Tomas guerrilleras, la oportunidad de desentrañar la guerra de las Farc

Crédito: Archivo y Colprensa - EL NUEVO DÍA
Con base en el informe entregado esta semana a la JEP, Verdad Abierta y Dejusticia construyeron un especial que presenta información clave para comprender el antes, durante y hoy de las tomas guerrilleras en el Tolima.
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PRIMERA PARTE

Tomarse el poder. Ese fue el objetivo de las Farc-EP al tomarse masivamente y durante años cientos de municipios del país. El plan se repitió en los territorios que consideraban estratégicos: entrar con violencia al casco urbano del pueblo, expulsar a la Fuerza Pública, destruir la infraestructura del Estado, hacerse con el control militar y económico del lugar, ubicar con antelación el lugar de residencia “de algún elemento a ajusticiar”, y, con frecuencia, utilizar armas de alto poder destructivo y de baja precisión, entre ellos cilindros bomba o ‘tatucos’, fabricados en sus talleres artesanales.

Además de los efectos directos que tuvieron las tomas guerrilleras en la vida de la población civil, estas también desencadenaron a largo plazo un aumento en los índices de violencia política y de pobreza en las poblaciones más afectadas. Sin embargo, el reconocimiento y la reparación de estas comunidades como víctimas del conflicto ha sido excepcional, y aunque hubo avances en los tribunales de Justicia y Paz, los procesos quedaron suspendidos con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada con el Acuerdo de Paz.

Por eso, desde Dejusticia y la Fundación Verdad Abierta prepararon y le entregaron a la JEP el informe ‘La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las Farc-EP en el Tolima (1993-2002)’ como un aporte en el proceso de reconstrucción de la verdad, la sanción de máximos responsables y el impulso de medidas de reparación en el marco de esa práctica criminal.

El informe estudia a profundidad las tomas guerrilleras en tres subregiones del Tolima, el departamento en el que nacieron las Farc-EP en los 60 y que décadas más tarde se convertiría en uno de los epicentros del conflicto armado. Este especial digital busca reflejar los principales hallazgos del informe -que no publicamos completo para proteger a las fuentes- y ofrecer un panorama de lo que han implicado las tomas guerrilleras para la historia y los pobladores de esta región.

Primero, un repaso por los antecedentes de la guerra en este departamento, que se remontan a la violencia política; luego, un fragmento del informe que reconstruyen tomas en los municipios de Dolores y Puerto Saldaña; y finalmente un análisis de cómo la reparación a las víctimas ha quedado en medio de un limbo jurídico.

 

Rencores y venganzas de familias, orígenes de la guerra en Tolima

En los años 50, las guerrillas que habían proliferado en la Violencia se organizaron en dos bandos, claramente distinguibles: los limpios y los comunes. Los limpios estaban conformados por campesinos ya establecidos en el sur del departamento y permanecían fieles al partido Liberal; los comunes eran campesinos recién llegados de otras zonas del país, de filiación comunista, y ajenos a las instrucciones de los partidos tradicionales.

‍De acuerdo con Andrés Aponte, investigador del CINEP y autor del libro Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016, estos grupos forjaron una alianza como “un acto espontáneo y pragmático de defensa de los núcleos familiares que cada bando representaba”.

‍La persecución estatal contra comunes y limpios, ocasionó numerosos desplazamientos de familias que luego se fueron organizando en veredas y corregimientos en la esquina sur del Tolima. Entre los limpios estaban los Loaiza, Los García, los Rada, Oviedo, Cerquera; por parte de los comunes estaban “Manuel Marulanda”, “Tirofijo”, Jacobo Frías Álape o “Charro Negro”, Andrés Bermúdez y Ciro Trujillo.

