El problema es que los informes, generalmente, llegan tarde. Uno de los últimos, es del 2019, sobre “Transformación digital”, que se convierte en un llamado de alerta sobre las exigencias de ofertas de enseñanza virtual, desde marzo del 2020, debido al cierre de los planteles educativos por la situación coyuntural y crítica creada por la pandemia universal del Covid-19 que aún vivimos.

Dice el breve informe de la Ocde, dirigido a todos los sectores, que Colombia debe mejorar la conectividad, adoptar el uso de tecnologías digitales y promover la innovación digital, recomendaciones que aparentemente son obvias.

Para el año 2020, pero con datos del 2018, generalmente, la Ocde presentó un informe sobre “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe”, que incluye datos sobre aspectos económicos y de gestión administrativa de los gobiernos. No hay datos específicos sobre educación.

Hay un dato que preocupa: “La confianza de la gente en el gobierno disminuyó drásticamente”, con referencia al año 2018. La confianza en el gobierno fue en Colombia de un 27% en este año y pasó a ser equivalente al 24%, “una de las mayores caídas en la región”.

La confianza en el sistema educativo en Colombia e Ibagué

Los datos para el sistema educativo, en cuanto a confianza y satisfacción ciudadana con los servicios educativos, en el 2018 era del 63%, superior al del sistema de salud del 49%, del poder judicial del 34% y del gobierno nacional en general, del 34%.

Son datos aplicables a Ibagué donde, “un poco más de la mitad de los encuestados (el 54.31%) manifiesta estar insatisfecho con la educación que se ofrece en Ibagué y solo el 8.73% satisfecho, es uno de los resultados relevantes de esta encuesta realizada con una muestra no probabilística de 30.454 registros en el país, de ellos 1959 en Ibagué”, tal como ya se dijo en esta página de educación de El Nuevo Día, al analizar los datos de la encuesta realizada a personas de 18 años y más, en octubre del 2020, en el conjunto de ciudades de la red “Cómo vamos, Mi voz, mi ciudad”.

Pero poco se sabe sobre la percepción que los ciudadanos tolimenses tienen sobre la gestión educativa del gobierno departamental, en sus 46 municipios, sobre los cuales tiene competencias para administrar los recursos financieros que el gobierno nacional transfiere para el gasto educativo.

Una tarea apropiada para la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ahora Protolima), una organización privada que puede cumplir a través de una encuesta, sobre lo que piensan los tolimenses con relación al servicio educativo que le ofrece la Gobernación. Porque, lamentablemente, los informes de gestión sólo se han convertido en un show mediático que dice poco, menos ahora en que se han unido Cortolima, la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, para cumplir con la tarea.

La inequidad educativa en zonas rurales, según la Ocde

“Aunque Colombia ha progresado en cuanto a la generación de mejores oportunidades educativas para los niños y los jóvenes en áreas rurales, todavía existe un gran camino por recorrer para mejorar el acceso y la calidad de la educación para los estudiantes en áreas rurales.

Por ejemplo, la tasa de matrícula neta de los estudiantes que viven en las ciudades y aglomeraciones y los estudiantes en áreas remotas sigue teniendo una diferencia de más de 20 puntos porcentuales en la educación básica secundaria y media. De forma más global, todavía existen diferencias significativas entre las áreas rurales y urbanas en cuanto a los resultados educativos”, dice el informe de la OCDE “Revisión de recursos escolares”, de la autoría de Radinger, Echavarra, Guerrero y Valenzuela.

Es una conclusión suficientemente conocida en el país, esta de la oferta de educación rural que se hace en Colombia. Porque la inequidad que la caracteriza es un asunto que no ha tenido suficiente atención por parte de los gobiernos nacionales y de las entidades territoriales.

Un decálogo de recomendaciones de la Ocde sobre educación

1. Asegurar una mayor continuidad en la política y construir capacidades locales. Construir las capacidades de las autoridades educativas a nivel territorial debe ser una prioridad clave. La experiencia del programa de Jornada

Única ha demostrado el enorme déficit histórico de la infraestructura y los materiales en la educación pública en Colombia. Por lo tanto, debería haber recursos regulares para financiar la infraestructura escolar.

