Expectativas y necesidad del POT: expertos e implicados opinan

Crédito: Fotos: Jorge Cuéllar - Hélmer Parra/ EL NUEVO DÍA
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Luego del pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima frente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, POT, de Ibagué, sigue pendiente esclarecer cuál será la ruta que debe tomar la ciudad con este documento y los ajustes que se deben hacer cuando hay la posibilidad de reformular su componente general en algunos artículos.
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El pasado 2 de junio el Tribunal Administrativo del Tolima se pronunció en segunda instancia sobre la demanda que interpuso la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) contra el Municipio con la idea de que se ‘tumbara’ el decreto 0823 de 2014 que adoptó la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En el fallo, los magistrados pidieron una modificación, pero solo a unos apartes, exactamente, al numeral primero en la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral y declaró la nulidad del parágrafo tres del artículo 120 y del inciso final del artículo 266. Además, pidió la nulidad total de los artículos 241, 401, 402, 403, 411, 428 y 438.

Dicha nulidad se genera porque el Tribunal consideró que la Alcaldía no concertó con Cortolima los artículos que tenían un impacto ambiental para la ciudad. 

Cabe destacar que los puntos acordados fueron modificados, la CAR en su momento acusó a la Administración de meter ‘micos’ en el plan de ordenamiento para permitir la construcción en zonas prohibidas. Es válido recordar que el POT no pasó por el Concejo de Ibagué y se terminó aprobando por decreto del exalcalde Luis H. Rodríguez. 

Cabe reseñar que como quedó el POT, por ejemplo, en las zonas de protección de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, aunque está prohibido el desarrollo de vivienda, sí se permitió el desarrollo de infraestructura nueva o de equipamiento de actividades comerciales e institucionales propias de lo que hay alrededor de las Ptar.

Otra de las modificaciones estuvo relacionada con la implementación de una franja de 500 metros de protección entre el área urbana y rural en inmediaciones a los cerros tutelares (cerros La Martinica, cerros Noroccidentales, Nororientales y Cerro Gordo), en el POT el área se redujo de 500 a 300 metros.

También se suprimió el literal que obligaba a las nuevas urbanizaciones a tener una de las áreas de cesión conectadas a los proyectos con un parque o zonas verdes. 

Además, se pasó de uso prohibido a uso compatible en la zona de mitigación, empleada para actividades de conservación ambiental, se permitió la parcelación de vivienda campestre con densidad restringida y explotaciones piscícolas, entre otras decisiones. 

Aparte de la nulidad, el fallo también instó al Municipio para que a través de la Ley 388 de 1997 que regula la aprobación de los planes de ordenamiento, surta todo el trámite. 

Según refiere en su artículo 25 una vez tales artículos sean de nuevo concertados con la CAR y se adicionen al decreto o se formulen nuevamente, deben ser presentados ante el Concejo municipal 30 días después del visto bueno del Consejo Territorial de Planeación (CTP).

Pasados dos meses, el Municipio ya ‘baraja’ las actuaciones que va a adoptar para cumplir con lo dispuesto en el fallo judicial. Es de resaltar que la decisión se ha esperado por más de cinco años y compromete la hoja de ruta de la ciudad.

Sin embargo, una revisión completa al POT solo se podrá hacer hasta en la nueva Alcaldía, que es cuando se cumple la vigencia a largo plazo del componente general. Dicha vigencia corresponde a tres períodos constitucionales, en este caso la misma iría hasta el 2026, toda vez que el decreto quedó en firme en el 2014.

POTLa actual decisión judicial puso freno a la expedición de licencias de parcelación y construcción en zonas rurales, mientras se hacen los ajustes. En la imagen una de las estaciones de gasolina que se construye en El Totumo.

El paso a seguir y las actuaciones

Leandro Vera, secretario de Planeación, explicó que desde que salió el fallo del Tribunal lo que se ha hecho es la adopción y aceptación de lo dispuesto y lo que se viene es proceder a la implementación de los artículos como se pactaron con la autoridad ambiental en ese entonces. 

“Lo primero que se hizo por parte de la Secretaría de Planeación fue solicitarle a la Corporación Autónoma que nos entregara lo concertado en el 2013, Cortolima nos remite la resolución 663 que hace parte de la concertación y lo que hicimos fue documentar y revisar lo concertado para adoptarlo ahora de forma textual”, señaló Vera. 

En ese sentido, el funcionario explicó que para “blindar” el trámite, se presentará un proyecto de acuerdo en sesiones extraordinarias ante el Concejo de Ibagué, que van del 1° al 13 de septiembre, con la intención de que el mismo se discuta y se adopten los lineamientos bajo acuerdo.

