Crecen las competencias y responsabilidades que adquiere el Estado a través de nuevas normas que se expiden cada año, a las que se suman compromisos adquiridos al pactar acuerdos producto de movilizaciones de protesta de estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. Hasta el punto que no hay suficientes recursos financieros para atender tantas demandas y reclamos de la ciudadanía en cuanto al servicio educativo.

Si nos atenemos a las obligaciones estatales que emanan del derecho a la educación y los componentes del núcleo esencial correspondiente, el Estado en general, a través de sus entes territoriales tiene la obligación de hacer asequible la prestación del servicio educativo, a aportar los recursos financieros necesarios, vincular a los docentes que exige la demanda de escolaridad, construir, adecuar y dotar la infraestructura escolar. Tiene la obligación de hacer accesible la educación a la población en edad escolar para cada nivel educativo, sin discriminación alguna; realizar adaptaciones para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y hacer aceptable el servicio educativo para que se cumpla el derecho a la calidad educativa.

Cada uno de los cuatro derechos, acceso, permanencia, disponibilidad y calidad, tiene poblaciones de especial protección sobre los cuales se deben centrar los recursos financieros, humanos y técnicos. Así, son sujetos de especial protección sobre los cuales vale cumplir “discriminación positiva”; niños y niñas residentes en zonas rurales para el derecho a la disponibilidad educativa, las mujeres en edad escolar para el acceso a las aulas, infantes y adolescentes con discapacidades y características excepcionales, niños y adolescentes trabajadores y en estado de embarazo para garantizar el derecho a la permanencia; población en edad escolar de población étnica, de pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales y ron, a quienes se les debe garantizar calidad educativa y condiciones dignas para que ello se logre.

Población estudiantil discapacitada

En los dos últimos años, la atención preferencial se ha enfocado hacia la población discapacitada, es decir a aquella que tiene “limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial”, que tiene dificultades para el acceso, la permanencia y el logro de la calidad de los aprendizajes porque tiene dificultades motrices (cuadraplejias, paresias), con discapacidades auditivas porque son infantes, adolescentes y adultos con sordera o hipoacusias (pérdida de capacidad auditiva); con discapacidades visuales entre ellos los ciegos o con dificultades de visión.

¿Cuántos son en el Tolima los estudiantes con discapacidades? El reporte que hace el Ministerio de Educación sobre matrícula nos dice que en el Tolima, en sus 47 municipios, en el año 2018 se matricularon 4 mil 676 estudiantes con discapacidades, de ellos, 3 mil 402 en establecimientos educativos de Ibagué.

Aparentemente son pocos, debido a que no siempre se registran en el sistema estadístico, el problema adicional y más crítico es que se trata de población que requiere una atención especial en cuanto a espacios físicos, dotación, formación de docentes y diseño de currículos diferenciales y adecuados para definir qué enseñar, cómo enseñar, qué medios audiovisuales utilizar y cómo evaluar el aprendizaje de estos estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

A esta población estudiantil con discapacidades se suma la de indígenas, negritudes o afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Suman, incluyendo a los discapacitados, 28 mil 118 estudiantes matriculados en el Tolima, de ellos, la mayoría (19 mil 722) en establecimientos educativos de Ibagué. Se trata de una población de sujetos de especial protección a los cuales se les debe atender en forma preferencial. La mayor cantidad está en los estudiantes víctimas del conflicto, 15 mil 228, en situaciones de desplazamiento o provenientes de grupos de reinsertados como consecuencia de la paz acordada con grupos insurgentes. En segundo lugar está la población estudiantil indígena y en tercer lugar los estudiantes con discapacidades o con características excepcionales. ¿Habrá algún establecimiento educativo que atienda en el Tolima estudiantes con capacidades excepcionales (sabios) por su desarrollo intelectual superior?

La atención de discapacitados en Ibagué

La mirada del Gobierno y de las sentencias de la Corte Constitucional se ha dirigido, especialmente a garantizar la educación para estudiantes con discapacidades o Necesidades Educativas Especiales.

El decreto No. 1421 de agosto 29 de 2017, establece normas sobre educación inclusiva para atender estudiantes con discapacidades, a efectos de que sean atendidos bajo principios de igualdad, es decir, sin ninguna discriminación, lo cual obliga, según la Corte Constitucional, a “pasar de un modelo de educación segregada o integrada a una educación inclusiva para aprender juntos”.

No habrá, entonces, instituciones ni aulas especiales y aisladas para atender la población discapacitada, los estudiantes con discapacidad aprenderán juntos con aquellos que no tengan tales dificultades, lo cual crea situaciones especiales y demandas de formación distinta.

“El derecho fundamental y servicio público de educación debe ser asegurado a las personas en condiciones de discapacidad de la misma forma como lo es para las demás personas. Lo anterior implica que no puede ser negado el acceso en razón de la discapacidad o frustada la asistencia a una educación convencional por la ausencia de ajustes razonables, pues es una obligación de las instituciones tomar las medidas necesarias y adecuadas para lograr el objetivo de la inclusión”, dice la Corte Constitucional en la sentencia C-149 de 13 de diciembre de 2018, una de las últimas, que compila los argumentos y sentencias de otras tutelas relacionadas con la discapacidad y el derecho a la educación inclusiva.

En Ibagué, se está en el proceso de cumplir con las obligaciones estatales de atención educativa a la población estudiantil discapacitada, para ajustarla a los mandatos de la Corte y la obligación de cumplir con lo establecido por el decreto 1421.

Antes , la atención de estudiantes con problemas auditivos (sordos) se concentraba en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga para estudiantes con sordera, en el año 2019 son 90 estudiantes con características de discapacidad, de ellos 80 con problemas de sordera; en la Escuela Normal Superior, se atendían, preferencialmente, 83 estudiantes con características de problemas de visión, entre ellas la ceguera; en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán se atienden, preferencialmente, los niños con problemas de déficit cognitivo, con dificultades mentales para el aprendizaje.

De acuerdo con las nuevas exigencias normativas, la atención a población con discapacidades se debe hacer en cualquiera de las instituciones educativas a donde concurran los padres de familia a matricular a sus hijos en estas situaciones.

Dificultades en la atención de discapacitados

No es tan fácil atender población estudiantil discapacitada. Porque hay exigencias en cuanto a infraestructura escolar, dotación, formación específica de los docentes, adecuaciones curriculares.

De acuerdo con la información suministrada por la docente de apoyo Nhora Patricia Calderón Rodríguez, en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del barrio Jordán, son 90 los estudiantes matriculados con problemas de discapacidad y de ellos, 80 con discapacidad auditiva (sordos), sobre el total de mil 200 estudiantes del establecimiento. Los estudiantes con sordera estudian en la sede de Itsor de la carrera Primera con calle 64, donde opera la escuela bilingüe, la inclusión con intérpretes en lengua de señas.

En la Normal Superior de Ibagué, según la fomoaudióloga y profesional de apoyo Rocío Grisales, son 83 los estudiantes caracterizados por su discapacidad. Tienen la fortaleza de contar con el docente ciego Daniel Quintero y otros profesionales de apoyo. “Las aulas que tienen discapacitados están a reventar, lo cual hace difícil cumplir con la norma de disminuir 3 estudiantes en el aula por cada estudiante con discapacidad. Esto crea reacciones en contra por parte de los docentes, cambiar la mentalidad es difícil; una falencia es la poca capacitación o formación para el manejo de estas situaciones especiales en el aula, que incluye la adaptación curricular.