‍Con el avance de la pacificación bipartidista, los limpios y los comunes, antiguos aliados contra las fuerzas conservadoras, se convirtieron en enemigos irreconciliables, debido a la participación de los limpios en la persecución oficial contra los comunes. Las posiciones se han mantenido a lo largo del tiempo, al punto que los comunes dieron origen a la guerrilla más longeva y más numerosa de Latinoamérica, las FARC-EP, mientras los limpios pasaron por todas las figuras creadas para la participación de fuerzas no oficiales en la lucha contrainsurgente y desembocaron en la confederación paramilitar de las AUC en los noventa.

 

En Puerto Saldaña

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El corregimiento de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, junto con Santiago Pérez en Ataco y Bilbao en Planadas, fueron los lugares en que se establecieron los limpios luego del destierro de los comunes y el cese de la confrontación bipartidista. Uno de los habitantes del Puerto, como lo llaman sus pobladores, destaca la influencia que ejerció Ernesto Caleño, alias ‘Canario’, en la conformación de los grupos paramilitares y el carácter “familiar” de esta organización armada.

‍“Puerto Saldaña quedó como un grupo de los limpios que era comandado por Ernesto Caleño, le decían ‘Canario’, era un viejito muy humilde pero pensante de las cosas, creo que era iletrado. Ahí se dio inicio a las Autodefensas campesinas. La mayoría de familias era de esos antiguos combatientes que se denominaron limpios y que se le abrieron a Manuel Marulanda. Ahí se encontraba Ernesto Caleño, las familias Madrigal, Delgado, Marín, Guerrero, todos ellos eran las familias armadas”, dijo.

‍De acuerdo con la versión de una de sus hermanas, la participación de ‘Canario’ en la guerra se dio como respuesta al ataque sufrido en una finca en la que se hallaban hospedados: “Un señor Wilson Rubiano, de Herrera, atacó esa finca y les quemó la casa, robaron el café, el ganado, los caballos y luego le metieron candela. Estaba mi hermano Ernesto de unos 13 años de edad y se armaron, él y mis dos primos Fidel y Joselo”.

‍A Wilson Rubiano le habían asesinado al padre en el corregimiento La Herrera, de Rioblanco, en el año 1951. Después lo querían asesinar a él y por eso se armó en una guerrilla para vengar la muerte de su padre.

De acuerdo con el relato de otro poblador del Puerto: “En el 58 hubo aquí un par de familias grandes, peliones, que eran unos señores Rubiano y unos señores Tapiero, de ahí de La Cascada. Entre ellos resultó un problema y se salieron matando. Los unos cogieron para el Ejército y otros para la guerrilla. El señor se llamaba Juan Tapiero, vivía en el Puerto y lo mataron los Rubiano. De ahí en adelante se siguió la pelea. Eso bajaban unos y se mataban y subían los otros y también se mataban”.

‍En este sentido, Aponte señala que “la guerra en la esquina sur del Tolima estuvo históricamente atravesada por disputas y vendettas familiares que retroalimentaron los repertorios de violencia de cada grupo”.

‍Esas divisiones trajeron serios problemas para los campesinos, pues eran acusados constantemente de pertenecer a uno u otro grupo, como lo recuerda un antiguo inspector de Rioblanco: “La contraguerrilla decían que quienes no los siguieran a ellos, era porque eran auxiliadores de la guerrilla y la guerrilla decía que todos los que vivíamos en ese sector era de las autodefensas. Ese ha sido una constante aquí”.

‍Ernesto Caleño y su grupo se ubicaban en la vereda La Ocasión, antes de llegar a Puerto Saldaña, viajando desde Rioblanco. Y las Farc se ubicaban a lado opuesto, saliendo de Puerto Saldaña hacia el corregimiento de Herrera, también de Rioblanco.

La hermana de Ernesto Caleño lo recuerda cuando llegaba a la casa a visitar a sus padres. Ella, siendo una niña, grabó en su memoria las palabras y acciones de su hermano: “Sé que trabajaba con el gobierno, contraguerrilla se llamaba en ese entonces. Él fue el primer inspector de Puerto Saldaña. Mi hermano Ernesto llegaba a la casa y mi papá le decía que no fuera a atropellar a la gente, siempre lo aconsejaba. Ernesto era analfabeta, pero la gente lo buscaba para que le ayudara o a que le solucionara los problemas. El ejército les pagaba para que patrullaran con ellos. Un primo que le decían “El Pescado” trabajaba con ellos y lo mataron, un primo que se llamaba José Lobo Tapiero, murió también”.

