Por qué la Procuraduría revisa acuerdo que reglamentó suelo suburbano en Mariquita

Crédito: Fotos: Archivo / EL NUEVO DÍAMariquita se proyecta como destino turístico, por lo que las autoridades locales, a través del ordenamiento territorial buscan atraer inversión inmobiliaria.
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La Procuraduría Provincial de Honda inició un estudio preliminar, tras recibir una denuncia que señala un presunto ‘volteo de tierras’ a partir de un acuerdo sancionado por el Ejecutivo a finales de 2020. Por su parte, el mandatario Juan Carlos Castaño, defiende su propuesta señalando que no se modificó el Pbot.
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A fines de 2020 el alcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño Posada, tramitó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que tenía como objeto complementar de manera excepcional el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot, vigente incorporando el polígono del suelo suburbano.
La propuesta que fue debatida en las sesiones de diciembre de ese año y que generó altas expectativas de desarrollo entre los cabildantes, volvió a ‘sonar’ recientemente porque a comienzos de abril se radicó una denuncia de carácter disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación en contra del Mandatario y los 13 concejales que integran la corporación en esta municipalidad.

El caso que es promovido por José Antonio Serna Ramírez, ingeniero catastral y Geodesta se argumenta en que se habría caído en una presunta “modificación irregular” de los planes de ordenamiento territorial, asimismo, en que no concertó en su momento con Cortolima como autoridad ambiental.  

¿Cómo se dio la discusión? 

El proyecto inició su tránsito el 19 de diciembre de 2020, tras una primera socialización entregada por la arquitecta Sandra Villamil, delegada de la Administración municipal ante el Concejo, en dicha sesión los cabildantes solicitaron más datos, al igual que, precisar en un mapa la ubicación de los polígonos que pasarían a ser suelo suburbano.

Por ello, el alcalde Castaño Posada estuvo como invitado en la segunda sesión de socialización (21 de diciembre), defendiendo su propuesta y despejando las inquietudes.

De arranque explicó que la idea iba orientada a la “reglamentación de vivienda campestre de Mariquita. Durante los últimos 12 años e inclusive los últimos 16 años, desde que se adoptó el Pbot que actualmente se encuentra vigente, nunca fue reglamentado en absolutamente nada, es decir, 16 años después tenemos el acuerdo 019, tal cual fue adoptado en el gobierno de Hernán Cuartas (…)”.

Además, señaló que los polígonos se definieron partiendo de los usos del suelo rural existentes, “no estamos modificando usos del suelo (…)”, asimismo, que se tuvo en cuenta la dinámica urbanística del municipio.

En medio de la exposición, el burgomaestre mencionó que hasta ese momento se habían encontrado casas quintas que aunque tenían un millonario valor comercial, el cobro de impuesto era irrisorio.

Otros argumentos entregados a los Concejales es que era una posibilidad de atraer inversión privada en vivienda campestre y mejorar los ingresos del municipio. “Permitir proyectos de vivienda campestre en Mariquita, es permitirle al municipio tener acceso al impuesto de la plusvalía, que es otro recurso importante para que este municipio vea mejorada sus finanzas (…)”, mencionó Castaño Posada.

Al momento de las intervenciones, el concejal Alfonso Calle Rivera opinó que la propuesta no era mala, “lo que pasa es que va bien a la carrera, nos lo presentaron hace 3 o 4 días y va como muy acelerado (…)”, asimismo, preguntó si se había socializado con la comunidad y el Consejo Territorial de Planeación.

Sobre estos interrogantes, el Alcalde respondió reiterando que el proyecto tenía como propósito reglamentar “el polígono de vivienda en los usos de suelo que tiene nuestro Pbot actual, no estamos modificando ningún Pbot”.

