La denuncia fue hecha por Abel Sepúlveda, médico y gerente de la IPS Emcosalud, encargada de prestar servicios médicos y asistenciales al magisterio en el Tolima y el Huila, donde se cuenta con 53 mil afiliados; 27 mil de Tolima y 26 mil del Huila, cifras que incluyen los núcleos familiares de los docentes.

“Los contratistas de salud del magisterio estamos solicitando que nos paguen la facturación por conceptos de alto costo, promoción y prevención, salud ocupacional y por ajustes de bases de datos”, dijo Sepúlveda en claro rechazo a la deuda que por meses tiene con ellos la Fiduprevisora, y que en algunos casos supera periodos de tiempo de varios años.

Según conoció Colprensa, la deuda con los contratistas del magisterio a nivel nacional asciende a 235 mil millones de pesos, cifras que afectan la atención requerida por los cerca de 800 mil docentes del país tras haber suscrito un contrato el 1 de mayo de 2012.

Al monto referido se suman 25 mil millones de pesos que por todo concepto la Fiduprevisora les adeuda a los contratistas de la región uno (el país, para estos aspectos se dividió en cinco regiones). La región en mención equivale a la porción del territorio nacional comprendida por los departamentos de Nariño, Valle Cauca, Caquetá, Putumayo y Huila. Allí la mora supera los 26 meses.

“A la fecha, y desde 1 de mayo de 2012, se empezaron a acumular deudas. Desde entonces nos deben dinero por ajustes relacionados con las bases de datos. Por temas relacionados con casos de alto costo nos deben facturas por 14 meses y en algunas regiones las deudas superan los 26 meses”, señala Sepúlveda, quien agrega que los montos siguen creciendo en temas relacionados con la promoción, la prevención y salud ocupacional, respecto de los cuales ya la deuda llega a diciembre de 2015 y enero de 2016, y se agrava aún más debido a que a la fecha no se ha auditado lo relacionado con los meses de febrero, marzo y abril pasados.

Los reclamos hechos ante la Fiduprevisora -dice Sepúlveda- han sido resueltos por esa entidad argumentando que la demora obedece a la necesidad de auditar la totalidad de las cuentas. Al respecto, el gerente de Emcosalud considera que el tema es entendible, pero añade que el problema es que el retraso en la auditoría ya supera los dos años y esto afecta los procesos propios de cada uno contratistas.

“Los contratistas no nos oponemos a las auditorías, solo solicitamos que estas se hagan en los términos estipulados en los pliegos y que si se hacen después, reconozcan los intereses de mora respectivos, de acuerdo con la asignación de riesgo del contrato, que en este caso le corresponde a la Fiduprevisora. De ser así, el monto de las deudas se podría duplicar”, dice Sepúlveda.

A pesar del acuerdo que muestran frente al argumento de la Fiduprevisora, los afectados contraponen el plazo de un mes que los pliegos establecen para que las cuentas de alto costo sean canceladas, esto es, un mes después de presentadas deben ser auditadas y pagadas.

“La falta de pago de la Fiduprevisora está afectando el normal funcionamiento de las entidades contratistas, y aunque los riesgos se están manejando con las uñas, la ausencia de pago mostrará sus efectos en los próximos 30 días”, agrega Sepúlveda, al reclamar el pago para que cada contratista tenga liquidez.

“La alerta está directamente relacionada con el flujo de caja deficiente”, añade el denunciante.