‍Según la versión de un líder de Puerto Saldaña, la incursión de la familia Caleño en la guerra lejos de darle réditos fue el origen de su ruina: “Los hijos de Ernesto Caleño tenían fincas, trabajaban por ahí. Que sin necesidad se metieron a eso, ellos tenían fincas con ganado, café, cacao, aguacate, tenían plata, pero de un momento a otro, no sé qué pasó porque se dejaron vencer de esa situación, perdieron casi todo y eso está abandonado”.

‍Luego de la toma de las Farc a Puerto Saldaña, ‘Canario’ salió rumbo Ibagué, donde pasó sus últimos años de vida. En palabras de su hermana, a pesar de su feroz enemistad con la guerrilla, los insurgentes nunca pudieron dar con él: “Desde que yo tengo uso de razón se escuchaba decir que la guerrilla iba a matar a todos los sapos, iban donde mi hermano que a matarlo, pero él se les escondía, se iba. Nunca le hicieron nada. Tanto así sería que a él no lo mató la guerrilla sino que murió de viejito en Ibagué. Una vez lo cogieron y lo metieron a la cárcel, duró 5 años, después de que salió se enfermó y a los cinco años murió”.

Dato

En el Tolima, como en buena parte del país, la ausencia del Estado fue aprovechada por los grupos armados irregulares para hacer presencia territorial. En las zonas en que dicha presencia fue más constante, algunas disputas y rencores familiares terminaron confundiéndose y trasladándose con la guerra y la violencia sociopolítica.

 

 

SEGUNDA PARTE:

“En medio de los escombros”: así fue una toma de las Farc en el Tolima

 

Este capítulo del informe reconstruye una de las tomas más devastadoras de las Farc en el Tolima. A través de material de archivo y testimonios de sobrevivientes, periodistas y políticos de la época, se conoció cómo se vivió esta toma simultánea en tres municipios.

Los días previos al ataque en Dolores la vida cotidiana transcurría en calma, hasta la tarde del 17 de noviembre de 1999, cuando el frente 25 de las Farc-EP se tomó por segunda vez el pueblo. Esta vez arremetieron de manera simultánea en los municipios vecinos de Prado, Villarrica y el corregimiento La Arada, de Alpujarra. Para esa fecha se adelantaban las conversaciones de paz entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana con las Farc-EP en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Un docente jubilado recuerda con angustia aquel día de la nueva incursión de la guerrilla: “Yo salí del colegio, me vine para la casa y almorcé rápido porque tenía que volver a salir a preparar la banda marcial para la despedida del colegio, cuando a las dos de la tarde sonó un tiro de pistola e inició la balacera”.

Durante toda la noche del martes y hasta el mediodía del miércoles los enfrentamientos fueron constantes. Una de las particularidades de esta incursión armada es que en ella, por primera vez, las Farc-EP empleó cilindros bomba en el Tolima.

“Un desmovilizado contó que en 1999 aprendieron a armar los cilindros bomba por medio de unos catálogos que sus superiores les enviaron. Agregó que la primera toma guerrillera que hicieron con cilindros en Tolima fue en Dolores, y que a esa le siguieron las tomas de La Alpujarra, La Arada y El Prado”.

El docente jubilado cuenta que las Farc-EP armaban los cilindros a la vista de los temerosos vecinos del barrio El Mango, parte alta del pueblo, desde donde eran lanzados hacia la estación de Policía.

“Eso le quitaban arriba la llave, le abrían el hueco y lo revolvían con pólvora y pedazos de todo, hasta materia fecal, le ponían una bomba como una especie de impulsor y abajo una catapulta, o sea que un cilindro grande como base y sobre el cilindro de cien libras ponían los pequeños de cuarenta libras, los recortaban y los metían ahí. Eso no tenía ninguna dirección, al cuartel le metieron un resto y terminaban en otra parte, en las casas”.

