Por pagos de indexaciones e intereses moratorios en fallos de cesantías y pensiones, la Contraloría iniciará una indagación preliminar por valor de $61.350 millones de pesos por cuanto el Fondo no pagó en los términos que establece la ley.

El organismo de control estableció también un presunto daño patrimonial por $34.320 millones, por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones en el periodo comprendido entre 2015 y 2018. También se observa un presunto daño patrimonial por pago de Indexación e intereses moratorios en fallos por Sanción Moratoria de Cesantías por valor de $ 27.000 millones

Además, por prescripción de cuotas partes pensionales por cobrar, que datan del año 1992, se observó un presunto daño patrimonial por $ 2.243 millones de pesos.

Según la Contraloría “no se realizó ninguna acción para que no ocurrieran esas circunstancias y se perdieran los recursos”.

La Contraloría advirtió que todo lo anterior hace que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sea absolutamente ineficiente para el manejo del recurso público. Siendo responsabilidad del comité directivo del fondo (compuesto por los Ministros de Hacienda, Educación y Trabajo y el representante de la fiduciaria, como dos representantes de Fecode), como de la Fiduprevisora como Administradora del Fondo del buen manejo de esos recursos.

El proceso auditor observó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene pérdidas acumuladas por más de $ 4.2 billones de pesos, lo que deja ver que su gestión es antieconómica e insostenible en el tiempo. El Fondo registra un patrimonio negativo por $1 billón 872 mil millones.

El ente de control encontró una serie de deficiencias en defensa judicial, de acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, y que se resumen en:

-No se atienden de manera oportuna las etapas judiciales dentro de los términos procesales.

-No se formulan las excepciones a que haya lugar.

-El Fomag que no se acude a las audiencias, no se interponen los recursos.

-No se atienden las actuaciones en defensa de los intereses del Fondo.

-No se actúa con la debida diligencia y el cuidado que impone la defensa de los intereses del Fondo.

-No se realizan actividades que busquen el desembargo de las cuentas bancarias, tanto del Ministerio de Educación como del propio Fondo.

Es importante recordar que el Fondo Nacional de Empleados del Magisterio (Fomag) es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y con independencia patrimonial y contable, cuyos recursos son administrados por la fiduciaria La Previsora. Entre los objetivos está pagar las prestaciones sociales y servicios de salud de los docentes afiliados.