En los días que han transcurrido del mandato del nuevo gobernador, Luis Carlos Delgado Peñón, y del alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, no se han producido hechos o señales sobre la prioridad que ellos darán a la educación. Ésta, por ahora, no ha estado en la agenda, más allá del nombramiento de los correspondientes secretarios de Educación.

En cuanto a la agenda de gobierno, dirigida a la gestión del sistema escolar del Tolima (en los municipios no certificados) y de Ibagué, es pertinente que los ciudadanos interesados en la educación sepan que  en el presente año 2012, hay tareas nuevas que se deben desarrollar, lideradas por los secretarios de Educación y por los rectores de las instituciones educativas oficiales y colegios privados.

La gratuidad educativa, las pruebas Saber para los grados tercero, quinto, noveno y undécimo; la ejecución del nuevo Estatuto Anticorrupción que da responsabilidades pedagógicas a los establecimientos educativos; el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio que tiene como fecha final 2015; modificaciones en la metodología de distribución de los recursos financieros del Sistema General de Participaciones que se aplica del año 2011; los ajustes al plan de atención a la primera infancia, según el Código cor­respondiente, están entre los asuntos nuevos que deberán liderar los nuevos mandatarios.

La gratuidad educativa,  adoptada por el Gobierno nacional para todos los niveles educativos y para todos los estudiantes sin distingos del estrato socioeconómico, es una decisión que va a tener efectos positivos, inmediatos y futuros sobre la cobertura y la eficiencia interna del sistema escolar. Es una oportunidad que habrá que aprovechar con eficiencia y eficacia, a pesar de los problemas iniciales que producirá en la administración de las instituciones educativas en el comienzo del año escolar.

Hay tareas prioritarias que se deben cumplir en los primeros 100 días de gobierno. Ya el reloj comenzó a marchar hacia el 10 de abril, cuando se espera que los mandatarios presenten su primer informe de gestión ante los ciudadanos, sobre cuánto han hecho para mejorar la educación. Son momentos para planificar y entonces sabremos el estado actual de la educación, con base en los informes de gestión de los mandatarios salientes y los diagnósticos que se elaboren sobre el sector. El Alcalde y el Gobernador, a más tardar en marzo, deberán  presentar al Ministerio de Educación un informe sobre el estado de la educación en sus entidades ter­ritoriales.

Estamos a la espera de conocer el “acta de informe de gestión” que debieron firmar los mandatarios salientes y entrantes, antes del 15 de enero pasado y las reacciones a dichos informes, hasta el 15 de febrero próximo, según lo ordena la Ley 951 de 2005.

Según normas vigentes, el próximo martes 31 de enero, en las páginas web de la Gobernación y las alcaldías deberán estar los planes de acción para el presente año con sus objetivos, estrategias, proyectos, metas y responsables; los planes de compras, la distribución presupuestal con indicadores de gestión. Será un anticipo de los planes de desarrollo para el cuatrienio.

En los primeros 100 días se debe poner en marcha el programa o proyecto sobre “Políticas institucionales y pedagógicas” contra la corrupción que establece como mandato el nuevo estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en su capítulo VI. Es una tarea de los rectores de los establecimientos educativos.

Dicho estatuto obliga a la elaboración de un “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano” que debe contemplar y poner en ejecución estrategias de lucha contra la cor­rupción, la elaboración de un mapa de riesgos, una estrategia antitrámites, mecanismos de atención al ciudadano.

Hay otras tareas por incluir en la agenda educativa, tales como la iniciación de labores educativas en los nuevos megacolegios o la terminación de las obras en los que están inconclusos, tanto los de Ibagué como los de los otros municipios; cursar una primera reunión general de rectores y nuevos alcaldes para comprometerlos con los nuevos compromisos con el sector educativo (que debió hacerse en la primera quincena de enero); garantizar el acceso de nuevos estudiantes a las aulas para atenuar, por lo menos, el decrecimiento de la matrícula principalmente en primaria.

Sobre todo esto y más, los nuevos mandatarios y los Secretarios de Educación han recibido suficiente información en seminarios y reuniones lideradas por planeación nacional y por el Ministerio de Educación, en las primeras semanas del mes de enero.