Una mujer que vive en la parte alta del pueblo y presenció el ataque ahora recuerda que desde ese sitio se podía ver y escuchar todo lo que ocurría en el centro del pueblo. Era un lugar de paso de los guerrilleros que bajaban del cerro La Cruz, del que estaban apoderados.

“Estábamos en la casa, me paré en la puerta de la cocina y me pasó una bala al pie del cuello; quedó incrustada en la pared de la cocina, me tocó meterme debajo de la cama y eso daban mucha bala. Por ahí debajo de los palos de café y banano se metían y echaban bala de arriba para abajo y los otros de abajo para arriba y los helicópteros también soltando balas. Esos cilindros hacían mover la tierra como si fuera un temblor, hacían huecos gigantes en la tierra”.

 

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En 2014 el Consejo de Estado condenó a la Nación por una toma que la guerrilla de las Farc perpetró el 16 y 17 de noviembre de 1999 en Dolores.

 

El desastre

El periódico El Nuevo Día tuvo como portada el 18 de noviembre la foto de un agente de la Policía levantando las manos en medio de los escombros a los que quedó reducido buena parte el centro de Dolores. Así reportaron lo que ocurrió en los cuatro municipios atacados:

“Los insurgentes atacaron con bazucas, lanzagranadas y cilindros de gas. La incursión de Farc en los cuatro pueblos dejó 8 policías muertos, 11 heridos y siete civiles heridos. En todos los sitios atacados fueron destruidas las estaciones de policía, entidades bancarias y viviendas aledañas a estas”.

En el municipio de Prado perdieron la vida 6 policías, destruyeron un templo de la iglesia católica y una torre de energía conectada a la central hidroeléctrica Hidroprado, lo que tuvo como consecuencia que toda la región se quedara sin servicio eléctrico. En Villarrica un policía perdió la vida y dos resultaron heridos; y en La Arada quedaron dos policías heridos. El director de la Policía Nacional de ese entonces, General Rosso José Serrano, declaró a El Nuevo Día que “esos ataques y guerrilleros habían salido del Caguán, apenas la Policía respondió ellos retrocedieron y volvieron al Caguán”.

Un fotógrafo del diario El Nuevo Día siguió el camino hacia Dolores, que estaba a dos horas de Prado, por carretera destapada. Otros colegas suyos, de los informativos televisivos de RCN, CM& y Caracol conformaron un grupo de trabajo para reportar los hechos perpetrados por las FARC-EP: “Como cuatro veces nos pararon los guerrillos uniformados. Salían del monte y decían ‘¡quieto!’ y uno les mostraba el carné y decían ‘mucho cuidado que eso allá están en combate duro, se están dando con el avión fantasma y los helicópteros’. Uno veía motos, cantinas de leche, tulas, bultos por el borde de la carretera, de pronto eran minas o algo así”.

Los reporteros dejaron los vehículos a la entrada del casco urbano de Dolores porque aún se escuchaban disparos, y entraron caminando al centro de pueblo en un momento en el que cesaron los enfrentamientos. En la plaza principal encontraron escombros. “Eso fue tenaz, en el piso había un tapete de casquillos, las paredes llenas de agujeros”, recuerda el fotógrafo.

Y agrega: “Bajaron un poco de guerrilleros y le gritaban a la Policía ‘se entregan, llegó la prensa, se salvaron, ratas, porque le íbamos a meter candela a ese puesto, llegó la prensa a tirarse todo’. Cuando al rato se oyó el grito de alguien ‘¡prensa, prensa, prensa!’ y salió un policía con las manos arriba y al lado de nosotros había como 20 guerrillos y le apuntaban. Él con las manos arriba dijo ‘¡prensa no nos dejen matar, ayúdenos!’. Uno apuntando con la cámara y ellos con el fusil”.

