Una de las brechas o inequidades del sistema escolar está en la diferencia en cuanto a cobertura y calidad educativa, entre las zonas urbanas y las rurales en el Tolima.

Brecha que se suma a la creada en la oferta educativa para población discapacitada, a la diferencia en los resultados de las pruebas estandarizadas Saber que evalúan el rendimiento académico de los estudiantes; también la brecha e inequidad educativa en la oferta educativa para población indígena del departamento.

Se utiliza el concepto de “brecha” para establecer la diferencia entre unos y otros según la ubicación geográfica de la población, entre colegios privados y las instituciones educativas oficiales, la debida a condiciones físicas y mentales y por situaciones de carácter étnico. Pero brecha se puede traducir como inequidad, exclusión e inclusive discriminación social.

Es que “en Colombia hay exclusión social porque la riqueza y el acceso a los servicios están mal distribuidos y no todas las personas tienen igualdad de oportunidades cuando se trata de acceder al empleo, la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, los servicios de energía eléctrica.

“Hay pobreza, indigencia y desempleo, como manifestaciones y consecuencias de la exclusión social predominante, que se hace más severa en las zonas rurales”, se dice en la investigación de la cual fui su director, realizada por los estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad del Tolima, Luis Enrique Borja Rodríguez y Diego Ricardo Vargas Palacios, con relación a los casos de Coyaima y Lérida (2010).

Una de las conclusiones de la investigación de los docentes Borja y Vargas es la siguiente: “La mayor inequidad y exclusión educativa en las zonas rurales se debe a un significativo déficit en la disponibilidad de la oferta educativa en las instituciones educativas ubicadas en el campo.

“El Estado no da un trato preferencial, como sujetos de especial protección, a los estudiantes de la zona rural como estudiantes que requieren y tienen el derecho a una especial protección del derecho a la educación por su ubicación territorial o geográfica”, es decir, no se garantiza el derecho fundamental a la educación en cuanto a la disponibilidad y asequibilidad que debe garantizar el Estado, a través de la vinculación oportuna de los docentes, la disponibilidad de dotación básica para la enseñanza y el aprendizaje y en consecuencia, las inversiones requeridas para satisfacer esta situación, a pesar de que aparezca en los planes de desarrollo de los últimos cuatrienios.

Menos estudiantes

Se puede afirmar que hay suficientes planteles educativos en la zona rural, pero no todos ofrecen los cinco grados de primaria y aún más grave, tampoco se ofrece el bachillerato completo en todas las inspecciones y veredas.

De la mirada sobre los datos cuantitativos se deduce que la disminución de la matrícula en las sedes rurales e instituciones educativas rurales, crece en forma acelerada.

Se ha activado un semáforo en rojo, expresado en el hecho de que, entre el año 2016 y el 2020, la matrícula cayó de 81.921 estudiantes rurales a 70.925 en el año 2020, lo cual equivale a un decrecimiento de la cobertura escolar en estas zonas, del 13.4%, es decir, 10.996 estudiantes menos, de ellos 696 en Ibagué (menos 10.4% estudiantes matriculados).

¿Qué está pasando?

Se pueden inferir varias respuestas: desinterés por la educación, de padres de familia y estudiantes. Porque unos y otros no encuentran útil lo que se enseña en las aulas, porque no les gusta como se les enseña, lo cual es un problema de pertinencia educativa que alimenta la inasistencia escolar y la deserción, principalmente.

Puede ser, porque se ha incrementado la migración hacia las zonas urbanas o los padres ubicados en las zonas rurales prefieren matricular a sus hijos en los establecimientos educativos urbanos.

Por situaciones de pobreza en los hogares del campo, los padres no disponen de recursos económicos para satisfacer los gastos en vestuario, útiles escolares y transporte. También puede ser uno de los efectos de la disminución del número de infantes y adolescentes en edad escolar, lo cual es un fenómeno demográfico, de crecimiento paulatino.

