En zona rural del Guamo llevan un año protestando por llegada de avícola

Crédito: Tomadas de Facebook Incoldes - EL NUEVO DÍA En el marco de la protesta pacífica, las comunidades han adelantado varias actividades, entre ellas llegar con carteles a las afueras de la Alcaldía del Guamo.
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La comunidad de la vereda Cerrogordo Peñones a mediados de 2021 empezó una protesta pacífica para evitar la operación de una avícola, debido a la proliferación de los malos olores. Indicaron que la experiencia que dejó un piloto hecho el primer semestre del año anterior, no fue agradable.
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Desde hace un año y medio los habitantes de la vereda Cerrogordo Peñones en el Guamo, viven una situación compleja a raíz de la instalación de un granja avícola. Aunque intentaron recurrir a las vías jurídicas para exigir el derecho a un ambiente sano, miembros de la Junta de Acción Comunal indicaron que terminaron en medio en una querella, proceso policivo que es cuestionado por presuntas irregularidades.

Mientras que desde el lado de la Administración municipal, se señaló que la empresa cuenta con los permisos correspondientes y que cuando inició el conflicto se contactó con la comunidad y el propietario con el fin de encontrar soluciones.  

Oloroso problema 

Cerrogordo Peñones está ubicado a siete kilómetros de Chicoral, corregimiento del Espinal y a 20 del casco urbano del Guamo. Don Reynaldo Calderón Calderón, recordó que el predio Chicalá en el que se construyó la avícola La Victoria está ubicado en el centro de la vereda, “esa finca la tenían para cultivos de algodón, sorgo, maní. Vino un señor hace dos años, la compró y a lo último construyó el galpón”.

En este lugar, donde se cuentan 75 viviendas, al principio vieron el proyecto sin inconvenientes pues la granja la ‘pintaron’ como un negocio que iba aportar a la economía y desarrollo de la comunidad, asimismo, que no iba a generar muchos impactos negativos.

De las 28 hectáreas dispuestas para la cría de pollos, en 2021 se hizo un piloto con la instalación de dos módulos en aproximadamente cinco hectáreas, “con la primer cosecha que era la de prueba empezaron los malos olores, en la segunda los olores eran terribles, es (similar) a cuando se ingresa a Ibagué.

“El señor, un gran empresario, no tuvo en cuenta que alrededor tiene 75 familias”, narró Sergio Andrés Torres Calderón, líder comunal de la vereda Cerro Gordo Peñones y defensor de derechos humanos.

Cada cosecha de cría de aves dura aproximadamente 45 días y en este caso, cuando pasaron 135 días se habrían empezado a registrar casos de enfermedades estomacales y una serie de problemáticas de salubridad, debido a la cercanía de la avícola. “Estamos hablando que la primera casa está cerca, se ubica a 300 metros”, precisó Torres Calderón.

De otro lado, según don Reynaldo, en una audiencia de la Inspección de Policía escuchó desde la parte de la avícola, que por cada lote salían cien mil pollos, “que en 45 días sacaban esa primera cosecha, es decir, que alcanzaron a sacar 300 mil pollos”, agregó.

Durante la producción, los fuertes olores no se hicieron esperar, tanto así que los residentes ya no podían dormir, ni comer tranquilamente. 

Ante el hecho, varios líderes de la vereda citaron al propietario de La Victoria para buscar soluciones, sin embargo, a los encuentros asistieron personas delegadas que no entregaron alternativas y según los quejosos solo les dieron como respuesta, que debían “acostumbrarse a vivir con el olor”, igualmente, que estaban enfrentando personas con “poder económico”, expuso Torres Calderón.

El paso siguiente fue solicitar la presencia del alcalde Rafael Monroy en la vereda para que evidenciara de primera mano lo que estaba sucediendo, pero aseguran que no recibieron alguna contestación. Torres Calderón añadió que en ese tiempo, el hedor no permitía una vida normal, “se tenía que estar echando ambientadores y el calor que hace es inmenso. No se podía comer”, añadió.

Pero lo que causó gran molestia entre los habitantes, al parecer, fue la sugerencia de una funcionaria de la Secretaría de Salud del Municipio, “una de las recomendaciones de la doctora Fernanda en ese momento, es que con una mano espantáramos las moscas y con la otra comiéramos muy rápido”, contó el líder comunal.