La comunidad salió a ayudar a cuatro policías heridos y a ver, con profunda tristeza, cómo había quedado el pueblo. En Dolores aún conservan imágenes en video que muestran a jóvenes guerrilleros apuntando sus fusiles a los policías sobrevivientes, a quienes condujeron hacia las montañas vecinas. Los lugareños pensaron que los iban a matar, pero más tarde fueron entregados a los reporteros.

El 19 de noviembre, El Nuevo Día publicó un nuevo artículo ofreciendo más datos de la incursión de las Farc-EP: “Unos 60 cilindros lanzaron los subversivos contra la estación. Tenían armamento pesado, una punto 60, la Alcaldía quedó destruida en un 60 por ciento y unas veinte casas afectadas. También fueron afectadas las instalaciones de la Fiscalía, casa de la cultura y concejo municipal. Y las sedes bancarias de Bancafé, Coopdesarrollo, Cooperamos. Murieron un civil y un agente de policía”.

El civil era Rómulo Calderón, quien vivía en una casa ubicada al lado de la estación de Policía donde tenía una microempresa familiar de bizcochos. Allí cayó un cilindro que tumbó las paredes y uno más impactó en su cuerpo quitándole la vida inmediatamente. La familia estaba en Bogotá en diligencias médicas.

Así lo recuerda su esposa: “Cuando nos enteramos de la toma al pueblo, empezamos a llamar y nadie contestaba. Mi hermano, que estaba con Rómulo y que logró salvarse, me contó después que a las diez de la noche cayó un cilindro en la casa y destruyó todo. A las 5:15 de la mañana quedó todo en silencio, salió a buscar a Rómulo y vio la mano debajo de la pared, la cara machacada y sangre, vio que estaba muerto. Al rato empezó la balacera nuevamente, como a las tres de la tarde lo pudieron sacar. Nosotros llegamos al otro día al entierro. Lo perdimos todo”.

El agente de la Policía Farid Arciniegas Gómez murió en similares circunstancias a las de Rómulo: un cilindro cayó dentro de la estación de Policía y derrumbó paredes. El Alcalde no estaba ese día en el pueblo, pero cuando entró al día siguiente, lo encontró convertido en gran parte en escombros: “Daba tristeza todo destruido desde Prado. Empecé a pedir ayuda por todos lados. Cuando estaba entrando había gente todavía en la carretera como del Caguán, por las boinas. Eran como de la Teófilo Forero. Creo que esa toma la lideró Romaña con los del Caguán”.

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Más de 12 horas se prolongó el ataque armado contra Herveo, Prado, Dolores, Villarrica y Alpujarra.

 

La falsa calma

No hay cifras concretas de cuántos combatientes de las Farc-EP murieron en la incursión. El fotógrafo del diario El Nuevo Día vio algunos cadáveres en la plaza principal, pero no recuerda la cifra porque se concentró en los que quedaron vivos: “El trabajo de los guerrilleros, esa mañana que llegamos, era saquear el puesto de Policía y sacar sus muertos. Le daban a la gente el televisor, los colchones, lo que quedó servible. Ellos se llevaron lo que encontraron en armas, comunicación, dotación y sus muertos”.

Y de nuevo la comunidad de Dolores tuvo que salir a las calles a limpiar el pueblo. Los niños, en su natural curiosidad, a hurgar en las calles, a ver qué encontraban: “Por la vía central eran tantos los cascos de las balas que eso parecía un río de puro casquete de munición y reguero de pólvora, nosotros por casualidad lo recogíamos y la guerrilla nos decía ‘recójanme todo eso’ porque con eso taqueaban los cilindros. Yo cogí como una o dos y corra para la casa”.

Estando la gente en la calle en labores de aseo, estalló una granada que había quedado tirada en el suelo. Bella Encizo, empleada de una entidad financiera, fue víctima de las esquirlas que le produjeron varias heridas. Un testigo del hecho habla de aquel momento: “Éramos muy imprudentes por la curiosidad. Entre esa curiosidad hubo una víctima a quien, andando entre los escombros, le explotó una granada sin activar, eso fue al frente de la iglesia”.