Vera señaló que en la anulación de estos artículos, el que tuvo mayor impacto está relacionado con el uso del suelo rural por el desarrollo urbanístico que se hace en este sector de la ciudad. 

“En sí la principal decisión que se toma por parte del Tribunal es en el desarrollo de la vivienda rural campestre. Este tipo de vivienda nos genera la posibilidad de desarrollo, pero con condiciones específicas, hay dos zonas en donde tenemos el no desarrollo de las mismas por parte de los constructores. 

“En la zona de mitigación y en el Distrito de Manejo Integrado es donde se prohibiría la vivienda campestre”, reseñó el secretario. 

Cabe resaltar que el Distrito de Manejo Integrado (DMI) abarca la parte norte y la cuenca alta del río Chipalo. 

Mientras se surte el proceso ante el Concejo municipal, la Secretaría de Planeación emitió una circular en donde le pone ‘freno’ a la expedición de licencias de construcción en la zona rural. (ver recuadro: La resolución)

Sin embargo, Vera dejó claro que la normativa para la construcción de vivienda rural campestre tiene grandes avances y por eso esperan que una vez la concertación de los artículos del POT pase por el cabildo se deje en firme tal reglamentación.

“La vivienda campestre tiene una dinámica diferente, no es lo mismo que el desarrollo urbano, pero lo que debemos hacer para el municipio es dejar una organización de lo que se viene desarrollando en zona rural, porque no podemos desconocer la dinámica. 

“Uno pasa por la zona rural y ve que mucha gente está construyendo, pero está construyendo de forma irregular, eso no lo podemos seguir permitiendo, debemos tener una normativa clara y debemos respaldar a los constructores, ellos están a la expectativa de que se expida la norma y por eso estamos adelantando el proceso”, explicó el secretario de Planeación. 

El titular de la cartera indicó que desde el 2015 está suspendida la expedición de licencias de construcción de vivienda en zona rural y que lo que se ha venido haciendo es la expedición de licencias para zonas agroturísticas.

Sobre lo que había expuesto la directora de la CAR, Olga Lucía Alfonso, acerca de la importancia de que sumado a la decisión del Municipio con los artículos nulos del POT, también se actualicen los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomcas) de los ríos Coello y Totare, el secretario señaló que: “Nosotros para adoptar o aplicar cualquier normatividad para el Municipio, tenemos unas normas de superior jerarquía que son los Pomcas, es lo que hemos venido adoptando pero en el (decreto) 823 se tuvo en cuenta los mismos”, dijo Vera. 

Sin embargo, los Pomcas se desarrollaron después de la firma del decreto, el del río Totare en el 2019 y el del río Coello, si bien se implementó en el 2006 tuvo un ajuste en el 2019. 

Al trabajo que aseguró el secretario de Planeación inició desde la Alcaldía, el subdirector Jurídico de Cortolima, Juan Carlos Guzmán Cortés reseñó, “recibimos un oficio del Municipio donde nos informan que habían decidido ajustar los artículos incluidos en la demanda de acuerdo a lo concertado con la Corporación, es decir, la opción Uno que le había dado el Tribunal, nos solicitaron copia de las actas de concertación que se habían suscrito, eso ya se les entregó”. 

El jurídico resaltó la importancia que desde la Alcaldía se entable un diálogo con la CAR, “esperamos poder brindar todo el acompañamiento que se requiera y que además por disposición normativa nos corresponde”, acotó. 

La resolución 

 

El pasado 19 de agosto, a raíz del fallo del Tribunal Administrativo frente al POT y ante las inquietudes de los Curadores Urbanos de la ciudad, la Secretaría de Planeación emitió una circular en donde dio claridad sobre cómo se debe actuar ante la nulidad de varios artículos del POT. 

En ese sentido, reseñó que no se podrá dar aplicación al artículo 411, que se refiere a los usos del suelo rural, por ser declarado nulo, “no es posible la expedición de planos topográficos, de licencias de parcelación y construcción, conceptos de uso del suelo rural o conceptos de norma en los suelos de protección, de producción y desarrollo restringido a los que hace referencia el artículo del POT”, se lee en el documento. 

Lo mismo ocurre con el artículo 428 que define las cesiones públicas obligatorias.

Además recuerda que tampoco es válido que se aplique el Plan de Ordenamiento Territorial que se concertó en el acuerdo del 2000, “no se puede dar aplicación al acuerdo 116 del 2000 por ser totalmente contrario al decreto municipal 0823 de 2014, conforme a lo establecido en el artículo 512”, reseña la circular. 

POT

El POT como guía para la ciudad

 

En la discusión por el POT, también ha dado varias luces sobre el tema, el abogado y expersonero de Ibagué, Camilo Ossa, quien resaltó la importancia de que se conozca la vocación de la ciudad para darle forma a través del plan de ordenamiento, además recordó que existen unos condicionamientos que incluso están encima del POT que deben ser tenidos en cuenta. 

