La declaración del presidente Gustavo Petro al término de un consejo de seguridad, en el sur de Bolívar, dejó pensando al sector minero durante el fin de semana.

“Ojalá tuviéramos un solo comprador de oro en Colombia, el Banco de la República”, fue la expresión del mandatario, al hacer referencia a una serie de iniciativas para atacar la minería ilegal, que es uno de los grandes problemas del territorio del Magdalena Medio y de otras regiones del país, como el Nordeste, Bajo Cauca y Occidente de Antioquia.

La idea, que no tuvo explicaciones adicionales, se enumeró como parte de la estrategia que según Petro se va a implementar avanzar en la legalización de la minería, con el objetivo de que no se siga depredando el medio ambiente y que este actividad no se siga utilizando para el lavado de activos.

Pero, ¿cuál sería el alcance de hacer que el Emisor se convierta de uno en el único comprador de este metal precioso en el país? En este punto vale anotar que el artículo 13 de la Ley 9 de 1991, estableció que el mercado de oro en Colombia es libre, y por esta razón, desde entonces, el Banco de la República dejó de ser el único comprador de ese metal, convirtiéndose en un agente más dentro del mercado.

En ese contexto, el Emisor se encuentra autorizado para realizar operaciones de compra, venta, procesamiento, certificación y exportación de metales preciosos, las cuales realiza en la forma y condiciones que defina la junta directiva. De igual manera, compra el oro de producción nacional que le sea ofrecido en venta.

¿Qué se pretende?

Para Francia Inés Hernández, directora de la firma Hernández y Abogados, entendiendo que la propuesta se lanzó en un escenario de orden público, será necesario detallar cuáles son los objetivos que busca el Gobierno.

“El Banco de la República se ha desligado de esa facultad de intermediación, buscando atender su principal función que es la de regular la tasa de política monetaria y controlar la inflación. Llevarlo a que se focalice en la compra de oro, sería atribuirle una tarea que constitucionalmente no le corresponde”, añadió.

Igualmente, señaló que unificar las compras de oro en el Emisor sería un duro golpe contra las comercializadoras internacionales, que son empresas legalmente constituidas y que están autorizadas por la Dian y el Ministerio de Comercio para realizar la exportación del mineral.

“Si el banco va a comprar, ¿les tocaría a estas compañías adquirirle directamente el oro para poderlo exportar? No creería que el Emisor se ponga en la tarea de vender ese metal precioso en los mercados internacionales”, comentó Hernández.

Adicionalmente, abogó porque se explique cuál es la finalidad de la propuesta para conocer los mecanismos legales que deben aplicarse. “¿Lo que se busca es proteger la legalidad?, o ¿se quiere hacer un control efectivo en la explotación?” (ver Dicen de...).

Esta iniciativa se suma a las expuestas por el Gobierno Petro, que a dos semanas de su posesión, apuesta por aumentar los impuestos a los que denomina “exportaciones extraordinarias” de oro, y otras materias primas con la reforma tributaria.

El negocio

Según cifras de la Unidad de Planeación Minero ​Energética (Upme) el año anterior se produjeron en el país 55,32 millones de gramos de oro y 12,78 millones de gramos en los primeros tres meses de este 2022.

Por su parte, las exportaciones del metal sumaron el año anterior US$2.549 millones, mientras que el recaudo de regalías totalizó unos $326.007 millones (ver gráfico).

De otro, al cierre de 2021, el Emisor reportó que sus existencias de oro eran de 150.300 onzas troy (4,67 millones de gramos), valoradas en $1,08 billones, y durante todo el año anterior compró 17.200 onzas (534.979 gramos).