La derogación de la Ley 30/92, que regula actualmente el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, se hace a través de una propuesta de reforma que entró a estudio del Congreso de la República después de suficientes debates y acuerdos entre la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, la Asociación Colombiana de Universidades y  el Sistema Universitario Estatal. 

El asunto más controvertido relacionado con la autorización de universidades con ánimo de lucro se mantiene en el nuevo proyecto de Ley, a pesar de la oposición de los rectores de universidades. Pero lo bueno es que se ha llegado a acuerdos sustanciales, principalmente relacionados con la financiación de las Instituciones de Educación Superior estatales (ES).

Algo distinto a lo que está sucediendo en Chile, donde se realiza un paro educativo desde el mes de abril, contra la privatización educativa, el reclamo de mayores recursos, facilidades de acceso a población vulnerable y reclamos por una mejor calidad educativa en la educación superior de ese país.

Allá son los estudiantes universitarios y los profesores los que plantean las reformas, aquí es la propia Ministra de Educación, en representación del presidente Santos, quien propone los cambios.  ¿Cuáles son las principales reformas que se proponen a los congresistas y al país en general en cuanto a la Educación ­Superior? Trataré de mencionar las más relevantes.

Ascun y SUE acogieron por lo menos nueve propuestas de cambios al proyecto inicial presentado por el Gobierno. El nuevo proyecto incluye los acuerdos a que se llegó con tales organizaciones y propuestas recogidas a través de foros y consultas hechas en Internet. La propuesta de ley que ha recibido el Congreso tiene 172 artículos, frente a los 164 de la propuesta inicial.

Instituciones deeducacion superiorcon ánimo de lucro Se organiza un Sistema Nacional de Educación Superior; se reconoce este nivel educativo como un derecho y no simplemente como un servicio público, tal como aparecía en la propuesta inicial. Se garantiza la autonomía universitaria planteada inicialmente.

En cuanto al tema de instituciones de educación con ánimo de lucro, el proyecto gubernamental insiste en conservarlas. Por el origen de los recursos de financiación, las IES pueden ser estatales, privadas o mixtas. Las privadas pueden ser con o sin ánimo de lucro.  El artículo 38 del nuevo proyecto dice textualmente: “Las instituciones de Educación Superior estarán organizadas como corporaciones o fundaciones, o como sociedades por acciones, con propósito exclusivo para la prestación del servicio público de Educación Superior”.

A reglón seguido, el artículo 39 dice: “Las sociedades por acciones podrán recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones, que en todo caso serán nominativas, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos y en la ley”. Queda claro que, en adelante, podrán constituirse instituciones de Educación Superior con socios particulares que compran y venden acciones, que pueden recibir dividendos y nuevos inversionistas. Pero el Gobierno insiste en que no habrá privatización de la Educación Superior.

Se aceptó algunas limitantes a este tipo de instituciones privadas. Una de ellas es que no tendrán apoyo financiero estatal y su acreditación previa será por cinco años, prorrogable por el mismo tiempo, con la obligación de obtener la acreditación institucional de alta calidad en ese tiempo. La matrícula de estas instituciones no puede superar el 10 por ciento de la matrícula del nivel educativo, esto para limitar la extensión ilimitada de las mismas.

Vale recordar que en la actualidad son 286 las Instituciones de Educación Superior (IES), de las que sólo 80 son oficiales y 206 privadas.

La denominación de universidades

El proyecto de ley establece que sólo se podrán denominar como universidades aquellas que cumplan con los requisitos que establece el proyecto, entre ellos la de tener acreditación institucional de Alta Calidad (actualmente, sólo 32 universidades), requisito que, por ejemplo, no cumple la Universidad del Tolima, pero habrá un plazo hasta de ocho años para cumplirlo. Las restantes serán Instituciones de Educación Superior que podrán ofrecer títulos de ­técnicos, tecnólogos, profesionales y de posgrado, al igual que las acreditadas con Alta ­Calidad.

Los profesores de las IES oficiales deberán tener como mínimo el título de maestría; el Consejo Superior de éstas será presidido por el Ministro de Educación o su delegado y las actuales Normales Superiores se convertirán en IES y expedirán títulos de tecnólogos, en su ciclo de formación complementaria (grados 12 y 13).

Fuentes de financiación

El mayor atractivo del proyecto de Ley está en la propuesta de nuevos recur­sos financieros para las IES oficiales. Se establecen nuevas fuentes­ de financiación, entre ellas las transferencias que haga la Nación, los departamentos o los municipios; los recursos de regalías y las rentas propias.

“La nación incrementará sus aportes para las instituciones de Educación Superior estatales que reciban recursos de la Nación, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, así: si el crecimiento real del PIB es mayor al cero por ciento y menor del cinco por ciento, el incremento será del 30 por ciento de dicho crecimiento; si el incremento real del PIB es igual o mayor al cinco por ciento y menor que el 7.5 por ciento, el incremento será del 40 por ciento de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 7.5 por ciento, el incremento será del 50 por ciento de dicho crecimiento”, dice el artículo 149 del proyecto.

Y en el artículo 150 se dice que a partir del 2012 y hasta el 2014 la Nación asignará recursos adicionales al MEN equivalentes a tres puntos reales respecto a los aportes de la Nación. Estos recursos serán distribuidos entre las IES estatales.