Y en cuanto a si se dio a conocer previamente, “Calle, el Consejo Territorial de Planeación, este proyecto lo socializamos con ellos, estuvieron de acuerdo porque es una necesidad sentida de Mariquita (…)”.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Castañeda Saldaña, manifestó que se estaba dando una oportunidad de dinamizar la economía de la conocida ‘Ciudad frutera’, “esto no trae sino beneficios para el municipio”.

Mientras que Carlos Geovanny Gómez Betancur, comentó que hubiera sido mejor hacer la discusión de reglamentación de suelo suburbano en el marco de actualización del Pbot y no en diciembre.

Y Wilson Morales, ponente del proyecto de acuerdo, indicó que serían 372 hectáreas las que se iban a ampliar e indicó que la plusvalía era importante, por lo que se debía tener claridad en este concepto.

Tras hacer la discusión pertinente y despejar dudas al interior de la Corporación, el proyecto siguió su curso y llegó a la Comisión Plan de Desarrollo el 22 de diciembre de 2020 para hacer el respectivo estudio de ponencia. Asistieron Juan Carlos Castañeda, Diego Alberto Florido, Jaime Enrique Velásquez Salamanca y Alfonso Calle Rivera. Por unanimidad, el proyecto pasó a segundo debate ante plenaria.

En la sesión adelantada el 26 de diciembre, el cabildante Jaime Enrique Velásquez hizo referencia a los cuestionamientos que surgieron alrededor de la rapidez en que se tramitó la propuesta del Ejecutivo, indicando que se debe tener en cuenta que “los plazos para la ejecución de estos proyectos de acuerdo, los da la Ley, nos da tres días hábiles entre estudio de Comisión y segundo debate”.

Carlos Geovany Gómez, expresó varias inquietudes y reiteró que era necesario tener tiempo para analizar a detalle. “El proyecto como tal es muy bueno, excelente, pero hay ciertos vacíos, bastantes, que nosotros no conocemos cómo es que se va a llevar (…)”.

Posteriormente, se procedió a la votación que permitió que el proyecto de acuerdo pasara a ser sancionado por el Alcalde de Mariquita. 

Quienes entregaron su apoyo fueron Guillermo Angarita, Alfonso Calle, Wilson Morales, Juan Carlos Castañeda, Diego Alberto Florido, Álvaro Mauricio Granados, José Efraín Molina, Luis Eduardo Orozco, Daladier Vidal, Jorge Cardona y Jaime Velásquez. Mientras que Álvaro Bohórquez y Geovany Gómez optaron por el no.

Denuncian ‘volteo de tierras’

Pasado más de un año desde que se sancionó el acuerdo 025, volvió a ser recordado pues a comienzos de abril se radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, argumentando un presunto ‘volteo de tierras’, es decir, modificación del uso del suelo rural a urbano.

El ingeniero catastral José Antonio Serna Ramírez, explicó que es un investigador exhaustivo de estos temas “me encontré con el acuerdo sancionado, retrocedí todo y conseguí toda la información, las actas del Concejo, el acuerdo sancionado, la justificación del Alcalde.

“Con eso fui y le pregunté a Cortolima y me contestó que era ilegal, a partir de ahí le solicité a la Procuraduría que iniciara una investigación contra el Alcalde y los 13 concejales por, llámese ‘volteo de tierras’, modificación irregular y en este caso ilegal, de los planes de ordenamiento territorial”.
Para el también residente de Mariquita, en este caso hubo una modificación extraordinaria del Pbot, igualmente, señaló que la sumatoria de los cuatro polígonos que se definieron como suelo suburbano tendrían un área de 600 hectáreas (Ha).

Son “las zonas contiguas al perímetro urbano, las mejores zonas de Mariquita, las más planas y las habilitaron para vivienda campestre”.

La consulta hecha por Serna Ramírez a la CAR fue si el acuerdo mediante el cual se modificó el componente estructurante ‘usos de suelo’ y creó el uso suburbano incorporando cuatro polígonos para equivalentes, según él, a seis hectáreas surtió “el trámite de conciliación ambiental” ante la Corporación.

