Nuestra creciente adicción respecto al mundo digital, esa que nos mantiene inmersos en un universo virtual y que reclama una atmósfera comunicacional aún más hiperconectada. Que cuenta con presencia de phablets, smartphones, tabletas, videojuegos de última generación, pantallas domésticas gigantes y ordenadores dialogantes activados por voz...

Todas estas tecnologías que dan respuesta a nuestra demanda de datos que alcanza niveles astronómicos. Y que subyuga nuestra privacidad a cambio de mantenernos enganchados a las redes sociales como Facebook, que cuenta con más de mil 300 millones de usuarios activos en el mundo y que es seguida por Youtube, Twitter, y Whatsapp. Todo este entramado social y tecnológico se prepara para satisfacer a los usuarios que reclaman el “cuádruple play” o sea el acceso a Internet, televisión digital, teléfono fijo y móvil.

Esa insaciable demanda, necesita conexiones (de banda ultra ancha de muy alta velocidad) que aporten enormes caudales de información, expresados en cientos de megabits por segundo. Pero allí es donde la cosa se complica, pues las redes Adsl (red de antenas) que nos permiten recibir Internet de banda ancha en nuestros smartphones, hogares u oficinas ya están casi saturadas...

Así pues, la única solución es pasar por las rutas del cable, (coaxial o de fibra óptica) que ofrecen alta calidad en transmisión de datos y videos de banda ultra ancha y que casi no tiene límites de caudal. Tecnología de los 80 que fue arrinconada porque requiere obras de envergadura de alto costo. Sólo unos cuantos cableoperadores siguieron apostándole y construyeron pacientemente una tupida red cablera. Apetecida hoy por las grandes firmas de telecomunicación que buscan su fusión con los cableoperadores cuyas “viejas” redes de fibra representan, el futuro de las autopistas de la comunicación.

Todo este tema tecnológico no solo afecta la independencia y privacidad del individuo, sino que aliena la sociedad a un consumismo desenfrenado que no respeta ninguna política sostenible, tanto así que, reducir la huella ecológica que producen estos residuos tecnológicos es ya un problema a nivel mundial. Vemos como se crea un producto nuevo cada tres minutos, a ese ritmo no es sorprendente ver como países son transformados en basureros, como en el caso de Ghana en África a donde llegan contenedores repletos de residuos tecnológicos enmascarados en artículos de segunda de los cuales más del 80 por ciento no se pueden reparar y cubren grandes áreas de terreno.

Si a ello sumamos la “obsolencia programada” evidenciada en la corta vida útil de los productos y en su límite de uso, impuesto por chips que lo regulan en el caso de las impresoras. No es sorprendente encontrar que a nivel mundial se producen 50 millones de toneladas de desechos electrónicos por año, estimándose que cada habitante del planeta produce en promedio tres a 3.5 kg de chatarra tecnológica por día.

Nuestros juguetes tecnológicos al ser desechados y depositados en basureros comunes reaccionan con el agua y la materia orgánica, liberando tóxicos que llegan al suelo y a las aguas subterráneas. Es así como podemos encontrar materiales como plomo, litio, arsénico, selenio, cadmio, cromo y níquel; que pueden ocasionar desde daños irreparables del sistema nervioso, por sus campos electromagnéticos hasta cualquier cantidad de cánceres; sin olvidar lo que produce su adicción; obesidad, túnel del carpio, ansiedad y otros…

Esfuerzos insuficientes

Las políticas para proteger a los países pobres de convertirse en basureros fueron iniciadas en 1989, y entraron en vigor el 5 de mayo de 1992 donde firmaron 160 países en la convención de Basilea; los cuales acordaron que los gobiernos de cada país se encargarían de implementar técnicas adecuadas para el reciclaje de sus propios productos, infortunadamente no han sido aplicadas fielmente y vemos como ciudades de Asia, África y China aun hoy son contaminadas.

Nuestro país respondiendo a esta iniciativa, promulgó la ley 1672 del 19 de julio de 2013, “Por la cual establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee) y se dictan otras disposiciones”, la cual muestra buenas intenciones pero hasta ahora pocos y no claros resultados.