En la hidroeléctrica El Quimbo, en Huila, los cronogramas no se cumplieron. Desde 2008 la empresa Emgesa (filial de la italiana Enel) prometió que en diciembre de 2014 las obras estarían concluidas.

En teoría, en 2015 la hidroeléctrica estaría generando el cinco por ciento de la energía eléctrica que necesita el país. En ese lapso han surgido contratiempos, sanciones contra la compañía y una notable inconformidad por parte de los pobladores de Gigante, Garzón, Altamira, Paicol, El Agrado y Tesalia (área de influencia del proyecto).

Desde el 16 de diciembre de 2015, cuando cesó la actividad de la hidroeléctrica por orden de la Corte Constitucional, el debate público sobre la reactivación ha girado en torno al soporte que brindaría el proyecto para atender a la demanda energética durante el fenómeno de ‘El Niño’.

Sin embargo, para algunos habitantes de la zona de impacto, más allá de la generación de energía, es urgente que se resuelvan las problemáticas ambientales, sociales e incluso legales que ha causado El Quimbo desde que inició su construcción.

El fallo emitido por la Corte declaró inexequible el Decreto 1979, con el que se autorizó el funcionamiento de la hidroeléctrica a finales de junio pasado.

En ese entonces, las operaciones de la hidroeléctrica estaban suspendidas por una medida cautelar expedida por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM). Dicha medida tenía que ver con la contaminación del agua del embalse por la presencia de biomasa (vegetación), que debía ser retirada antes de inundar la zona.

Desde que inició el llenado, la CAM advirtió que había fallas en el retiro del material vegetal. La Corte Constitucional ratificó esta información señalando que Emgesa debía retirar 210 mil 449 metros cúbicos de madera. Sin embargo, según la CAM solo se retiraron 165 mil 975 metros cúbicos. ¿Quedó un saldo de 44.473?

Esta duda es la que tiene a Emgesa luchando contra las autoridades judiciales que han impedido que el proyecto entre en operación.

Emergencia

Por estos días, el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete han pedido con urgencia que se reanude la operación de la hidroeléctrica. La razón: 23 departamentos están en alerta roja por los bajos niveles de los ríos Cauca y Magdalena, y la suspensión de operaciones en El Quimbo no ha permitido que fluya agua hacia el río Magdalena.

“No puede ser que, por decisión de uno o unos jueces, millones de colombianos acaben sufriendo unas consecuencias realmente dramáticas. Por eso quiero hacer un llamado respetuosísimo, pero totalmente contundente, para que por favor levanten esta prohibición”.

En el mismo sentido se pronunció el director de Cormagdalena, Luis Álvaro Mendoza, la semana pasada: “En la medida en que estén operando tanto la central de Betania como la represa de El Quimbo se restablecería el flujo de caudales, entregándonos aproximadamente entre 200 y 300 metros que hoy en día están retenidos y que hacen que el nivel de agua frente a Barrancabermeja para la navegación esté demasiado bajo”.

De hecho, para que la navegación de embarcaciones en el Magdalena sea posible, se necesitan mínimo 2.2 metros de profundidad.

Por el fenómeno de ‘El Niño’, según Cormagdalena, la profundidad está en 1.2 metros. “Esos 200 a 300 metros cúbicos que aportaría El Quimbo nos representaría entre 1 y 2 metros de altura que mejorarían notoriamente la navegación”.

Mejorar la navegabilidad del río y garantizar el 5 por ciento de la demanda energética del país han sido, en líneas generales, los argumentos esgrimidos por el Gobierno para reactivar la hidroeléctrica. Al lado opuesto están las organizaciones sociales de la zona, como la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) que han denunciado supuestos incumplimientos de la licencia ambiental por parte de Emgesa.

Miller Dussán, docente de la Universidad Surcolombiana de Neiva y representante de la organización, dice que de las 360 familias que debían ser reasentadas según la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), solo se han reubicado 50, y señala que el nuevo censo de afectados asciende a 32 mil personas por alteraciones a las cadenas productivas.

¿Contaminación del agua?

En las últimas semanas se ha presentado otra discusión relacionada con la operación de la hidroeléctrica El Quimbo. Emgesa ha asegurado que “el agua almacenada, sin posibilidad de su recambio, disminuye drásticamente el oxígeno, lo que podría ocasionar un deterioro ambiental, que, junto con la disminución del caudal al ingreso del embalse de Betania, podría causar un daño a la actividad piscícola”.