Menos bachilleres en el campo

Hay suficientes estudios y cifras sobre las características de la oferta educativa en la zona rural colombiana y del Tolima. Un informe de Compartir del año 2019, (Docencia rural en Colombia) suministra datos sobre el número de años promedio de escolaridad de los habitantes de las zonas rurales, frente a los de las zonas urbanas.

“El número de años promedio de escolaridad entre las poblaciones rurales dispersas de 15 años y más es de seis años solamente, comparado con 9,6 años en zonas urbanas (MEN, 2018)”.

Más de la mitad de las escuelas o sedes rurales (el 53.4%), no ofrece los 5 grados de educación primaria, el 8.4% ofrece hasta el grado noveno de secundaria y solo un 5.1% ofrece educación media, es decir los grados décimo y once para graduar bachilleres.

En el Tolima, ha disminuido la matrícula de los grados once, 12, 13 y ciclo 6, que son los últimos que se cursan para obtener el grado de bachiller.

De 3.585 bachilleres en el último año que se cursa del bachillerato, en las zonas rurales en el año 2016, se pasó a 3.325 en el año 2020, es decir, 260 menos (menos 7.l2%). Esta situación es más grave en Ibagué, donde se pasó de 412 a 292 estudiantes de grado once en el año 2020.

Es grave esta situación porque afecta los grados de escolaridad promedio de la población, que se espera que sea de 12 años de escolaridad, para acceder al desarrollo económico y social esperado.

La inequidad educativa rural

Ruralidad es un concepto construido para tipificar cuanto ocurre en el mundo del campo, útil para hacer referencia a las brechas en la oferta educativa entre zonas urbanas y rurales. Porque existe una cultura propia en el campo, así como diferentes prácticas productivas entre uno y otro ámbito geográfico. En cuanto a la educación, son múltiples las circunstancias que diferencian la atención educativa para esta población.

Jairo Arias Gaviria, docente de la Universidad Pedagógica de Bogotá, al plantear un panorama de los “Problemas y retos de la educación rural colombiana” (2017), describe, entre ellos, los siguientes: “Con toda la dificultad que implica llegar a la escuela, con una violencia que aún persiste y territorios libres para explotaciones mineras; con una gran carencia en recursos, ausencia de salones adecuados, falta de materiales didácticos, laboratorios e implementos deportivos, con todo eso, la política educativa rural no es pertinente; entre otras cosas, porque bajo esas circunstancias se da cabida un modelo educativo para ciudadanos cosmopolitas, como imagen precisa de saberes que prepara a sus estudiantes para ser buenos consumidores, obviando, en aulas perdidas en montañas, valles y páramos del campo, toda la ruralidad de nuestro país”.

A ello agrega: “La educación rural debe asignar valor y estatus académico a los saberes locales (campesinos) en un nivel similar al de los saberes universales…Facilitar la construcción de una herramienta teórica y metodológica sobre los modos en que se produce el aprendizaje campesino… La participación en la construcción y diseño de los currículos”.

Programas estatales para la zona rural

Se debe reconocer que el Ministerio de Educación Nacional, en diferentes épocas, ha plateado programas de intervención en la zona rural. Uno de ellos, quizás el más significativo y de efecto relevante, fue el Escuela Nueva que tuvo amplia cobertura y efectos positivos, hasta el punto de que ahora ha sido implementado en otros países y acá en Colombia ha decaído, para ejecutar otros.

Para dar la continuidad a este programa e implementar otros, se creó el Programa de Educación Rural y más recientemente la Red de Educación Rural, para las zonas afectadas por la violencia en el sur del Tolima.

Para la zona rural en general se desarrollan los Modelos Educativos Flexibles y los Proyectos Pedagógicos Productivos.

Se ha continuado con la oferta de la metodología de Escuela Nueva, de Pos primaria, de Educación Media Rural y otros.