Las quejas de los residentes en la comuna Nueve de Ibagué crecieron respecto a la instalación de una antena de telefonía que se construyó el 20 de junio de 2015, en el antejardín de la casa de Esperanza Gongora Garzon lote N. 3 en la calle 119 numero 47 sur 60 del barrio San Francisco Aparco, Parcelación Los Cerritos.

Isabel Rincón de Reyes, es una de las ciudadanas que se comunicó con El Nuevo Día para manifestar su inconformismo. De la misma manera lo hizo su hija Martha Lucía Reyes y su padre Dagoberto Gabriel Reyes, quienes expresaron que en su casa hay enfermos y personas de la tercera edad “quienes se verían gravemente afectados si no quitan pronto esa antena del antejardín”.

Los afectados piden que la resolución 10220730 hecha el 9 de octubre de 2015, y que declara infractor de la ley 388 de 1997 a la señora Esperanza Góngora Garzón, tras instalar la antena de telecomunicaciones ilegalmente sin autorización de la comunidad, sea aplicada por Espacio Publico.

La resolución también establece imponer una multa al contraventor por la suma de 4’639.248 pesos y ordena su demolición. Siendo así, los habitantes de la vivienda solicitan que la resolución hecha ante la Oficina de espacio Público de Ibagué sea haga efectiva y que se agilice el retiro de la antena.

Del mismo modo, la comunidad pide que se obligue a la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Espacio Público, ordenar a la empresa Torres Andinas S.A.S la desinstalación de la antena, ya que están en desacuerdo con su ubicación, sobre todo porque son de alto poder y forman un campo magnético con las que están cerca; y que también afecta a los centros educativos, residencias y hogares infantiles que hay en el sector.

Además, aclaró que hubo una mala voluntad por parte de la empresa Torres Andinas S.A.S, porque instaló la antena sin antes socializar ni contar con los permisos y firmas de los residentes de la localidad. Y, mucho menos con el aval de Dagoberto Gabriel Reyes (dueño de la casa), para ejecutar la obra “debiendo ser un requisito fundamental para la instalación”.

Por otro lado, asegura que su vecina Esperanza Góngora Garzón, quien dio autorización para la construcción de la antena, se opuso ante las quejas de los habitantes para su desinstalación y generó conflictos y peleas con sus vecinos, hasta intentando de manera ilegal, cerrar el acceso a su propia residencia a sus vecinos por 25 años y apropiándose del lugar, quitando y escondiendo la reja donde están ubicadas las casas, instalando muros y escombros por el camino de acceso.

De manera que para Martha Lucía Reyes y su familia es muy difícil la situación que tiene que lidiar todos los días con su vecina, más aún, al tener que ser testigos de sus burlas, amenazas y agresiones.

No obstante, Reyes asegura que se encuentra muy afectada con la ubicación de la antena, ya que está enfrentando un proceso de cáncer y le preocupa que las radiaciones de la antena afecten más su salud.

“Exigimos que por favor la retire a una zona que no sea residencial, alejada de estos barrios, para que no perjudique la salud de nadie”, reclamó.

Ante esta situación, solicitan la intervención de Espacio Público con el fin de que retiren la antena del sector, pues los vecinos no están de acuerdo y dijeron que no permitirán que la antena siga en el lugar.

Por su parte, Camilo González Pacheco, secretario de Gobierno, aseguró que frente al tema de las antenas están pendientes los criterios que se han establecido ante la Corte Constitucional.

Asegura que es un tema que está en discusión jurídica, y que la Defensoría del Pueblo y la oficina de Espacio Público están implementando una reglamentación de acuerdo con las medidas que regula el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), también que acudirán a diferentes sectores de la ciudad para buscar con la comunidad la defensa de los derechos fundamentales de las personas que pueden estar en peligro en cuanto a la instalación de las antenas.