Las transferencias nacionales para gasto educativo en calidad, tienden a disminuir

Crédito: SUMINISTRADA / INTERNET - EL NUEVO DÍA
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No obstante, a mayor número de estudiantes matriculados, mayores serán las transferencias.
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La inversión en gasto educativo es determinante en el desempeño de las entidades territoriales y de cada institución escolar estatal. En Colombia, en el 2020, en plena pandemia, se destinó para el gasto en educación, un 4.1 con relación a su Producto Interno Bruto, indicador que está por encima del promedio latinoamericano de 3.5 pero inferior al promedio mundial de 4.8.

En general, el presupuesto nacional para educación ha sido el más alto en los últimos años, de tal manera que llegó a la cifra de 44.1 billones de pesos en el 2020 y pasó a ser de 47.3 billones en el año 2021.

Son datos que alegran, pero no tanto, porque el gasto educativo está dirigido a pagar gastos salariales y prestacionales del personal docente y administrativo de las instituciones escolares oficiales, y las transferencias para el gasto en calidad tienden a decrecer en los últimos años.

La Nación tiene la competencia y obligación de asumir los costos del gasto educativo, a través de las transferencias del Sistema General de Participaciones, SGP, creado por la Ley 715 del año 2001, según la cual cada entidad territorial (departamentos y municipios) recibirá recursos financieros por cada estudiante matriculado, distinto a cuanto ocurría según la Ley 60 de 1993.

Por cada estudiante matriculado, según la tipología anual que se establece para el caso, la Nación hará  transferencias para atender los costos de personal, prestaciones sociales, conectividad y gastos administrativos autorizados.

Así, por ejemplo, en el año 2022 en curso, la Nación ya definió las tipologías para efectos de las transferencias por cada estudiante matriculado.  El mayor aporte per cápita será para estudiantes matriculados en educación media (grados décimo y once) en zonas rurales:  $3.509.597 en la zona rural de Ibagué y $3.453.478 en la de los 46 municipios no certificados del Tolima, cuya gestión administrativa está a cargo de la Gobernación.

Para estimular una mayor matrícula en los grados de preescolar, en el año 2022, habrá transferencias de recursos financieros para los grados de jardín y de transición, por un valor per cápita de  $3.694.312 en la zona rural de Ibagué y de $3.635.240 en sedes rurales de los municipios no certificados.

Serán menores las transferencias por cada estudiantes matriculado en la educación por ciclos para jóvenes y adultos, de $613.211 en zonas urbanas y rurales; el aporte per cápita por cada estudiante de primaria, también está entre los más bajos, $2.237.071 en la zona urbana de municipios certificados y de $2.273.423 en las sedes urbanas de Ibagué.

Disminuyen los aportes de la Nación para calidad

Las transferencias que hace la Nación para el gasto educativo en calidad se hace directamente a cada tesorería de las 47 alcaldías del Tolima, en cifras que disminuyen en los dos últimos años, 2020 y 2021.

Así, por ejemplo, la Nación transfirió a la tesorería municipal de Ibagué, $7.190 millones de pesos en el año 2020, valor que pasó a ser de $5.670 millones en el 2021, es decir, mil 520 millones de pesos menos en los dos años.

La Nación hace su propia conceptualización sobre lo que se entiende  como calidad educativa, a través del decreto 1075 de 2015: “La gratuidad educativa se define como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios, y se financiará con los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones por concepto de calidad”, lo cual puede traducirse en calidad y gratuidad educativa como si tuvieran el mismo significado (sinónimos) para así producir un efecto mediático distinto a la realidad.

Porque definitivamente no es lo mismo hablar de gratuidad educativa, entendida como cero costos en las matrículas y pensiones, distinto a hablar de calidad educativa que se refiere al logro de mayores y mejores aprendizajes en los estudiantes para lo cual se deben tener en cuenta múltiples factores asociados al concepto de calidad educativa, entre ellos las inversiones que se deben hacer en la formación de los docentes, en infraestructura física de los planteles para crear condiciones dignas para la enseñanza y aprendizaje; inversiones en aparatos tecnológicos, mobiliario, textos escolares, bibliotecas, etc.

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Las transferencias del Sistema General de Participaciones

Está dicho que la Nación asume la mayor cantidad de aportes para del gasto educativo, a través del Sistema General de Participaciones, recursos financieros destinados a “Población atendida” es decir, estudiantes matriculados; conectividad, para atender gastos de medios tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje; costos de nómina y prestaciones sociales del personal, transferencias para calidad-gratuidad.

El crecimiento anual de estas transferencias, a precios corrientes, desde luego que crecen anualmente, así, por ejemplo, para el gasto en los 46 municipios no certificados,  las transferencias del SGP del año 2019, antes de la pandemia, llegó a la cifra de 531.733 millones de pesos y pasó a ser de 306.716 millones de pesos en el año 2021. 

En Ibagué, el aporte del SGP en el 2019 fue de 232.993 millones de pesos y el de 2021, de $271.063 millones.

Son cifras distintas a las de los presupuestos municipales y de la Gobernación para el gasto educativo, porque a las transferencias del SGP se le agregan los recursos propios que la asamblea y los municipios aprueben a través de los presupuestos correspondientes, en los cuales pueden existir recursos del Sistema General de Regalías u otros conceptos.

Si la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, aspiran a acceder a recursos financieros de mayor valor, tendrán que estimular e intervenir sobre el mejoramiento de la cobertura escolar, es decir, incrementar la población estudiantil matriculada; presentar proyectos de inversión para captar recursos del Sistema General de Regalías, principalmente por concepto de Ciencia y Tecnología.

Porque la tendencia que se deduce del informe de “Cobertura en Cifras” del Ministerio de Educación Nacional, con corte de octubre del 2021, es de 2.580 estudiantes menos en las aulas del Tolima, de ellos 1.465 en Ibagué, entre el 2019 y el 2021.

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LUIS EDUARDO CHAMORRO - ESPECIAL PARA EL NUEVO DÍA

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