De unos y otros dependen decisiones políticas sobre el futuro que le espera al sistema escolar. Lo deseable es que se elija a un presidente interesado en los asuntos relacionados con la educación . Que igualmente se elijan parlamentarios dispuestos a aprobar leyes que cambien el modelo de financiación del sistema escolar vigente. Los nuevos mandatarios y legisladores tienen tareas por cumplir en esta dirección.

El Sistema General de Participaciones (ley 715 de 2001) con el cual se atienden los gastos de la operación de establecimientos educativos estatales de la educación básica y media debe ser modificado porque escasamente alcanza para pagar salarios y prestaciones del personal docente y administrativo de los establecimientos educativos estatales. Los recursos para inversión en factores de calidad que se transfieren a los municipios y a los planteles educativos son escasos; la financiación de los costos para la atención educativa de los grados de prejardín y jardín del preescolar, no están garantizados , no tienen una financiación estable en el tiempo.

Igualmente, la Ley 30 de 1992 en cuanto a financiación de los establecimientos educativos de Educación Superior estatales, también debe ser modificada. Porque el modelo actual de financiación de este nivel educativo, tiene en situación de déficit de tesorería a la mayoría de las universidades, entre ellas la del Tolima.

Son reformas que deben ser abordadas por el nuevo gobierno que se elija en 2018.

El estado de la educación en el Tolima

Al actual gobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga y a cada uno de los 47 alcaldes le quedan dos años de gobierno para atender las demandas del servicio educativo, planteadas en los planes de desarrollo para el cuatrienio. Las inversiones en el sistema escolar están condicionadas a las transferencias de recursos financieros que haga la nación. Entonces, la tarea de los mandatarios en estas entidades territoriales debe estar enfocada a lograr eficacia y eficiencia en el gasto de los recursos que la nación destina para el gasto educativo.

Habrá que poner la mirada hacia la situación educativa actual en cuanto al cumplimiento de los derechos fundamentales de la educación. Infantes y adolescentes tienen el derecho al acceso a la educación y el Estado debe responder haciéndolo accesible. Es el derecho que se hace visible a través de indicadores de cobertura escolar. Tienen derecho a la disponibilidad de la educación y el Estado debe hacerlo asequible vinculando los docentes que se requieran; tienen derecho a la calidad educativa y el Estado debe prestar el servicio educativo de tal manera que sea aceptable, en condiciones dignas; tienen derecho a la permanencia y el Estado debe adaptarlo para que los estudiantes permanezcan y avancen hacia mayores grados de escolarización.

Hacia el año 2017, cuando han transcurrido dos años del mandato de los actuales mandatarios, los datos estadísticos nos dicen que hay problemas de cobertura escolar principalmente en Ibagué donde se hace más visible por ser la capital del departamento. Grave es que siga disminuyendo la población estudiantil matriculada hasta el punto de que entre el año 2015 que se toma como base y el año 2017, la disminución de la matrícula en la educación preescolar, básica y media sea de 5 mil 557 estudiantes menos (6.3 por ciento de decrecimiento). Esa cifra se acrecienta con 13 mil 702 estudiantes menos en las aulas en el mismo periodo en los 46 municipios no certificados donde la educación está a cargo de la Gobernación. Entonces, una conclusión inicial es que estamos en deuda en cuanto a cobertura porque nuestro sistema escolar no garantiza el acceso a la educación a quienes están en edad escolar y paulatinamente disminuye la matrícula.

En cuanto a calidad educativa, Ibagué está bien porque los indicadores nos dicen que los estudiantes evaluados por las pruebas Saber obtienen promedios por encima de los nacionales. En los 46 municipios certificados hay mejoras pero hay 26 municipios donde los establecimientos educativos estatales se ubican en la categoría D, la más baja en cuanto a desempeño en las pruebas Saber 11 que presentan los bachilleres en el último año de este nivel educativo.

En términos generales, tampoco se garantiza la permanencia de los estudiantes en las aulas, nuestro sistema escolar es ineficiente cuando se trata de garantizar el estudio a mayor grado de escolaridad. Porque sigue siendo alta la reprobación de grados, también la deserción intraanual y la repitencia escolar.

Estos y otros datos disponibles invitan a pensar en cuál debe ser la agenda educativa del año 2018 en cada institución educativa y en cada una de las unidades administrativas del sistema escolar en los municipios y en el departamento.

luiseduardochamorro10@gmail.com