“Cuando sacan el POT se deben tener en consideración, algunas disposiciones que hacen parte, están por encima, de lo que se señala en el POT, por ejemplo instrumentos de planificación en materia de uso coordinado del suelo, del agua, la flora, fauna, digamos que tiene otros temas importantes como el caso del tratamiento del uso del suelo”, dijo el profesional.

Frente al fallo del Tribunal indicó que si bien permite una revisión excepcional de los artículos anulados, también es la ventana que abre en el POT para mirar más de cerca los problemas complejos de la ciudad como el suministro de agua o el desempleo.

“Se debe llevar a la Administración a reformular esos artículos que fueron declarados nulos por el Tribunal, por dos razones; uno porque se debe tener en consideración eso que es declarado nulo en el POT anterior del 2014 y dos porque el componente general del POT nada más y nada menos es el que determina la competitividad del municipio, el desarrollo económico y social, la ocupación del territorio, clasifica el suelo y cuando lo clasifica dice cual es considerado como urbano, cual como rural y eso tiene unas implicaciones importantísimas porque en lo que tiene que ver con el suelo urbano, pues se pueden dar determinados tratamientos. 

“Pueden haber zonas urbanas que el POT diga eso va a ser urbano y definitivamente en esos espacios no se desarrolla nada y como no se ha desarrollado, abre la posibilidad para que bien sea el particular o la Administración municipal, si así lo determina, puedan hacer intervenciones sobre esos lugares y generar desarrollos, abre la oportunidad de mejorar la infraestructura en materia de servicios públicos domiciliarios, que hayan edificaciones que sean consideradas una zona industrial y comercial y digamos que esto pueda ser considerado propenso para la inversión extranjera o nacional”, añadió. 

En ese sentido, Ossa acotó que si bien las modificaciones al POT aún no cumplen el periodo de 12 años dispuesto en la normativa, esta Alcaldía sí tiene la facultad de hacer ajustes excepcionales en las proyecciones planteadas a corto y mediano plazo, por lo mismo indicó que la omisión del Municipio en hacer ajustes pese a tener las capacidades impacta de forma negativa a la ciudad. 

“El problema que tiene la Alcaldía, y eso tiene que hacerlo el Alcalde que está hoy en día, es que si bien los 12 años del POT se vencen en el próximo gobierno, lo cierto es que el mandatario hoy tiene la facultad después de transcurridos ocho años del POT de hacer modificaciones. Por ejemplo, a mediano plazo en lo que tiene que ver con el tratamiento urbano, a mediano plazo en lo relacionado con el tratamiento rural, y tiene la facultad de poder establecer en el casco urbano de la ciudad cuales son esas áreas de desarrollo, cuales necesitan un tratamiento integral y una renovación, una consolidación o un suelo de protección”, sostuvo el expersonero. 

Y agregó: “Esa omisión de la Administración municipal va en contravía del desarrollo económico y social del municipio, de la competitividad de la ciudad y de la ineficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios”.

POT

La preocupación del sector construcción 

 

El pronunciamiento del Tribunal en segunda instancia también tocó al gremio constructor quien señaló que tras el fallo ve con preocupación el impacto que en este momento se tiene en la zona rural de Ibagué, “con fundamento en ese fallo la Secretaría de Planeación sacó una circular que básicamente prohíbe las licencias de parcelación y construcción en zonas rurales, eso afecta. 

“Por ejemplo, una estación de gasolina que vaya a pedir una licencia de construcción eso no se puede por ser zona rural, en este momento hay varios proyectos que se están tramitando de vivienda campestre y con esa circular quedan frenados”, dijo Véliz Mejía, presidente de Camacol en el Tolima.

El representante del gremio constructor señaló que ahora espera que el trámite pase por el Concejo para que se regule; no obstante, el panorama es de incertidumbre.

“Esperamos que lo que pase sea positivo, porque institucionalmente, la Gobernación, Alcaldía, el sector privado y los gremios propenden por el turismo en Ibagué, es una de las cosas que todo el mundo habla y un motor de generación de empleo.

Pero si prohibimos la vivienda campestre, porque si algo ha tenido trabas en este municipio desafortunadamente es la vivienda campestre, entonces qué pasa, otros municipios sí tienen reglamentación, pueden hacerlo y las personas en vez de venir a Ibagué a adquirir una segunda vivienda o permanente, pues prefieren otras ciudades, ahí están los ingresos a futuro, lo prediales, se va para otros por esta demora e incertidumbre que genera esta situación”, acotó el presidente de Camacol Tolima. 