Pero más allá de las anécdotas, la incertidumbre se apoderó de los doloreños y su tejido social quedó fragmentado: “Después de esa toma, la historia de Dolores y de muchas familias se partió en dos; además, quedamos sin Policía y sin Ejército, y a merced de la guerrilla del Frente 25. Ellos eran la autoridad, ya nadie acudía a las instituciones para presentar quejas. Ya todo lo arreglaban ellos, pusieron sus propias normas, toque queda y ley seca. Carro surtidor de alimentos que ingresaba, ellos lo retenían y se robaban todo el producto”.

El primero de enero de 2001 se posesionó Mercedes Ibarra como alcaldesa de Dolores. En su segundo día de mandato comenzó a ser hostigada por las Farc-EP, particularmente por el guerrillero Joselo Girón González: “[…] como el lunes era festivo solo empezamos a trabajar hasta el dos de enero, ese mismo día llegó a las 5 de la tarde el comandante ‘Joselito’ y nos sacó a todos, nos arrinconó y nos pegó tremenda humillada. Entonces empezó una rivalidad entre ellos como guerrilla y yo como alcaldesa. Yo le dije que dentro de la Alcaldía no permitiría que ellos entraran. El comandante ‘Joselito’ me dijo ‘es que para nosotros usted simplemente es una alcaldesa, nosotros permitimos que fuera elegida, pero acá mandamos nosotros’”.

El mismo año de la posesión de Ibarra se empezó a construir una nueva estación de Policía, pero las Farc-EP, empecinadas en imponer su autoridad a través del Frente 25, hostigaron varias veces ese año el lugar. Además, como lo recuerda un habitante del pueblo, a finales de 2001 fue muerto Girón González: “Una vez pidieron una extorsión a un comerciante de Natagaima, en un sector que llaman El Paso de La Barca, el tipo no llevó la plata, sino el Gaula y Policía, allá hubo un enfrentamiento y lo mataron. Fue enterrado acá en Dolores”.

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Cielo Ortiz, quien el año pasado aspiró a la Alcaldía de Neiva, estuvo en la toma y auxilió a ciudadanos.

 

 

TERCERA PARTE:

El eslabón perdido de la Justicia Transicional

 

Desde que algunos excombatientes implicados en tomas guerrilleras se mudaron de Justicia y Paz a la JEP, la reparación a las víctimas de estos hechos ha quedado en un limbo jurídico.

Con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, buena parte de los excombatientes de las Farc que estaban privados de la libertad se sometieron al nuevo sistema de justicia que busca aclarar las responsabilidades durante el conflicto armado, reparar a las víctimas y asegurar la no repetición.

Algunos de estos exguerrilleros se habían postulado antes a Justicia y Paz sin que se hubiera resuelto su responsabilidad antes de su traslado a la JEP. Mientras tanto, las personas que esperaban ser reconocidas como víctimas de las Farc y ser reparadas vieron que su situación quedó en suspenso.

A esto se suman los inconvenientes de las víctimas para acceder a información del nuevo sistema judicial, las dudas sobre la participación en un eventual proceso y sobre el reconocimiento como víctimas que les permita ser incluidas en la reparación.

‍Este es el caso de  Roncesvalles, un municipio del occidente del Tolima que vivió una toma guerrillera en el año 2000. El caso fue reconstruido por las víctimas y entregado a Justicia y Paz, pero lo que han encontrado es una descoordinación entre los dos sistemas.

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Archivo/EL NUEVO DÍA. En la toma del 14 y 15 de julio del 2000, las Farc asesinaron a 13 uniformados de la Policía y un habitante del sector.

