Fueron más de dos trinos publicados de ese estilo en los que el estudiante de la Universidad Cooperativa de Ibagué lanzaba mensajes de odio hacia la comunidad costeña y se burlaba de uno de los hechos más trágicos que ha vivido el país en este año.

La indignación y repudio por los mensajes en la red social de Pérez no se hicieron esperar, tanto así que la comunidad creó otro hashtag: “#RepudioContraJorgeAlejandroPerez” y luego los estudiantes de la Cooperativa intentaron lincharlo al punto que miembros del Esmad tuvieron que intervenir.

De acuerdo con expertos en la materia, se trata de un problema psicológico, pues no es común ver a una persona burlarse de la tragedia humana. Si no se trata a tiempo puede acarrear problemas aún más graves.

Para Rita Kranauskas, especialista en comunicación no verbal, las personas que demuestran dichos comportamientos generalmente manejan dos emociones: el disgusto y la superioridad moral, por lo cual es una persona a la que “le disgusta el genero humano per se (…) priman en él las emociones de disgusto hacia la humanidad y de superioridad moral (...) lo demuestran haciendo expresiones faciales”.

La investigación

Sus mensajes fueron repudiados por la sociedad al punto de que Pérez tuvo que pedir disculpas públicamente. En sus palabras manifestó que no dimensionó sus comentarios y señaló que lamentaba la tragedia de Fundación.

Sin embargo, sus arrepentimientos no bastaron y la Fiscalía General decidió abrirle una investigación penal por el delito de hostigamiento por motivos de raza y origen nacional, ético o cultural que da una pena de hasta tres años de cárcel.

Aunque la investigación está en curso en manos de un fiscal de la URI de Ibagué, fuentes del ente acusador confirmaron que no ha sido posible realizar una audiencia de imputación de cargos debido a que, al parecer, Pérez y su familia salieron con rumbo desconocido de la ciudad.

Colprensa intentó comunicarse con la Universidad Cooperativa de Ibagué para conocer si Pérez continuaba asistiendo a clases regularmente, pero fue imposible conocer dicha información.

El delito

La investigación penal que la Fiscalía le abrió a Pérez se basa en los argumentos de la ley 1482 del 30 de noviembre del 2011, o conocida también por el nombre de ley antidiscriminación.

En ella se lee “garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”.

Las personas que violen o incurra en el delito podrán pagar una condena de hasta tres años de cárcel y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir entre cinco y ocho millones de pesos.

Según esa legislación, las penas deberán incrementarse desde una tercera parte cuando el acto discriminatorio se ejecute “en espacio público, a través de los medios de comunicación masiva (…) o se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la tercera edad o adulto mayor”.

¿Hay avances?

Aunque el proyecto de ley se creó “para la lucha contra de la discriminación y para penalizar el racismo”, diferentes defensores de los derechos humanos afirman que aún falta trabajar en la misma.

“Es un avance importante en la legislación colombiana, pero seguimos viendo el eje problemático y es que no se han adoptado mecanismos para garantizar el respeto por los demás”, expresó el abogado Jorge Molano.

Por su parte, el litigante Luis Guillermo Pérez señaló que la justicia colombiana y el Gobierno deberían establecer políticas públicas que permitan contribuir a la eliminación del racismo.

“Hay que eliminar y sancionar públicamente los chistes de connotación racista y discriminación que existen en la sociedad (…) en lugar de limitarse a sancionar conductas penales o responsables por discriminación”, enfatizó.

Además exclamó que “la justicia ya no se debe estar preocupando por perseguir conductas que desgastan a la justicia. El ya expresó públicamente su arrepentimiento. No hay necesidad de hacer perder el tiempo a la justicia”.

Lo que sí es cierto es que a la fecha aún no se conoce de ninguna situación judicial que lleve a sanción o a prisión a quienes hacen estos actos de persecución o discriminación.