierno nacional autorizó a la Alcaldía hacer un crédito para invertir durante seis años en el sistema. Aunque, inicialmente la Administración municipal tendrá disponibles $20.000 millones para rehabilitación vial y realizar estudios de la peatonalización de la carrera Tercera.
“Haremos un crédito de $100.000 millones para modernizar la red semafórica, terminar la rehabilitación de la carrera Quinta, hacer los paraderos y proyectar los lotes para los patios talleres. Tendríamos dos años de gracia y el crédito se comenzaría a pagar tan pronto lleguen los recursos del Gobierno nacional”, explanó Yáñez.
En cuanto a licitaciones, señaló que el proceso para contratar la rehabilitación de la carrera Quinta desde la calle 64 hasta la 137 y la avenida Ambalá desde la calle 103 hasta la glorieta El Vergel, se adjudicará a finales de septiembre por $14.000 millones.
Dificultades para invertir en buses
La Alcaldía dispuso que los empresarios del sector podrán renovar sus vehículos uno a uno hasta el 31 diciembre de 2023, y no como está en el Decreto 0701 de diciembre de 2020 que estipula la sustitución de dos automotores antiguos por uno nuevo.
El anuncio fue recibido con beneplácito por el gremio transportador, sin embargo, hacer la renovación sigue siendo complejo financieramente, la razón, los vehículos nuevos deben ser eléctricos, a gas o Euro VI en diésel.
Al respecto, el gerente de Sitsa, Antonio Fonseca, contó que el costo de los vehículos aumentó considerablemente, frente al valor en que se comercializaban previo a la pandemia.
Señaló que un bus eléctrico de las características requeridas por el Setp, puede costar hasta $800 millones, a gas $700 millones y el Euro VI $550 millones.
“Estamos preocupados porque para muchos transportadores es imposible acceder a la reposición del vehículo, la inversión es muy alta y tenemos hasta el próximo año para hacerla. Además, lo que generaría el bus no le alcanzaría a los propietarios para cubrir un crédito tan oneroso”, apostilló Fonseca.
No obstante, la demanda de pasajeros ha disminuido con el transporte ilegal, el uso de otros medios de transporte alternativo y el auge de la motocicleta.
“La mayoría de los propietarios tienen una buseta y viven de ella, los que tiene más de tres son pocos, diría que son unos 800 en total. Les sería muy difícil comprar un vehículo de contado”, concluyó Fonseca.
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