Teniendo en cuenta las consecuencias que trajo consigo ‘La Victoria’ y la falta de soluciones por parte de la institucionalidad, por consenso, la comunidad decidió recurrir a las vías de hecho. Por ello desde el 6 de junio de 2021 no se permite el tránsito de camiones de carga pesada hacia la avícola, solo se daría paso a motocicletas y carros pequeños.

Asimismo, la Junta de Acción Comunal de Cerrogordo Peñones se declaró desde ese momento en asamblea permanente. “Han vulnerado nuestros derechos y los derechos de una comunidad, y como lo dice el artículo 79 de la Constitución Política tenemos derecho a un ambiente sano y un aire limpio”, expuso el líder.

Los habitantes llamaron la atención en que la Administración municipal no respondió antes de la protesta, pero tras el bloqueo dispuso de unidades del Esmad.

Percepción en la que coincidió don Reynaldo, quien agregó “lo que estamos viendo, es que no tenemos apoyo del municipio, digamos el Alcalde, ni Personería, ni Inspección, la inspectora no ha dejado hablar a nadie, no tenemos autoridad que nos respalde para nada, estamos completamente solos”.

Lo que dice el Pbot 

Los habitantes indicaron que también recurrieron a la Inspección de Policía y a la Personería, pero en sus palabras “le dieron la espalda”.

Por este motivo bloquearon el camino que da acceso a la avícola, desde la comunidad se aclaró que este paso no es público sino una servidumbre familiar, un carreteable de herradura creado por los residentes a través de los años, el cual hasta la fecha sigue obstaculizado. Agregaron, que de esta manera frenaron una actividad que no los dejaba dormir.

Los afectados recurrieron a revisar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot, para conocer qué tipo de actividades económicas se pueden desarrollar en su vereda. En la indagación encontraron una constancia emitida por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Guamo el 18 de noviembre de 2020, en la que se explica que para el predio Chicalá de la vereda Cerrogordo Los Peñones, el uso Principal es agropecuario tradicional o semimecanizado.

De la misma forma, en el uso Compatible se tiene construcción de vivienda para el propietario y los trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural y granjas avícolas o cunícolas.

En uso Condicionado están las granjas porcícolas, minería a cielo abierto o subterráneo, infraestructura de servicios, parcelaciones rurales para construcción de vivienda campestre y como Prohibido los usos urbanos, suburbanos y usos industriales.

Y en lo que corresponde a permisos ambientales, conocieron que Cortolima entregó en junio de 2021 una autorización para la prospección y exploración de aguas subterráneas, en el marco de un trámite de concesión de aguas subterráneas “con el fin de realizar actividades de avicultura cría de pollos de engorde. Uso doméstico y pecuario”, se precisa en una respuesta que dio la CAR al Concejo de Guamo el 22 de septiembre de 2021.

Guamo

¿Proceso irregular?

 

Con el paso de los meses y en medio de las reclamaciones, la comunidad de Cerrogordo Peñones recibió una querella que fue instaurada por el propietario de la avícola en la Inspección de Policía del Guamo, según el líder Sergio Andrés Torres Calderón a la final, la diligencia jurídica terminó recayendo sobre cuatro personas, tres de ellos pertenecen a la Junta de Acción Comunal.

Los afectados señalaron que cuando fueron a interponer la respectiva denuncia por la afectación de los malos olores, la inspectora no la recibió, pero cuando la empresa acudió la querella si le dio trámite.

“El problema no es que la haya colocado, el asunto es que si hubiéramos tenido una administración imparcial no hubiera habido inconveniente, porque tenemos todo para demostrarle que tenemos la razón y que no es viable el proyecto”, precisó Torres Calderón.

Igualmente, se empezaron a registrar intimidaciones en contra de varios ciudadanos y estigmatización, “fui víctima de amenazas, en una ocasión de un atentado en mi propia casa y todo está bajo denuncia, no es bajo palabra”.