 

La toma de Roncesvalles y su paso a la JEP

El 14 de julio del año 2000, los frentes 21 ‘Cacica La Gaitana’ y 50 ‘Cacique Calarcá’ del Comando Conjunto Central de las FARC-EP atacaron la estación de Policía ubicada en el cabecera municipal de Roncesvalles. El ataque empezó a las diez de la noche y se prolongó por más de 27 horas en las que la guerrilla bombardeó el casco urbano con tatucos y cilindros bomba. La arremetida se detuvo cuando dos policías salieron con las manos en alto en señal de rendición, luego de haber agotado sus municiones.

‍Una vez se detuvo el enfrentamiento, los guerrilleros entraron a las ruinas del cuartel usando como escudo a algunos habitantes del municipio, y fusilaron a los once policías que se escondían de los ataques. Según versiones de desmovilizados recogidas en el informe Génesis de la Fiscalía, alias Pedro Nel, segundo comandante del frente 21 y quien murió en combates en 2014, fue quien decidió ejecutar a los patrulleros luego de su rendición.

‍En una noticia, El Universal señaló que solo uno de los policías logró salvarse porque quedó cubierto de escombros y la guerrilla lo dio por muerto.

‍A pesar de contar con helicópteros de combate acantonados a 20 minutos del lugar del ataque y de haber hecho sobrevuelos con aeronaves militares (el avión fantasma y helicópteros arpía) pocas horas después de iniciada la toma, el Ejército llegó a las cuatro de la tarde  del tercer día, cuando los policías ya habían sido ejecutados sin tener ningún apoyo, dotación de municiones ni preparación para defenderse de un ataque guerrillero.

Los daños materiales se presentaron a la redonda del cuartel; varias casas y una oficina de Telecom quedaron destruidas. Por estos hechos, en sentencias de 2014 y 2015, el Consejo de Estado condenó a la Nación -particularmente al Ministerio de Defensa- al confirmar que no le brindó apoyo oportuno a los policías ni se hizo nada para contrarrestar el ataque a pesar de tener información sobre los planes guerrilleros.

‍De acuerdo con los datos de Fiscalía, los exguerrilleros Jerónimo Mendoza, Firmo Pérez Velásquez y Luis Eduardo Montero Vargas, postulados a Justicia y Paz que habían formado parte del Frente 21, rindieron versión libre en la que confesaron su participación en la toma de Roncesvalles. El 3 de abril de 2017 se presentó la formulación de imputación contra Jerónimo Mendoza.

‍En el marco de la Ley 1592 de 2012, la Fiscalía decidió acumular los casos de los postulados de Farc para la imputación de cargos en audiencia concentrada, donde se presentaba el contexto en que operaba la estructura criminal, se hacía la imputación de los delitos mediante patrones de conducta (macroimputación) y los postulados asumen la responsabilidad de sus crímenes. Ahí se reconoció la personería jurídica a la abogada que representaba los intereses de las víctimas de la toma de Roncesvalles.

Sin embargo, el desarrollo de la audiencia que vinculaba a 199 exguerrilleros se vio interrumpido por el sometimiento de la gran mayoría a la JEP, en aplicación de la Ley 1820. Por lo tanto, se dio la ruptura procesal y el macro caso Farc de Justicia y Paz se quedó con solo 13 exguerrilleros que prefirieron seguir en ese proceso.

‍Entre los 186 excombatientes que migraron de sistema se encontraban Mendoza, Pérez y Montero. Por eso, quienes habían sido reconocidos preliminarmente como víctimas de esa toma quedaron por fuera del proceso.

‍Con la migración de los postulados hacia la JEP, Mabel Castaño, abogada de las víctimas de Roncesvalles, solicitó a la Fiscalía y la JEP que le informaran los pormenores de la suspensión del proceso y las consecuencias para sus representados. Al respecto, la Secretaría de la JEP contestó que las víctimas representadas por Castaño podían acreditarse para participar en el proceso, pero que eso no implicaría necesariamente “el pago de indemnizaciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Sin embargo, la respuesta de la JEP dio por hecho, equivocadamente, que la solicitud se refería a hechos del caso 01 de retenciones ilegales (secuestros, tomas de rehenes, etc.) y no sobre tomas guerrilleras.

