“Se estima que con el acuerdo se pueda recaudar un mayor valor de transferencias por $109 mil 64 millones de pesos, entre el año 2019 y el 2022”, es el calculo que hace el jefe de la División Contable y Financiera de la Universidad del Tolima, William Andrés Vásquez Cruz, quien tiene la voz cada vez que se trata de estos asuntos en la Universidad del Tolima.

De tal manera que los ingresos por transferencias que hará la Nación para el funcionamiento de la universidad estatal, con base en el último acuerdo entre el Gobierno Nacional, los estudiantes y profesores de todo el país que se movilizaron para lograr mayores recursos para las instituciones de educación superior en Colombia, en la Universidad del Tolima se pasa de 235 mil 470 millones de pesos en la situación sin acuerdo a la cifra de 344 mil 534 millones de pesos, en el año 2022.

Son datos suministrados por las directivas de la Universidad, encabezadas por el rector Ómar Mejía Patiño, en asambleas de profesores y estudiantes, en el curso de la semana anterior, que culminan con la decisión de regresar a actividades académicas el lunes próximo.

Nueva fórmula de cálculo para transferencias

nacionales

Hasta el año 2018, las transferencias que hacía la Nación para el funcionamiento de las instituciones de educación superior del sector oficial (incluye las universidades), se hacía con base en el artículo 86 de la ley 30 de 1992 que dice : “Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993”. Esos presupuestos de 1993, se incrementaban anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que resultó inapropiado para atender los gastos de funcionamiento e inversión propios del crecimiento de la oferta educativa en estas instituciones. Es un modelo de financiamiento que resultó obsoleto y que se deberá modificar, a través de la reforma de esta ley.

Algunos de los líderes estudiantiles y profesorales que han participado en las asambleas, tienen el temor de que el acuerdo final con el Gobierno tenga validez sólo durante el cuatrienio de Iván Duque Márquez como presidente. Lo cual no será, porque se crea una nueva base presupuestal que seguirá operando hacia el futuro con incrementos por encima del IPC, que implican “el total de puntos adicionales que corresponden a un 16.65 por ciento en el cuatrienio 2019 2022”. En el 2019 ese incremento sobre el IPC será de 3.5%, en el 2020 de 4 %, en el 2021 de 4.5% y en el 2022 del 4.65 %, según lo pactado. Siendo que en el pacto con los rectores el incremento era del 3% en el 2019 y del 4% en el 2022.

Recursos para pago de deudas

Se calculaba que la Universidad del Tolima cerraría su vigencia presupuestal de 2018 con un déficit de caja de 11 mil 500 millones de pesos; la buena noticia es que, en el último acuerdo de las instituciones de educación superior con el Gobierno Nacional, se incluye una transferencia nacional para cubrir pasivos o deudas por pagar. Se espera que la Universidad del Tolima, en los próximos cuatro años reciba 25 mil 300 millones de pesos, por este concepto, recursos que no habían sido incluidos en el pacto de los rectores.

Con el pacto anterior la UT podría recibir 18 mil millones de pesos para inversiones en infraestructura, cifra que pasa a ser de 40 mil millones en el cuatrienio, por concepto de regalías, lo cual es una cifra aceptable, por ahora.

Por concepto de la contribución parafiscal establecida por la Ley 1697 de 2013, que se hace a través de la estampilla pro Universidad Nacional y demás universidades estatales, se espera que la UT reciba 19 mil 384 millones de pesos, después de la reglamentación correspondiente. Por el acuerdo con los rectores, por este concepto apenas se calculaban en 8 mil 562 millones en estas trasferencias.

Queda abierta la opción de presentar proyectos para financiar doctorados que beneficien a los profesores, lo cual depende de la participación de ellos en las convocatorias que se presenten para el efecto. También está abierta la opción de acceder a proyectos de ciencia, tecnología e innovación del sistema nacional de regalías.

En los nuevos recursos para inversión en infraestructura y dotación, se deben incluir, además, las transferencias provenientes de rendimientos financieros de las cooperativas (5 mil 730 millones), los recursos provenientes de la reforma al sistema nacional de regalías y las transferencias de la Gobernación que se estiman en 9 mil 36 millones de pesos en este cuatrienio.

En diciembre 5 de 2018, fue aprobado el presupuesto bienal del sistema de regalías con aportes por un billón 500 mil pesos para todas las universidades, sobre lo cual se esperan aportes para la UT.

Son recursos con los cuales se crea un nuevo escenario financiero para la Universidad del Tolima, que puede llegar a solucionar la crisis de déficit si a ello se suma el incremento de la matrícula en la modalidad a distancia y una administración eficiente y eficaz de estos recursos. Escenario propicio para que la Universidad siga en la tarea de lograr la acreditación institucional de alta calidad, ojalá en el presente año.

Con acuerdo y sin acuerdo

En síntesis, el jefe financiero de la UT, Vásquez Cruz, calcula que con el nuevo acuerdo, la Universidad del Tolima podrá llegar a recibir transferencias nacionales por 344 mil 534 millones de pesos. Sin acuerdo, esa cifra sería de 235 mil 47 millones de pesos.

Marchas y asambleas permanentes como

estrategia

Queda establecido que la movilización de los estudiantes y profesores, visible en múltiples marchas, plantones y asambleas permanentes que tenían paralizadas, parcialmente a las instituciones de educación superior, fueron prácticas exitosas para lograr mayores recursos financieros en este nivel educativo de educación terciaria.

Se incrementan los recursos financieros para la Educación Superior y ahora se espera que los niveles de educación preescolar, básica y media reciban un tratamiento igual o superior. Afortunadamente se cuenta con un presupuesto nacional para educación cercano a los 41 billones de pesos para el año 2019.

Porque el modelo de financiación para estos niveles educativos también está en crisis; en cuanto en un 95 por ciento, se destinan a pagos de salarios y prestaciones y muy poco para inversiones en calidad educativa. La ley 715 de 2001, debe ser reformada. Las transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones, escasamente atienden los costos salariales. Es un compromiso que Fecode tiene pactado con el Gobierno Nacional.

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