Según Carlos Alberto Cuéllar, director de la CAM, “lo que realmente se requiere es que se garantice la calidad del agua y el cierre de la hidroeléctrica no garantiza eso, al contrario, producto de ese estancamiento se va a generar una dinámica de contaminación”.

Eso sí, Cuéllar señala que la responsabilidad debe asumirla la empresa por no retirar el material vegetal en el momento oportuno.

Para Gildardo Rojas, pescador del municipio de Hobo, la actividad pesquera comenzó a deteriorarse desde antes que El Quimbo comenzara a funcionar.

Él dice que lo que más preocupa actualmente a la comunidad es la seguridad alimentaria, porque la escasez de peces está afectando sus cadenas productivas.

Rojas recuerda que hace 23 años, cuando comenzó a dedicarse a esta actividad en el embalse de la represa Betania (12 km aguas abajo de El Quimbo, en la cuenca alta del río Magdalena) podía atrapar de 70 a 120 libras de pescado diarias y ahora, a pesar de que han duplicado el número de anzuelos (de 30 a 60) coge máximo cinco libras.

“Si nosotros nos comíamos tres comidas al día, hoy nos tenemos que comer una y no en buenas condiciones”, dice Rojas, quien también es vocero de los pescadores artesanales de la zona.

Según él, con los costos que implica ir a pescar —unos 40 mil pesos entre la gasolina para la lancha, mototaxi para el desplazamiento y comida para la jornada—, hoy no es rentable ir a pescar.

Para este gremio, la medida cautelar no se debe levantar hasta que se tomen medidas que garanticen la seguridad alimentaria.

Así vuelva a operar la hidroeléctrica, las buenas condiciones para la pesca no están garantizadas.

De acuerdo con el representante de Asoquimbo, hoy se presenta una crisis en la pesca artesanal porque unas mil familias de la zona dependen de esa actividad.

Por otro lado, las 74 empresas que se dedican a la producción piscícola en el embalse de Betania manifiestan que tienen pérdidas del 70 por ciento de alevinos (crías de peces que llevan al embalse para repoblar).

Luis Manuel Gutiérrez, gerente de la Asociación de Piscicultores del Huila, Asopishuila, dice que en este momento se encuentran en una encrucijada, “no sabemos si es mejor que la dejen así o que la abran”.

¿Ha cumplido Emgesa?

Los compromisos sociales y ambientales que asumió Emgesa con la construcción del proyecto se han quedado, para Asoquimbo, en buenas intenciones. La recuperación de la fauna y el reasentamiento de las familias que vivían en el área de influencia no se ha presentado como la Gobernación del Huila esperaba.

Así respondió el gobernador Carlos Mauricio Iriarte ante la suspensión de operaciones: “Creo que la licencia ambiental, la Constitución y la ley son para cumplirlas, ahí no cabe ninguna excusa ni ninguna negociación. La producción de energía no puede pasar por encima de los intereses regionales, por encima de los derechos que tiene el departamento”. Uno de los compromisos que ha reclamado el gobernador es en la adquisición de cinco mil 200 hectáreas por parte de Emgesa. Según la empresa, dos mil 500 ya fueron adquiridas y dos mil 700 le corresponden al Incoder.

Existen otros puntos que, dice Emgesa, se han cumplido. Estos fueron algunos de los que mencionaron sus voceros en respuesta a El Colombiano: “Construimos el viaducto más largo de Colombia, de 1.7 kilómetros, que conecta al municipio de Garzón con El Agrado (la inversión fue de 103 mil millones de pesos). Construimos 12.5 kilómetros de nuevas redes eléctricas, cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, seis puertos de embarque para aprovechamiento del embalse”.

En materia ambiental, Emgesa dice que ha invertido 103 mil 300 millones de pesos en diferentes compromisos, como “la adquisición de 11 mil 79 hectáreas para el plan de restauración ecológica. Rescatamos más de 26 mil animales y 45 mil peces en la fase previa al llenado. En lo social invertimos 358 mil millones de pesos. Entregamos más de mil hectáreas para desarrollo de planes de producción agropecuaria”.

En relación al llenado del embalse sin el retiro total de la biomasa, Emgesa se defiende señalando que la Anla hizo “ajustes” en la licencia ambiental: “La autorización para iniciar el llenado se hizo bajo el compromiso que se seguirían los trabajos hasta finalizar lo determinado por la licencia ambiental, tal y como se viene haciendo”.

La Anla, asegura Emgesa, también les permitió “el no aprovechamiento forestal (no talar) en las zonas de difícil acceso por motivos de seguridad de las personas que realizan estos trabajos”.