Propuesta de política pública para la educación superior

El Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, desde fines de 2011 se dio a la tarea de elaborar una propuesta de política pública para la Educación Superior en Colombia, que sirva de base para remplazar la actual Ley 30 de 1992, que actualmente regula al sistema de educación superior en el país.

El Cesu es un organismo colegiado que asesora, coordina y apoya al Ministerio de Educación en el diseño y ejecución de las políticas públicas para este nivel educativo, uno de los más deficitarios en cuanto a cobertura en el país.

Lo integran representantes del Gobierno nacional, de las 286 Instituciones de Educación Superior oficiales y privadas y de organismos del sector productivo. El rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz Ñungo, es uno de los integrantes del Cesu en representación de los rectores de las 31 universidades e instituciones de educación superior estatales del país.

Después de un amplio diálogo nacional que ha involucrado a los estudiantes universitarios, el Cesu entregará una propuesta de cambios en el sistema de educación terciaria, contenida en un documento de cerca de 200 páginas, que el presidente Juan Manuel Santos recibirá en los próximos días. Es el resultado de foros, diálogos regionales, conversatorios, mesas de trabajo, consultas a expertos internacionales, lectura y análisis de documentos presentados por las más diversas organizaciones que tienen mucho que ver con los dos millones 109 mil 224 estudiantes matriculados para cursar programas académicos de pregrado y posgrado (2013).

Ha sido un proceso de consulta que ha tenido el efecto de aminorar los actos de protesta estudiantil contra la reforma de la Ley 30 que presentó el gobierno de Santos a través del proyecto de ley 112, retirado del Congreso ante las reacciones de rechazo que generó desde 2011.

Magnitud del sistema de educación superior

El sistema de educación superior en Colombia lo integran 81 universidades, la mayoría de ellas del sector privado; 119 instituciones universitarias y escuelas tecnológicas, 50 instituciones tecnológicas y 36 instituciones técnicas profesionales. De estas 186 instituciones de Educación Superior, sólo 33 (el 11.5%) han alcanzado la acreditación de alta calidad que otorga el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. El Tolima no tiene, hasta ahora, universidades con acreditación institucional de alta calidad.

Hacia 2013, la cobertura de la Educación Superior en el país era de 45.5%, con un millón 983 mil 421 estudiantes matriculados en pregrados, siendo que debieran ser, teóricamente, cuatro millones 354 mil 649, cifra equivalente a la población entre 17 y 21 años de edad que debiera estar en las aulas de estas instituciones. La tasa de cobertura de Colombia para este nivel educativo está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe y es inferior a la cobertura de Cuba (80%), Argentina, Chile, y Puerto Rico, por ejemplo (2011).

En el Tolima, la población estudiantil matriculada en 2014 llegó a 45 mil 427 estudiantes.

DIEZ GRANDES TEMAS DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Qué se espera ahora? Hay unos principios y lineamientos de acuerdo con las partes interesadas en este asunto, expresadas en el documento de “Acuerdo para la Educación Superior 2034”, en torno a 10 temas prioritarios. Lineamientos que necesariamente deberán convertirse en un proyecto de ley que llegará al Congreso Nacional para convertirlos en normas que remplacen la actual Ley 30.

El documento que será entregado al Presidente contiene una amplio diagnóstico sobre el estado de la Educación Superior en Colombia y propuestas de reforma en torno a estos 10 grandes temas prioritarios: La educación inclusiva (acceso, permanencia y graduación); calidad y pertinencia; investigación, regionalización, articulación de la educación superior con la educación media; comunidad universitaria y bienestar; nuevas modalidades educativas, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera.

El país queda a la espera del texto definitivo de esta propuesta de “políticas públicas para la excelencia de la Educación Superior en Colombia” y las acciones que emprenderá el Gobierno para satisfacer la demanda de cambio de la ley 30/92.

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