‍Esta respuesta generó inconformidad y confusión en las víctimas del caso, quienes llegaron a interpretar que con su ingreso a la JEP perderían el acceso a otras vías para lograr la reparación.

‍Por otra parte, la Fiscalía contestó que con la salida de los postulados Mendoza, Pérez y Montero hacia la JEP, se había presentado una “ruptura procesal” en el macroproceso de Justicia y Paz, por lo que ahora era competencia de la JEP conocer y decidir sobre su responsabilidad penal.

‍Además, la Fiscalía aclaró que si bien puede continuar investigando a las personas que se sometan a la JEP, una vez estas gozan de libertad condicionada no pueden ser obligadas “para actividades en que se limiten sus márgenes de acción”, lo que incluye imputaciones, acusaciones, testimonios o interrogatorios, no siendo posible continuar con la imputación de cargos en Justicia y Paz.

 

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Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

La migración entre jurisdicciones transicionales

De forma paralela a estas solicitudes, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá solicitó a la Corte Constitucional que resolviera si era ese Tribunal o la JEP la entidad encargada del proceso contra los antiguos postulados de FARC. La solicitud tenía origen en la devolución de expedientes de uno de los postulados del macro caso FARC que habían sido remitidas desde el Tribunal hacia la JEP, debido a que había perdido competencia por el sometimiento de este ante el nuevo sistema.

La Sala de Reconocimiento de la JEP había devuelto el expediente porque “el mencionado proceso no se encuentra en el marco de los casos priorizados” de lo que derivaba, según la JEP, que el Tribunal de Bogotá seguía siendo el encargado de adelantar el proceso respectivo “hasta tanto la Sala de Reconocimiento anuncie públicamente que está próxima a emitir resolución de conclusiones”.

‍En el auto 348 de junio de 2019, la Corte retomó lo dicho por la JEP aclarando que esa corporación no había afirmado que no tuviese competencia, sino que la misma solo se activaba al momento en que la Sala de Reconocimiento lo priorizara, coincidiendo con la JEP al señalar que los expedientes judiciales debían remitirse “cuando una de las Salas de la JEP decida avocar conocimiento de aquellos (procesos judiciales)”.

‍Sin embargo, y a pesar de reconocer la razonabilidad de la devolución realizada por la JEP, la Corte señaló que el caso no podía ser reincorporado al expediente que previamente se adelantaba en Justicia y Paz, por lo que la competencia del caso y para pronunciarse sobre la situación jurídica del exintegrante de las Farc, recae en la JEP.

‍El conflicto negativo de competencia entre Justicia y Paz y la JEP y el respectivo auto de la Corte Constitucional demuestran que aún no son claras las rutas que articulan estos dos sistemas de justicia transicional. En el caso concreto, la ausencia de esa articulación ha tenido como resultado la suspensión indefinida de las expectativas procesales y de reparación de buena parte de las personas que habían sido reconocidas provisionalmente como víctimas en el macro caso Farc de Justicia y Paz.

La salida de los presuntos responsables de Justicia y Paz hizo que las víctimas de esos hechos no pudiesen ser reconocidas y reparadas, las cuales deberán esperar hasta la priorización y decisión de un caso que recoja las violaciones de derechos de las que fueron objeto.

‍Dicha situación es particularmente restrictiva para el caso de Roncesvalles, en el que varias de las víctimas estaban a la espera de lograr dicho reconocimiento para acceder a los mecanismos de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas (atención, reparación individual y reparación colectiva), al haberse vencido el término dispuesto por la Ley 1448 para la declaración de sus hechos.

‍Como se ha visto, el tránsito de un sistema de justicia transicional a otro ha sido un proceso de aprendizajes y debates judiciales, en el que las víctimas suelen ser espectadores con tantas expectativas como dudas, ante la necesidad de respuestas sobre su participación en los procesos y su acceso a los sistemas de reparación.

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Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, jefe del partido Farc.

VERDAD ABIERTA Y DEJUSTICIA

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