2. Avanzar hacia una reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). “Un cambio adicional propuesto que vale la pena resaltar se relaciona con las asignaciones financieras para las escuelas rurales, especialmente las más pequeñas y remotas o las instituciones educativas con una gran cantidad de sedes escolares rurales. Estas escuelas deberían recibir fondos fijos de manera que puedan contar con un nivel mínimo de recursos para proveer la educación. Este recurso adicional reconocería que no todos los costos son lineales”.

3. Proveer recursos educativos adicionales a nivel de cada escuela y desarrollar un sistema de información que ofrezca transparencia sobre los recursos disponibles.

4. Fomentar la revisión de las redes escolares, mejorar la regulación y el aseguramiento de la calidad de las escuelas privadas contratadas, y abordar el riesgo de segregación. Las asociaciones público-privadas continuarán siendo un componente estratégico para el suministro de educación escolar en Colombia.

5. Iniciar un proceso de participación a largo plazo para desarrollar un marco curricular nacional y desarrollar un enfoque más integral para la evaluación de escuelas.

6. Profesionalizar el liderazgo escolar y fortalecer el apoyo pedagógico técnico para las escuelas rurales aprovechando las redes potenciales. i) promover una visión compartida del liderazgo educativo; ii) desarrollar una estructura distinta de carrera y reflexionar sobre las condiciones contractuales; iii) proveer más oportunidades para desarrollar las habilidades de liderazgo pedagógico; iv) fortalecer las evaluaciones regulares de desempeño; y v) emplear como base el liderazgo distribuido y de docentes.

7. Mejorar la provisión de educación para cumplir con las necesidades y los intereses de los estudiantes y para proveerles oportunidades de aprendizaje equitativas independientemente de su contexto. En los próximos años, tomar medidas para mejorar la oferta de la educación media y facilitarles a los estudiantes una transición a la educación superior o al mercado laboral debería ser una prioridad para el MEN y las Secretarías de Educación (en colaboración con otras partes interesadas como el Sena, los empleadores y las universidades). Los recursos y el apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales deben mejorar. Se requiere un plan de implementación para la inclusión, el cual debe tener normas y protocolos adecuados para identificar a los estudiantes con necesidades especiales, para no etiquetar a los estudiantes.

8. Promover aún más el desarrollo de una nueva visión de la profesionalización docente, construido sobre la participación efectiva y un consenso con las partes interesadas.

9. Fortalecer la formación docente, conectando el desarrollo basado en la escuela y el desarrollo externo de los docentes y desarrollando modelos específicos para los docentes en áreas rurales. El liderazgo central en materia de la formación docente debe reforzarse.

10. Hacer que la contratación y la asignación de docentes sea más equitativa y eficiente, también para garantizar condiciones laborales adecuadas en las escuelas rurales. El MEN y las Secretarías de Educación, pueden hacer que enseñar en escuelas desfavorecidas sea más atractivo cambiando las condiciones laborales y las oportunidades profesionales en estas escuelas. Las iniciativas deben reflejar contextos distintos.

Tres grandes prioridades

Se supone que la idea y propósito de la afiliación de Colombia al grupo de países de la Ocde es aprender buenas prácticas que sean aplicables en Colombia en cuanto a varios aspectos, entre ellos el educativo.

El informe de Revisión de Recursos escolares recomienda tres grandes prioridades, que se pueden resumir así:

1. Reformar el sistema fiscal de transferencias (SGP) y en ello coinciden con Fecode. “Conciliar la asignación presupuestal… abordar prioridades gradualmente mientras se asegura una mayor continuidad y capacidades locales... Como parte de los acuerdos de paz, el país se ha comprometido con la implementación de un Plan Especial de Educación Rural.

2. Mejorar la organización de instituciones educativas, aumentar la capacidad escolar a través de una mayor colaboración y crear una oferta educativa más pertinente. El transporte y los internados son temas cruciales, especialmente en áreas rurales. Una falta de interés en la educación es una de las razones principales por las cuales los adolescentes no asisten a la escuela.

3. Promover una nueva visión de profesionalismo docente y hacer que la asignación de docentes sea más eficiente y equitativa. La asignación de docentes en Colombia se basa esencialmente en los derechos de los docentes, en vez de las necesidades de los estudiantes, lo que resulta en ineficiencias y desigualdades en la asignación de docentes.