Agregó que en mayo de este año se hizo nuevamente una solicitud para hablar con el alcalde Rafael Monroy, pero hasta el primero de agosto no había obtenido respuesta. Resaltó que la única persona que les brindó apoyo fue el concejal Bernardo Molina, cabildante que llevó el caso a la Corporación.

En cuanto a la querella, los demandados indicaron que el proceso que adelanta la Inspección de Policía sobresale por una serie de presuntas irregularidades y violación al debido proceso.

En diálogo con Jesús Eduardo Triana, exapoderado de la comunidad de Cerrogordo Peñones, indicó que finalizando el 2021, lo contrataron para analizar una posible demanda contenciosa administrativa en contra de Cortolima y el Municipio, debido a que se otorgó permiso y autorización para el funcionamiento de la avícola.

Pero en enero de este año, los habitantes le informaron sobre una citación que recibieron de la Inspección de Policía, por lo que su labor cambió a un acompañamiento en trámite policivo por una presunta perturbación a la posesión.

Durante el desarrollo del proceso, habrían ocurrido varias situaciones, que llevaron al litigante a renunciar a su rol de defensor de los querellados el pasado primero de agosto. Según el profesional, recibió un trato discriminatorio por parte de la Inspección de Policía.

“No sé si existen argumentos probatorios que uno pueda entender para poder asimilar ese trato discriminatorio, llevo 20 años litigando y nunca en la vida había sentido esa sensación de amenaza y violación a los derechos”, expresó.

Entre esos hechos que lo conducen a esta conclusión, está que presentó a una persona como testigo y terminó involucrado como querellado, “tampoco puedo entender como en una audiencia me resuelven las excepciones de un proceso, que son el medio de defensa del demandado y me la resuelven antes de haberse decretado las pruebas”.

Ante la serie de presuntas irregularidades, Triana recurrió a la Acción de Tutela para que en su concepto se “enderezara” el procedimiento, por lo que la interpuso ante el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías en Ibagué solicitando que se amparara el derecho fundamental al debido proceso.

Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia fue negada, aunque no estuvo de acuerdo. Triana acató la decisión y reiteró que a hoy sigue considerando que hubo una violación a los derechos de defensa, del debido proceso y el de contradicción.

Entre la defensa de Derechos Humanos y un fallo adverso

 

Este caso es acompañado y coadyuvado por la Fundación Social Incoldes, uno de sus miembros, Jhon Faiber Correa Zambrano, consejero de Paz del Tolima e Ibagué, explicó que se han cometido “arbitrariedades y violación de derechos humanos”, igualmente, resaltó que en materia ambiental Cortolima emitió un permiso para un estudio de aguas subterráneas más no una concesión, asimismo, que al momento de entregarse el permiso se debería tener en cuenta que en la zona rural del Guamo, los habitantes captan el agua de aljibes.

Otra de las posibles violaciones en concepto de Correa Zambrano, es que existe una normatividad sanitaria para la producción avícola, “es que tiene que ser mínimo a 500 metros de las viviendas, cuando es a producción a baja escala, cuando es a grande es a kilómetros.

“Además de los temas de salud, ocasionó un impacto en la producción de mango y limón, por la cantidad excesiva de moscas, (se) afectó el ganado”.

Por su parte, Maryluz Biscue, directora de la Fundación Social Incoldes, entidad defensora de derechos humanos e integrante del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia del Tolima, narró que desde hace un año también acompañan el caso.

Dijo que al momento de iniciarse la protesta pacífica, se solicitaron las garantías a las instituciones competentes y que la medida se originó por la ausencia del Estado en cabeza de la Administración municipal.

En este caso se habría vulnerado “el derecho al medio ambiente sano, a una vida digna, a un debido proceso, el derecho a las garantías de seguridad a líderes y defensores de derechos humanos, que es algo que detonó todo este procedimiento”, precisó Biscue.

Mencionó que la problemática empezó a crecer como una bola de nieve, pues de una reclamación ambiental se pasó a temas de seguridad, y aunque buscaron un diálogo directo con la Alcaldía, insistió que no se logró, inclusive se solicitó un consejo de seguridad, pero no se hizo.

“Es una forma que violenta los derechos humanos, en este caso la seguridad, porque ya vinieron amenazas de talante grande, a Sergio (Torres) le han hecho disparos, en la comunidad han hecho disparos”, precisó la directora de Incoldes.

