18 de Noviembre del 2017
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Educación
Cada vez más se toca el tema de la financiación estatal de la educación y de la urgencia de hacer una reforma constitucional que cambie el modelo de financiación establecido por el Sistema General de Participaciones vigente, que regula las transferencias de la Nación a las entidades territoriales para atender el gasto educativo.
22 Oct 2017 - 3:01am

Porque se ha llegado a la conclusión de que los recursos financieros para educación son insuficientes para la atención en educación básica, media y superior, éste último regulado por la Ley 30 de 1992.

En el reciente Foro Nacional por la financiación de la educación que organizó Fecode, el presidente de este organismo sindical, Carlos Vivas, dijo, entre otros datos, que las dos últimas reformas constitucionales, las de 2001 y 2007 (reglamentadas por las leyes 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007), han traído como consecuencia que la educación haya dejado de recibir en los últimos 15 años, por lo menos 77.5 billones de pesos, con relación al modelo de financiación anterior (Ley 60 de Situado Fiscal).

El Congreso ha aprobado el Presupuesto General de la Nación para 2018 que incluye 37.4 billones de pesos para el gasto educativo, superior en un 5.8 por ciento al de 2017, que es de 35.4 billones de pesos.

Ese es un buen dato que, sin embargo, no es suficiente para ocultar el paulatino decrecimiento de los recursos que ha ocurrido en los años recientes. Porque escasamente se ha cubierto la devaluación expresada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y lo grave es que la disminución de recursos se ha centrado en las transferencias para gasto en calidad educativa.

Transferencias nacionales para educación en Tolima

En el Tolima, incluyendo Ibagué, entre 2016 y 2017, han sido, aproximadamente, 69 mil 832 millones de pesos menos los transferidos por la Nación para el gasto educativo, para población estudiantil atendida, siendo la capital la ciudad más afectada. En 2016, la Gobernación recibió 435 mil millones del SGP para atender la nómina en los 46 municipios no certificados, cifra que pasó a ser de 425 mil 968 millones en 2017. En Ibagué esas cifras eran de 176 mil 234 millones de pesos en 2016 y pasaron a ser 116 mil 917 millones de pesos, según los documentos de distribución de recursos del SGP correspondientes.

Si la comparación se hace con base en las transferencias iniciales, de acuerdo con los documentos Conpes de Planeación de entonces, encontramos que en 2014 eran de 442 mil 214 pesos para el Tolima, 122 mil 793 de ellos para Ibagué. En 2015, también en cuanto la transferencia inicial, fue de 542 mil 935 millones de pesos, de ellos 160 mil 800 para Ibagué. Son cifras para que los lectores hagan las sumas y restas y establezcan el índice de decrecimiento o decrecimiento del SGP para el Tolima.

Planeación informó sobre transferencias para complemento de población atendida por $31 mil 240 millones para los 46 municipios no certificados y 17 mil 616 para Ibagué, en 2017.

Es pertinente decir que las transferencias nacionales para el gasto educativo escasamente cubren los costos de nómina y prestaciones sociales y queda muy poco para inversiones en calidad educativa, situación que pone en aprietos a los mandatarios de la Gobernación y de los municipios.

Las inversiones para Jornada Única, con la excepción de Ibagué, ya no incluyen inversiones de la construcción de aulas y, según los términos de las más recdientes convocatorias, se aceptan con Jornada Única, a aquellos establecimientos educativos que reúnen las condiciones de infraestructura requeridas.

La queja de los secretarios de educación

Los Secretarios de Educación del país se pusieron de acuerdo en el texto de una carta dirigida al Presidente y a los ministros de Educación y Hacienda, con fecha de 8 de mayo de 2017, en que describen por lo menos 11 situaciones críticas que están afectando el funcionamiento del sistema escolar colombiano, entre ellas las relativas a la financiación.

Las peticiones de los secretarios se pueden resumir así: desde 2016, las entidades territoriales (departamentos y municipios certificados) no han recibido los giros de complemento de planta y ha desaparecido la última doceava parte de las transferencias establecidas por la Nación; “la falta de ampliación de la planta de personal de administrativos desde hace más de 20 años”; no se han girado los recursos de conectividad; la crisis fiscal ha llevado a una paralización efectiva de la Jornada Única en 2017, por cuanto la ausencia de recursos no permite avanzar en la ampliación de planta física o para cumplir los requerimientos de docentes necesarios”; la disminución de aportes para alimentación escolar afectan la Jornada Única y las estrategias de permanencia escolar (deserción escolar).

Con respecto al SGP, los secretarios de educación dicen: “Ni el Gobierno ni el Congreso de la República tomaron medidas que se anticiparan a las exigencias presupuestales básicas de atención a la educación, y que para 2017 implicó una disminución de recursos equivalentes a 600 mil millones”.

Se refieren, además, a la escasez de recursos para transporte escolar y a los obstáculos que el Ministerio del Transporte ha impuesto al exigir requisitos de transporte que sólo es posible cumplir en las zonas urbanas. “Los temas fiscales han llevado este año a la paralización del proceso constructivo”, es decir a la construcción y adecuación de la infraestructura escolar. Lo dicho por los secretarios de Educación resume, en parte, los problemas que están afectando al sistema escolar en el país y, desde luego, al del Tolima en sus municipios no certificados e Ibagué.

LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR

¿A qué fuentes de financiación recurrir para atender el gasto educativo en estos tiempos de crisis económica del país, debida a los precios bajos del petróleo?

La Nación, como queda dicho, escasamente cubre los costos de salarios y prestaciones sociales del personal docente y administrativo de los establecimientos oficiales. Hace aportes para el desarrollo de programas y proyectos nacionales para los que hay que presentar y lograr la aprobación de los proyectos correspondientes.

La Nación también hace aportes del SGP para resguardos indígenas, alimentación escolar, para municipios ribereños del río Magdalena y para el Fondo de Pensiones. A la tesorería de los municipios transfiere recursos para gastos en calidad educativa y a cada Fondo de Servicios Educativos, de las instituciones, recibe recursos para gratuidad.

Todos los municipios y el departamento tienen opción de presentar proyectos para tener acceso a recursos del Sistema Nacional de Regalías, incluyendo el 10 por ciento que se destina para ciencia y tecnología pero que ahora también se gastan en construcción de vías.

Los costos de atención de la primera infancia (preescolar grados de prejardín y jardín), no hacen parte de las transferencias normales de la Nación y dependen de que el PIB sea superior al 4 por ciento, algo que no ocurrirá por varios años. Las transferencias con este destino, por lo menos están congeladas para garantizar su permanencia.

Los municipios y el departamento deben meterse la mano al bolsillo para satisfacer, con sus recursos propios, los faltantes principalmente para atender alimentación y transporte escolar. Hay otras fuentes de recursos, desde luego.

Publicada por
LUIS EDUARDO CHAMORRO ESPECIAL PARA EL NUEVO DÍA LUISEDUARDOCHAMORRO10@GMAIL.COM
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