Véliz Mejía indicó que este ‘freno’ perjudica no solo al gremio, sino a la ciudad. Además recordó que los Pomcas con los que se construyó el POT en 2014 ya están desactualizados, por lo que no es claro el rumbo o las decisiones que pueda adoptar el Municipio y Cortolima.

“Esos artículos estaban fundamentados en esos Pomcas y ahora hay uno del 2019, ya hay un conflicto ambiental y entra la Corporación Autónoma en el que toca, -si me preguntan qué hacer en este momento hay una (opción) pero es inviable-. Y es la revisión excepcional del POT o no sé jurídicamente cómo se considere, porque por un lado, en el momento en que se expidió el POT eso tenía presunción de legalidad pero ahora en el 2022, no sabría cómo se va a acomodar el asunto”, reseñó Mejía frente a la incertidumbre que existe en el sector construcción. 

Y agregó que no solo es la vivienda en el sector rural, sino incluso la realización de escuelas, universidades, entre otros.

POT

Los problemas del POT y la necesidad de llevarlos al debate con toda la ciudad

 

El analista y columnista de opinión, Guillermo Hinestrosa indicó que hay varias observaciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sobre todo porque el decreto de 2014 terminó convertido en un ejemplo de la “indolencia de los ibaguereños con la ciudad”.

Hinestrosa señaló que para ese entonces la única propuesta que recibió el Gobierno local frente al POT fue una que entregó Camacol que beneficiaba al gremio, pero dejaba varias irregularidades en el aire. Además destacó que el proyecto nunca se discutió ni con los concejales, ni con la comunidad. 

El POT permitió la expansión de 1.524 hectáreas del perímetro urbano por fuera del perímetro hidrosanitario, situación que es el reflejo de las problemáticas que hoy vive la ciudad con varios proyectos de vivienda que no cuentan con agua de la empresa de alcantarillado o se surten de acueductos comunitarios que no cumplen con las garantías en temas de calidad del recurso. 

“Se supone que el perímetro urbano coincide con el perímetro hidrosanitario y que las licencias (de construcción) cuentan con todos los servicios, pero aquí eso no ocurrió, como se expandió entonces los curadores empezaron a expedir licencias de urbanismo sin ninguna objeción. Estos son todos los problemas que estamos viviendo, hay una cantidad de construcciones sin agua potable, en Ambalá el famoso proyecto Alminar Samoa donde hicieron 700 apartamentos sin servicio de agua y certificados de acueductos que jamás tendrán la capacidad para ofrecer el servicio”, señaló Hinestrosa. 

En ese sentido indicó la importancia de que se revise el trabajo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con los acueductos complementarios, así como el de Cortolima con la revisión de las concesiones de agua que ha otorgado, para supervisar que no se excedan los límites permitidos en la captación. 

El analista destacó que toda la serie de anomalías que venían con el POT pasaron por alto en lo que señala parece ser un desconocimiento severo respecto al orden u hoja de ruta de la ciudad.

“Lo que cuestiono, es dónde están las universidades, las facultades de arquitectura, se les pasó por las narices el POT y ni los profesores, ni estudiantes, nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ni se metió en el debate. El POT no es un tema solo de los constructores, están muy equivocados, esto es cómo organizamos el territorio, cuáles son los espacio públicos, cómo vamos a proteger las cuencas hídricas, cuáles son los lugares dónde vamos a tener espacio público”, criticó.

Hinestrosa señaló que en la construcción del POT los ciudadanos necesitan apropiarse, “nosotros necesitamos un verdadero debate del POT, pero no se lo podemos dejar a los concejales, ni a los políticos, esos vuelven y nos meten otro POT nefasto, es la ciudadanía la que tiene que apropiarse y empezar a plantear los ajustes, todos los alcaldes hacen ajustes, a este Alcalde le tocará hacerlo, pero me imagino que ya lo habrán redactado los constructores para que lo poco que nos quedó lo restrinja más. (...) Lo ideal es que sean las universidades, allá están los urbanistas, enseñan diseño, están los que saben de paisajismo urbano, las personas que tienen los elementos para presentar una alternativa para que se dé el debate e ilustren a los concejales”, puntualizó.

POT

DATOS

 

  • Varios analistas han expuesto que las falencias del POT del 2014 han derivado en una serie de irregularidades como proyectos de vivienda sin agua. En la foto, el conjunto residencial Alminar Samoa donde pese a los problemas con el recurso se siguen construyendo más torres.

 

  • En el 2014, el exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez aprobó el decreto 0823 el cual adoptó la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

  • Cortolima demandó en su momento el POT por considerar que no respetó varias disposiciones ambientales. 

 

  • El Plan de Ordenamiento Territorial se construye cuando la población supera los 100 mil habitantes.

 

  • La Administración prevé expedir un documento que regule la construcción de vivienda campestre.

 

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El Nuevo Día

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