Otras de las observaciones que hizo es que la Inspectora en este caso se habría “parcializado”, por lo que se da la vulneración al derecho a un debido proceso y agregó que hay quejas de otros casos que recaen sobre la Inspectora.

Los hechos fueron escalados desde la Fundación al Departamento de Policía del Tolima, ante la falta de garantías por parte de la Inspección, igualmente, se llegó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.

“Las garantías de seguridad no se están brindando, el señor Rafael Monroy (alcalde) se está escudando, no ha dado la cara, al secretario del Interior en ese momento, Alexánder Tovar, le dije lo que estaba sucediendo en un Consejo de Paz, pero tampoco he escuchado que hayan acciones”.

Biscue agregó que es preocupante, porque de seguirse vulnerando los derechos en cabeza de la inspectora Angie Tatiana Murillo Villalba “qué va a suceder, una confrontación y un desplazamiento forzado, y quien va a ser demandando porque nunca escuchó, es el señor Secretario de (Gobierno), el Alcalde, la Personera y en primera medida la señora Inspectora”.

Reiteró que vuelve a hacer un llamado al Mandatario para que “cumpla con las garantías de seguridad a los líderes y defensores de derechos humanos”.           

Fallo en contra 

En medio del proceso de la querella, según las comunidades, se tenía programada para el pasado martes 2 de agosto una visita ocular en la vereda, sin embargo, no se adelantó y aunque los demandados pensaron que se había aplazado, tres días después fueron notificados de la decisión que tomó la Inspectora sobre la querella.

En el documento de 12 folios se explica que ese 2 de agosto se continuó con la audiencia pública de la querella promovida por el propietario de la avícola en contra de cinco habitantes y personas indeterminadas “por un posible comportamiento contrario a la convivencia (…) comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles”, específicamente, impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de un inmueble.

Se precisa que asistió la apoderada del querellante y la Personera, pero no los demandados. Asimismo, se narra que al no contar con una justificación de la ausencia, dio una espera de 30 minutos y luego se siguió adelante con el proceso.

Además de aceptar la renuncia del abogado Jesús Eduardo Triana, se explica que quedaba practicar la diligencia de inspección ocular, diligencia programada para ese martes 2 de agosto.

Pero debido a los documentos entregados por Triana y a “las múltiples alteraciones a la convivencia provocadas por los señores querellados durante la ejecución de cada una de la audiencias públicas llevadas a cabo en la presente acción policiva y el hecho notorio del cese de actividades de la granja avícola ‘La Victoria’ ubicada en la vereda Cerrogordo sector Peñones, se llega a la conclusión por parte de la suscrita autoridad de policía de prescindir de la inspección ocular”.

Seguidamente, se profirió fallo a través de la Resolución 063 de 2022 de la querella en contra de cinco habitantes, entre ellos Sergio Torres Calderón. Luego de hacer un recuento de todo el proceso se precisa que la avícola cuenta con una sola vía de acceso, la cual está obstruida desde junio de 2021.

Y contrario a lo manifestado por la comunidad, se expone que la Policía, la Alcaldía y la Personería han “agotado todos los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, los cuales han fracasado”.

Además, se recuerda que en junio de 2019, la Secretaría de Planeación e Infraestructura expidió la licencia de construcción de dos unidades familiares, una unidad sanitaria y galpones.

También, que en marzo de 2021 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, certificó que “La Victoria, ubicado en el predio de la controversia es una granja avícola comercial biosegura”, la cual está definida como estructura cuya capacidad instalada permite alojar un número igual o superior a 200 aves de la misma especie”.

También, se indica que el propietario se comprometió a implementar medidas “tendientes a mitigar los malos olores de la granja, (pero) no se cumplieron teniendo en cuenta que desde junio de 2021 se pausó la producción como consecuencia de la ejecución de la vía de hecho”.

La Inspectora también expone que el camino bloqueado no se puede considerar como servidumbre ya que no está legalmente constituido, además, brinda acceso a otros predios diferentes a la avícola. Se recuerda que el dueño del predio Chicalá no puede hacer uso de su inmueble a su libre albedrío.

