Un joven golpeó brutalmente a su novia en un ataque de celos. Una niña de 13 años fue abusada sexualmente por su padrastro. Una mujer dio una golpiza a su hijo; a otra su inquilino le debe más de seis meses de arriendo.

El perro del vecino fue envenenado y a Clara Inés unos estafadores le estafaron en 20 millones de pesos, por una casa que nunca le entregaron.

Estas historias son las que a diario se escuchan en la sala de espera de las casas de Justicia del país. Son testimonios conmovedores sobre el día a día de la vida en vecindad.

Las cifras del Ministerio de Justicia indican que solo en 2015, con corte a 31 de mayo, más de 225 mil personas han recurrido a estos sitios para conciliar, los problemas de familia y de vecinos.

Malas experiencias

“Estaba por comprarme una vivienda, para ello le entregué muy confiada a quienes me venderían la propiedad una suma de 20 millones de pesos, pero nunca me entregaron mi casa. Comencé un camino visitando la Fiscalía, donde puse mi denuncia, pero el tiempo pasaba y pasaba y yo di por perdido mi dinero y hasta mi sueño”, cuenta Clara Inés.

“Un día conocí al coordinador de la Casa de Justicia de Cali, le conté mi caso y me dijo que la entidad podría ayudarme. La verdad no creí, pero al final me dejé convencer y llevé los papeles de mi casa, así citaron a quienes me engañaron, se llegó a una conciliación de acuerdo de pago y hoy, no solo recuperé mi dinero, sino que pude comprar mi casa”, relata quien es una de las beneficiadas de una de las 104 casas de Justicia que operan en el país, en una figura que esta semana cumple 20 años de funcionamiento.

Balance del programa

En los primeros 20 años de operación del programa han sido atendidos, según cifras del Ministerio de Justicia, nueve millones 845 mil personas.

En 2014 la atención fue de cerca de 400 mil personas, siendo Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca, Casanare y Putumayo los departamentos donde más acuden a estos centros de atención.

El programa de las casas de Justicia fue creado con el propósito de ayudar a resolver de manera rápida y efectiva algunos tipos de controversias o problemas cotidianos, con el fin de no llegar a instancias mayores de la justicia.

Así lo explicó, en entrevista a Colprensa, la Viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos Serrano, quien advierte que “el balance es agridulce, mas tirando a dulce que a agrio. Las casas de Justicia fueron un modelo que se creó para integrar diferentes servicios para la resolución de conflictos.

“El modelo funciona en la medida en que en las casas hay presencia de varias entidades del Gobierno y eso ha servido para que la gente encuentre en un solo lugar la autoridad que necesita para resolver su problema. Así se ha logrado llegar con atención de justicia a población vulnerable, de estratos Uno o Dos”.

La parte agria está en que a la fecha no se ha logrado la confluencia de todas las instituciones: “Nos hemos dado cuenta de que no en todas las casas el servicio interinstitucional funciona tan bien, tenemos casas donde está la Fiscalía, pero no Medicina Legal.

“Otro conflicto es que las casas están enfocadas a ese mecanismo alternativo y penal, no en todas están los jueces; tenemos jueces de pequeñas causas en 14 de las casas; todo esto conlleva a que se resuelva de manera parcial el conflicto y eso es lo que estamos tratando de corregir”.

Hay críticas

Esta falencia hace que el modelo sea criticado y cuestionado por analistas como Ariel Ávila.

“Es un método interesante que logra la confluencia de varias entidades del Estado, pero se ha demostrado que es deficiente y que no ha sido tomado en serio por la justicia. Al punto que no existe un seguimiento sobre los procesos que se manejan, no se sabe cuáles se abren o se cierran”.

Además dice: “Las casas de Justicia están concentras en municipios grandes y no se llega a los más pequeños, generando un problema de segregación; tampoco ha sido posible la creación de más centros”.

Sin embargo, la viceministra Ana María Ramos afirma que el plan a futuro es crear más casas de Justicia, incluso para ello se cuenta con más presupuesto y está en marcha un proyecto en el que podrán participar las entidades privadas.

“Los recursos que tiene el Ministerio son limitados, pero vamos a recibir unos recursos adicionales para hacer Casas de Justicia. Tenemos zonas que no tienen recursos para hacer su aporte, pues cabe recordar que el Ministerio aporta una parte y otra corresponde a los entes regiones, para ello se está trabajando en un proyecto de alianza público-privada”.

En cuanto a la llegada de los servicios a las zonas más apartadas del país, aseguró que desde hace un tiempo se está trabajando en casas de justicia móviles, con el fin de llevar el Estado a las comunidades.

“El objetivo es desconcentrar las casas y hacerlas móviles para que lleguen a todos los municipios. Tenemos el caso de El Bagre (Antioquia): arrancar fue difícil y al principio no era familiar asistir a estas jornadas, pero ahora ya conocen el proceso. Es una forma de que la gente conozca el Estado y vaya hacia él”, explicó la Viceministra.

Por último, insistió en un compromiso del “Consejo de la Judicatura para llevar a los jueces de pequeñas causas a todas las casas, el Estado tiene que dar la garantía de resolución, las Casas de Justicia están para resolver el conflicto del día del ciudadano”.

“La meta no es solo llevar la propuesta de justicia, sino también incluir servicios sociales que no tienen que ver con las soluciones de conflictos, pero sí con la vida en comunidad. Es decir, conocer los programas del Ministerio de Salud, los proyectos de la Primera Dama de la Nación, entre otras entidades que permiten la articulación y llevar la ayuda completa”, finalizó la Viceministra.

Se resuelven problemas de vecindad

Quienes acuden a los centros de las casas de Justicia habitualmente reportan casos de familia, como violencia intrafamiliar, custodia, divorcio, separación de bienes, alimentos, adopción y sucesiones.

Entre tanto, la segunda línea de casos la ocupan problemas legales como: los delitos por hurto, acoso o abuso sexual, abuso de confianza, amenazas, lesiones personales, soborno, estafa. Y luego, las denuncias de violaciones por parte de la Fuerza Pública, exclusión de servicios de salud y educación, y discriminación por sexo o religión.

Le siguen los conflictos entre vecinos por chismes, calumnias, ruidos, humedades, animales, invasión del espacio público. O por no pago de arriendo y de servicios públicos.

En menor número se registran problemas civiles, como: contratos, escrituras, embargos, deudas de dinero, objetos, daños a cosas, incumplimientos, inconformidad con trabajos recibidos, pérdida o robo de documento de identidad, cambio de cédula, despidos injustificados, liquidaciones laborales y falta de pago.

Historia de las Casas de Justicia 

Las casas de Justicia en Colombia como programa, iniciaron en 1995, por iniciativa del entonces Ministerio de Justicia y del Derecho. El día 17 de junio de ese año fue acogido por el Gobierno de Bogotá, con la implementación de la primera Casa de Justicia en Ciudad Bolívar, poco tiempo después se inauguró la segunda Casa de Justicia, en Aguablanca (sector popular de Cali).