Como se vio desde la campaña presidencial, los empresarios son uno de los gremios más críticos a lo propuesto por el nuevo presidente desde el primer día de su gobierno, cuando se radicó el proyecto de Ley de Reforma Tributaria ante el Congreso de la República: cobrar más impuestos a los más ricos.

Según análisis de la Andi, la reforma tributaria en caso de ser aprobada tal y como está tendría efectos sobre la actividad económica y sobre el empleo en el país, dado que 14 billones de pesos (de la meta de los 25 billones anuales) se basan en impuestos a las compañías, de acuerdo por lo manifestado por Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

En Colombia el 78% del impuesto de renta es pagado por la compañías y el 22% por las personas naturales, de acuerdo con datos de la OCDE.

“Esta tributaria está castigando a las empresas con cerca de 14 billones de pesos y les está cobrando a los hogares, y probablemente a los hogares más vulnerables, 2.5 billones de pesos, básicamente a través de los productos que se compran en las tiendas”, dice el dirigente gremial.

Por eso, ante el empeño del gobierno por hacer tributaria, la Andi puso sus cartas sobre la mesa y pidió al gobierno replantear la meta de recaudo de $25 billones anuales ($50 billones para el 2026 con reducción a la evasión), por una cifra de $8 billones anuales.

Bruce Mac Master, argumenta que la economía colombiana “no es capaz” de asumir un recaudo tributario adicional de 25 billones anuales, el más grande hasta ahora.

En cambio, destaca que el país desde el año 2020 registra un aumento importante en el pago de impuestos ciudadanos que le dan al gobierno nuevos recursos para evitar poner nuevos impuestos.

“En el año 2020 el gobierno recaudó cerca de 69 billones de pesos en impuesto de renta, en el 2021 se incrementó en 10%, y este año se produce un incremento importante llegando a 81 billones de pesos”, son las cuentas presentadas por Mac Master.

Además del impuesto de renta, el total de impuestos que recibió el gobierno (incluyendo impuestos como el IVA) para el 2020 fue de 130 billones de pesos, para el 2021 subió a 162 billones y, según la Andi, para el 2022 podría subir a $202 billones, es decir, un aumento de $40 billones de pesos de un año a otro.

Son los datos presentados para argumentar que en “Colombia sí estamos pagando el impuesto de renta y que el gobierno está recibiendo recursos nuevos”.

Según cifras de la OCDE, el 18.7% del PIB de Colombia durante el año 2020 correspondió al total del recaudo del gobierno nacional.

Para Mac Master, esto significa que “el indicador de Colombia no es el mejor, es significativamente más bajo que los otros países, pero también es más alto que otros y no incluye realmente el efecto del año 2021 y 2022 cuando las cosas van a cambiar” hacia un mejor recaudo.

Para completar las fuentes de donde saldrían nuevos recursos sin necesidad de una reforma tributaria, el gremio propone “una gran campaña de austeridad y de redistribución de recursos por parte del gobierno”.

CRÍTICAS DIVIDIDAS

La de la Andi es una las críticas más fuertes de la tributaria que se ha planteado en las últimas semanas. Un comentario económico de la Universidad de Los Andes también advirtió los riesgos que para la riqueza del país tiene ponerle impuestos muy altos a las empresas, aunque reconoció la coherencia de la propuesta con las metas sociales del gobierno nacional.

La propuesta de reforma tributaria “es coherente con sus propósitos de reducir la desigualdad y construir capacidad estatal a través de mayor recaudo, al tiempo que resulta disonante con el de proteger la generación de riqueza y empleo. El paso por el Congreso debe solucionar ese desbalance”, resume el informe de Los Andes.

Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) respaldó la tributaria de Petro, reconociendo que la meta del recaudo coherente con el costo de los programas sociales prometidos.

“Coincidimos plenamente con el objetivo de la reforma de reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la progresividad y eficiencia del sistema impositivo y aumentar la carga impositiva a productos poco saludables o negativos para el medio ambiente”, dice el informe de la Ocde.

La Ocde dice que las propuestas relacionadas con el impuesto de renta para las personas naturales y para las empresas son bienvenidas, al igual que la limitación de las exenciones y tratamientos para algunas industrias, pensionados y usuarios de zonas francas, así como los cambios sobre los impuestos al plástico y a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Una postura similar fue la del reconocido economista mexicano Alejandro Werner, director del Instituto de las Américas de Georgetown y ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, quien hizo varias anotaciones al texto de la reforma.

“Todo esto en un contexto internacional difícil para países que tienen altas deudas, déficits amplios, producto de los estímulos y los apoyos que se tuvieron que dar durante la crisis, entonces tenemos la necesidad de hacer reformas fiscales y mejorar la atención de las necesidades básicas como educación, salud, pensiones, entre otros”, señaló Werner.

Añadió: “no queremos que un sistema tributario limite mucho la inversión porque si limita la inversión limitamos el crecimiento, la creación de empleos y ya hasta los objetivos redistributivos que queríamos lograr no los logramos, porque lo que logramos por los tributos lo perdemos por la falta de empleos”.

Esta semana, en Cartagena, cientos de empresarios y representantes de las principales Cámaras de Comercio del país, reunidos en ‘Confecamaras 2022’, participaron en una audiencia pública en la que también estaban presentes los ponentes del proyecto en el Congreso de la República y que tenía por objeto “entender la reforma tributaria”, según lo manifestado por el presidente de Confecamaras, Julian Domínguez, en la clausura del congreso.

Los empresarios manifestaron sus preocupaciones por los altos impuestos que tendrán que asumir y pidieron un mayor esfuerzo del Estado para controlar la evasión y la corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Con las mayorías políticas garantizadas, luego de que precisamente esta semana las principales bancadas del Congreso se declararon de Gobierno, en las próximas semanas se sabrá qué tanto son tenidas en cuenta en la reforma las preocupaciones de los empresarios.