De la misma forma, preguntó si la entidad tenía facultades legales para “solicitar la suspensión de la aplicación del acuerdo 25 de 2020 del Concejo, con el fin de evitar daños ambientales (…)”, se precisa en documento.

En el oficio de respuesta entregada por la autoridad ambiental al denunciante, se explica varias de las normas, entre ellas la Ley 388 que se relaciona con el tema, también, señala que en mesa técnica del 10 de junio de 2021 evidenció “la modificación realizada al Pbot de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita y por consiguiente en la misma se aclaró que el municipio no podía haber realizado esta modificación excepcional sin cumplir con lo establecido en el decreto 1232 del 14 de septiembre de 2020 expedido por el Ministerio de Vivienda (…)”.

Es decir mediante la cual se fijan parámetros para concertación, consulta, aprobación y adopción de los planes de ordenamiento territorial.
Finalmente, informó que desde la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica se remitió el concepto a la oficina jurídica de la Corporación, para hacer seguimiento en el marco de la revisión jurídica y ajuste que adelanta el Municipio con la CAR.

Otro de los cuestionamientos fue la rapidez con que tránsito por el Concejo, falta de estudio técnico y la plusvalía.

“La plusvalía es un plusvalor que se obtiene por una actuación urbanística, en este caso por el cambio de norma, pasarlo de rural a suburbano, por ese solo hecho hay un plusvalor y eso si es un gravamen, un impuesto que se cobra por una única vez y que tengan connotación especial, que debe llevarse al folio de matrícula inmobiliaria como una anotación”, indicó el ingeniero.

En uno de los apartes de su denuncia ante el Ministerio Público expone que haciendo un cálculo aproximado de los avalúos previos y posteriores a la aprobación del Acuerdo sobre 600 hectáreas, el valor a recaudar por plusvalía alcanzaría $542 mil millones, de esta cifra el 50% le correspondería al Municipio, sin embargo, “la actual administración se niega a cobrar”. 

Y agregó, “debe recaudarlos, ¿en qué momento?, en el que expide licencias de urbanismos o de construcción para esos predios afectados con esa plusvalía”. Asimismo, comentó que se estarían expidiendo licencias de urbanismo en las áreas suburbanas sin hacer dicho cobro.

Lo que se estableció

Juan Carlos Castaño Posada, alcalde de Mariquita.

En el acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2020 en su artículo cinco se precisa la incorporación al ordenamiento territorial de San Sebastián de Mariquita, “la categoría de suelo suburbano al interior del suelo rural, la cual se materializa y especializa en al plano FR – 15 M según los puntos de coordenadas”, este proceso hizo que la identificación quedara como Mapa FR – 15 M.

En la explicación de la arquitecta Villamil, se mostró inicialmente cuatro polígonos que quedaron como suelo suburbano y están ubicados en la salida del municipio dirección Ibagué en ambos costados, hacia la vía Férrea sentido a Honda y el otro está paralelo al aeropuerto José Celestino Mutis. De la misma forma, se establece uso del suelo, Principal: Ecoturismo, turístico, residencial, vivienda en donde debe prevalecer el mantenimiento del paisaje.

“No hemos otorgado ni una sola licencia”

EL NUEVO DÍA habló con el alcalde Juan Carlos Castaño Posada sobre este caso, indicó que está tranquilo pues fueron más seis meses en los que se estudió técnicamente la propuesta para llevarla al Concejo, asimismo, señaló que la demanda tendría un trasfondo político.

Al preguntarle si ya fue notificado formalmente, respondió que se le comunicó sobre un auto de apertura de indagación por parte de la Procuraduría Provincial de Honda.

“La denuncia tiene varias inexactitudes a mí me preocupa, además que tiene un trasfondo político interno. Me preocupa por ejemplo, que el denunciante indique que hubo ‘volteo de tierras’, esto en Colombia es ilegalmente convertir tierras rurales a urbanas para propiciar desarrollos urbanísticos ilegales, eso es un ‘volteo de tierras’”.

