La Ley 201 de 2012, mucho más conocida como Ley Lleras 2.0 entre los internautas del país, fue aprobada en tiempo récord y presentada como una regulación inofensiva y necesaria para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero podría no ser ni lo uno ni lo otro; según abogados de distintas entidades, la ley es peligrosamente ambigua, inconvenientemente retrógrada, y va más allá de lo que exigen los acuerdos del TLC.

Ante esta situación, un grupo creciente de personalidades políticas y legales ha manifestado su interés por revisar la Ley y preparar una demanda por inconstitucionalidad a la misma, que podría resultar en su retiro y en la implementación de un nuevo conjunto de normas de derechos de autor, donde los ciudadanos comunes que compartan material no sean tratados como criminales y que respete la privacidad de los internautas colombianos. El proceso durará al menos nueve meses.  

¿Por qué el apuro?
Miembros del grupo de veeduría tecnológica Red Pa Todos y de la fundación Mozilla Colombia estuvieron ahí cuando Germán Vargas Lleras y otros dos ministros explicaron a la Cámara de Representantes y al Senado que el proyecto conocido como Ley Lleras 2.0, cuyo nombre es Ley 201 de 2012, era uno de los requerimientos para implementar el TLC. Y es cierto: reforzar las leyes de derechos de autor entra en lo pactado con Estados Unidos.

El proyecto, presentado semanas antes, se debatió en tiempo récord y se aprobó sin demasiados miramientos. Este proceso estuvo seguido por la firma del presidente Juan Manuel Santos, y permitió demostrar que Colombia trabaja en la implementación del Tratado de Libre Comercio al presidente norteamericano Barack Obama, durante su visita a la Cumbre de las Américas la semana pasada.

El proyecto ya no incluye cláusulas que conviertan a los proveedores de servicios de Internet en policías de propiedad intelectual, ni implementa técnicas como la de los ‘3 Strikes’ para desconectar de la Red a los ciudadanos que infrinjan derechos de autor, pero tiene cláusulas que causan preocupación tanto a los abogados de Red Pa Todos, como a analistas de la universidad norteamericana Info Justice, y al equipo de trabajo del senador Camilo Romero.
    
Demasiado lejos
Quienes han analizado la nueva versión de la Ley Lleras han concluido que su normatividad va más lejos de lo que es necesario en lo estipulado en el marco de la firma del TLC con Estados Unidos en 2006. En un ejemplo puntual, la Ley permite interpretar la violación de derechos de autor para fines no comerciales como un delito, y estipula una sentencia de cuatro años de prisión para infractores y multas millonarias.

Más interesante aún: un grupo creciente de figuras políticas, entre las que está el senador Camilo Romero, han confirmado que revisarán la norma con lupa y que interpondrán una demanda por inconstitucionalidad a la Ley, en un proceso que empezará después de levantar el caso en su contra, y que podría terminar hacia diciembre de 2012 o principios del año entrante.

El proceso subrayará otras cláusulas de la Ley 201 como aquella que extiende el derecho a solicitar información privada de los internautas, que en la Ley Lleras original estaba reservado sólo para una corte de justicia, a las autoridades administrativas, lo que hace pensar que se prestará para evadir el debido proceso, y violar el derecho a la privacidad de los colombianos.

Excepciones y limitaciones
La esperanza de organizaciones como Red Pa Todos y de la abogada colombiana Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, es que la Ley 201 sea reemplazada por una legislatura más balanceada, que proteja los derechos de autor sin poner en riesgo la libertad y sin prestarse como herramienta para castigar a infractores menores, incluso involuntarios, y sí funcione como herramienta para procesar a quienes usan la piratería a gran escala para lucrarse.

La clave para conseguir un balance no sólo está en aprobar una ley menos ambigua y más moderada, sino en trabajar en las cláusulas de Excepciones y Limitaciones de la regulación de derechos de autor, donde se toma en cuenta el uso que la academia, las bibliotecas o personas con discapacidades físicas pueden dar al material protegido por derechos de propiedad intelectual.

En países como Suiza, el gobierno ha determinado que estas excepciones incluyan claramente la transferencia de material protegido por derechos de autor con fines no comerciales, pues han descubierto que esta práctica aumenta las ventas del material.