Y en cuanto al Pbot, señala que el uso principal y compatible es la economía agropecuaria y avícola “por lo que la actividad ejercida en dicho bien se encuentra permitida (...)”.

En el tema de malos olores, la inspectora indica que una vez se revisó la base de datos “no se encontró ninguna queja de 2021 que evidencie el inicio de acciones policivas por comportamientos que afecten el aire”, agregó que la Dirección de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Municipio, adelantó visitas en febrero y abril de 2021, con el fin de que el dueño de La Victoria aplicara medidas para mitigar los olores.

Tras evaluar la situación, la inspectora Angie Tatiana Murillo Villalba resolvió conceder el amparo policivo al propietario de la avícola, imponer una medida correctiva correspondiente a restitución y protección de bien inmueble a los cinco querellados y cualquier persona indeterminada, en un término de cinco días contados a partir de la ejecutoria del acto emitido.

Asimismo, ordena a los demandados a “retirar cualquier elemento que genere obstrucción a la vía de acceso del predio y se limita a no ejecutar cualquier vía de hecho que genere alteración a la convivencia”, del mismo modo precisa que el incumplimiento a la orden dará lugar a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, al igual que, tiene un alcance penal.   

GuamoEl 6 de agosto se cumplieron 14 meses desde que la vía que conduce hacía la avícola La Victoria fue cerrada.  

Interpelación extemporánea 

 

Tras conocerse la decisión de la Inspectora, desde Incoldes reiteraron que se siguió violando el derecho al debido proceso porque hay yerros en el pronunciamiento.

“La señora el 29 de julio tenía prevista una inspección ocular, pero en el territorio se quedaron esperándola. Ese día el abogado no podía estar, él envió su excusa para que se aplazara la diligencia, pero está la parcialidad de la Inspectora que no quiso”.

Recordó que en un par de ocasiones la parte demandante pidió el aplazamiento y sí se lo concedieron.

Cuestionó que la comunidad no fue notificada sobre la continuidad de la audiencia, misma en la que se dictó un fallo, que no puedo ser interpelado oportunamente porque los demandados no asistieron, “es una trampa que hacen, sesgada hacia la parte privada.

“El abogado no estaba, ni la comunidad, entonces ¿quién pudo objetar?, nadie. Es una falta de ética por parte de la señora inspectora, que nosotros ya lo pusimos en conocimiento de la Procuraduría”.

A pesar de las circunstancias los querellantes interpusieron la apelación, pero quedó de manera extemporánea. Los afectados insisten que en este caso no puede prevalecer el interés particular sobre el común.

Avícola cumpliría con los permisos 

 

Esta redacción se contactó con el mandatario Rafael Monroy, quien explicó de forma escrita que desde el comienzo de la problemática hizo contacto directo con la comunidad y el propietario de la avícola con el fin de generar una conciliación, pero los intentos fueron fallidos.

Mencionó que se han adelantado reuniones con Cortolima, Fenavi e ICA “y no se han detectado la presencia de vectores, ni malos olores, incluso la Alcaldía en mayo de 2021 realizó una brigada de salud, hemos agotado todos los mecanismos alternativos para la solución de conflictos pero han fracasado”.

Agregó que se le ha informado a los querellados que “deben acudir a las vías administrativas y judiciales para poder verificar si durante el funcionamiento de la avícola existe o no la proliferación de malos olores, pero esto ha sido en vano”.

Reiteró que La Victoria cuenta con la certificación de granja biosegura del ICA, los correspondientes permisos ante Cortolima y “cuenta con su respectiva licencia de construcción por ser aprobada la actividad dentro del Pbot”.

Explicó que no se ha ejecutado materialmente la orden policiva, que consiste en el retiro de cualquier tipo de elemento que ocasione obstrucción a la vía que de ingreso a la granja, “porque se ha tratado de incentivar que la comunidad evite las vías de hecho y use medios alternativos que no ocasionen alteraciones a la convivencia”.

Monroy añadió que el caso está bajo el conocimiento de la Procuraduría Provincial de Chaparral, el Ejército y la Policía Nacional. 

 

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REDACCIÓN TOLIMA

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