Reiteró que en este caso, no se cambió o modificó el uso de suelo y el área rural conserva el uso como está establecido en Pbot que tiene vigencia desde 2004, “no se da la figura de ‘volteo de tierras’ bajo ninguna medida”.

En el tema de plusvalía explicó que esta se cobra cuando hay aprovechamiento derivado de una actuación urbanística, “en este momento para vivienda campestre, nosotros no hemos otorgado ni una sola licencia. 

“En Mariquita se están estructurando proyectos de varios inversionistas privados, pero en este momento no se ha expedido ni una sola licencia, por lo tanto no hay lugar a cobrar plusvalía”.

Añadió que para adelantar dicho cobro se requiere de la actualización del Estatuto de Rentas y además “determinar el valor de las zonas homogéneas de M2 antes del aprovechamiento urbanístico y el valor del M2 posterior al aprovechamiento urbanístico, si no hay hoy un proyecto licenciado, yo no tengo la posibilidad de establecer cuál fue el incremento de M2 del proyecto”.

Otro de los interrogantes, es el número de hectáreas que son hoy suburbanas, teniendo en cuenta que en las discusiones ante el Concejo se hablaba de 372 y el denunciante menciona 600. 

“Sobre ello, el Alcalde precisó que son dos polígonos uno está ubicado en la vía a Honda y el segundo hacia la salida de Armero – Guayabal, “es un cálculo de los ingenieros, el acuerdo lo que hace es fijar las coordenadas del polígono”, añadió que deben ser menos de 600 Ha.

“Cuando se reglamente la vivienda campestre en Mariquita, lo que hace el equipo técnico es partir de los usos del suelo permitidos del Pbot de 2004, es decir, del que está vigente, por eso la denuncia es inexacta, no es cierto que se haya hecho una modificación excepcional del Pbot (…).
“Nosotros no modificamos ni el componente general, ni el componente especial del Pbot, lo que hicimos fue reglamentar una actividad que en Mariquita no se ha desarrollado por laguna jurídica y una de las lagunas eran la determinación del polígono de vivienda campestre”.

Asimismo, dijo que se tomó como modelo lo hecho en los Concejos de Alvarado, Venadillo, Carmen de Apicalá y Flandes, “la pregunta es, esos municipios que hicieron el mismo procedimiento de Mariquita si lo hicieron bien y solamente Mariquita lo hizo mal, cuando nosotros tomamos como modelo los municipios que han desarrollado vivienda campestre en el norte del Tolima y el oriente”.

Y al preguntarle sobre el tema de concertación con Cortolima, explicó que se acude a dicha autoridad, cuando se hace “una modificación excepcional y esas comprometen temas ambientales, entonces tiene que ir a concertar con la autoridad ambiental.

“En este caso no hicimos ninguna modificación de Pbot, lo que se hizo fue reglamentar el área a partir de los usos de suelo permitido para vivienda campestre. Hicimos uso del poder de reglamentación del Pbot”.

En cuanto a qué tan tranquilo se siente para defender, en dado caso, su propuesta ante el Ministerio Público, comentó que confía en su propuesta, pues la estudió personalmente con su equipo técnico, asimismo, teniendo en cuenta que se está en la actualización del Pbot con el apoyo de Findenter, se hizo un análisis sobre ello.

“Ahí se ha evidenciado que no se hizo una modificación excepcional, que no se toca ningún tema medio ambiental, que no hay lugar a cobrar plusvalía en la actualidad, que no hubo ‘volteo de tierras’ porque no se cambió el uso del suelo de rural a urbano.

“Más que preocuparme, me deja triste que un Concejal que está detrás de una persona que pone a firmar una denuncia, es el que está en contra del desarrollo de Mariquita”, precisó. 

¿Y el Concejo?

Los otros protagonistas en esta historia son los Concejales del municipio, esta redacción habló con varios para conocer su opinión sobre el caso. Algunos prefirieron no pronunciarse aún, pues hasta el anterior jueves no habían sido notificados formalmente por la Procuraduría. 

Asimismo, aclararon que actuaron teniendo en cuenta las condiciones del Pbot vigente y llamaron la atención en que el ingeniero José Antonio Serna Ramírez, no se acercó en su momento a los debates en que se discutió el tema. 

El cabildante Alfonso Calle Rivera, dijo que el presupuesto de la Corporación es muy poco, por lo que no cuentan con un asesor jurídico, “claro que esto no es disculpa, simplemente nos confiamos en el Alcalde, porque supuestamente es abogado y tiene varias especializaciones, por confiarme pasó eso”. Asimismo, hizo referencia a la falta del concepto de autoridad ambiental.

Agregó que está a la espera de si es citado o no y si llega el momento, responderá que su voto positivo surgió de la confianza que genera el mandatario por ser profesional especializado en lo público, “le creí mucho, es lo que voy a decir allá y es la verdad, nada más que la verdad”. 

El concejal Álvaro Mauricio Granados Sánchez, también indicó que hasta el pasado 28 de abril, lo único que conocía era un pantallazo del radicado de la denuncia que fue difundido a través de redes sociales y expresó que “el que nada debe, nada teme”.

En cuanto a la solicitud de derogación del acuerdo que pasó un grupo de cabildantes al Ejecutivo, en febrero de este año, mencionó que luego de abordar nuevamente la situación con el Alcalde se decidió mantenerlo, pues hay confianza en que se actuó de acuerdo a la normatividad. 
“Hay que confiar, al fin y al cabo él (Alcalde) es abogado con maestrías y todo, entonces no hay ningún problema”. 

Recordó que actualmente se está trabajando en la actualización del Pbot con Findeter y que en su momento llegará a la Corporación para su respectiva revisión. 

Por su parte, el concejal Diego Alberto Florido opinó que en lo corrido de un año y cuatro meses desde que se aprobó el acuerdo es la primera denuncia. “Es simplemente una denuncia, la cual con el Alcalde habrá que demostrar que teníamos todos los argumentos para haberlo aprobado”. 
Comentó que en su momento, le solicitaron al burgomaestre, no entregar licencias de construcción hasta tanto no se aclarara las dudas que rodean el acuerdo 025.

En cuanto al tema ambiental, se cuestiona que podría haber una afectación a lo que el mandatario les ha explicado que no, “hay mucha tela que cortar en este tema, he dicho que todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas y habrá cosas que nosotros ignoramos y un experto en temas catastrales, como es el señor José Antonio podría conocer algún detalle que nosotros se nos haya pasado por alto”. 

No obstante, llamó la atención en que al parecer el denunciante estaría relacionado al caso con posible corrupción, “y ahí si hay una pequeña diferencia porque estoy seguro de lo que soy, mis principios y valores, cuando ya se nos habla de corrupción es como si quisiera ser entender que nosotros supiéramos que el proyecto de acuerdo estaba mal sustentado y lo hubiéramos querido aprobar como porque hubiera corrido algún tipo de dinero. 

“Una cosa es que uno se equivoque, nos falte conocimiento y otra cosa es tratarlo a uno de corrupto”, precisó. 
Agregó que en medio de este caso, rescata que el ingeniero acudió formalmente a la Procuraduría para que confirme o descarte si hay una irregularidad en el proceso y no como en otras situaciones que se genera “algarabía” a través de rede oficial sin tener un caso formalmente establecido. 

Finalmente, a sus coterráneos les expresó que “una denuncia no es una declaratoria de culpabilidad, es una solicitud para que se investigue una situación”. 

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Credito
Redacción Tolima / EL NUEVO DÍA

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