Recibimos de la manera más natural del mundo la decisión de declarar inconstitucional el artículo 37 de la Ley 685 del 2001 -Código de Minas-, indicó a EL NUEVO DÍA, Ernesto Cardoso Camacho, procurador Judicial, Ambiental y Agrario.

“En el marco de la claridad conceptual y jurídica debemos entender que la decisión del Alcalde de Ibagué y de los Concejales, que se produjo a finales de marzo, en el sentido de convocar a la ciudadanía a una consulta popular con el objetivo de restringir o prohibir la minería en el territorio de Ibagué, fue una decisión administrativa que contrarió de manera flagrante la expresa prohibición legal de ese artículo 37”, destacó el Procurador Ambiental y Agrario del Tolima.

Prevaricato por Acción

Según el representante del Ministerio Público la decisión de la Corte Constitucional le da toda la razón a la Procuraduría.

“Los servidores públicos que tomaron esa decisión pudieron incurrir en un prevaricato por acción, pero adicionalmente la Procuraduría les advirtió que lo que estaban haciendo era contrario a la Ley, lo que genera la opción de activar la función disciplinaria al Alcalde y a los concejales de Ibagué.

‘Se emborracho la Policía’

Cardoso aseguró que la seguridad jurídica se encuentra amenazada y está dejando desorientados a los ciudadanos que cada vez creen menos en los organismos de justicia.

“Se emborrachó la Policía, hace dos años esta misma Corte que es la encargada de salvaguardar nuestra Constitución decía que el artículo 37 era constitucional y ahora afirma todo lo contrario”, sentenció el funcionario.

Centralismo

Para Cardoso, la decisión que toma la Corte Constitucional es sensata y conveniente para el medio ambiente al quitar ese centralismo.

“Regresarle la participación a las autoridades territoriales con relación a ese tipo de política pública minera nos parece sensato, tenemos que decirlo con absoluta claridad una vez conocida la decisión oficial, la Procuraduría será la primera en hacerla cumplir, de hacerla respetar, por que una de nuestras obligaciones es hacer cumplir la Constitución, las decisiones judiciales y los actos administrativos”, aseguró.

No soy prominero

Todos los señalamientos que nos hicieron como Procuraduría fueron infundados por unos intereses políticos, por una desinformación, lo único que hemos hecho es defender la Ley, en vez de discutir con la Administración nacional se quedaron en unos agravios contra una institución bien intencionada”, afirma Cardoso.

“Siempre estuvieron equivocados, en vez de discutir el problema con el Gobierno nacional le ‘dispararon’ cómo se dice popularmente a la Procuraduría, porque el Gobierno nacional nunca afrontó el debate ni el cuestionamiento a su política pública. Ese vacío institucional nos tocó asumirlo a la Procuraduría y lo hicimos con todo el carácter, con todo el rigor jurídico y legal, pero siempre ejerciendo la función con todo el respeto a la opinión contraria”, aseguró.

Consulta popular

Cardoso Camacho asegura que mal podría el Tribunal Administrativo decidir que avala la Consulta Popular que se le ha presentando para su examen por parte del Alcalde y del Concejo de Ibagué, cuando esa decisión administrativa se dio en vigencia del artículo 37, que expresamente le prohibía a esas autoridades tomar decisiones de esa naturaleza.

“La Procuraduría lo advirtió, nos decían que era matoneo, simplemente era ejercicio de nuestra función constitucional y legal, el Tribunal no puede avalar ya que había una norma legal, que expresamente les prohibía tomar ese tipo de decisiones; dadas estas condiciones fácticas y jurídicas no deben avalar esa consulta”, aseveró.

Cajamarca

Para el Procurador la iniciativa de recolección de firmas que se adelanta en la denominada despensa agrícola colombiana era el camino que debía recorrer la ciudad de Ibagué.

“En Cajamarca no cometieron ese error, optaron por recoger firmas, optaron por la participación ciudadana para convocar una consulta popular”, sentenció.

El retiro

Por pensión de jubilación hasta el día de hoy despacha como procurador Judicial, Ambiental y Agrario, Ernesto Cardoso Camacho, abogado de la Universidad Nacional de Colombia graduado en 1974, ejerció su función de Procurador Ambiental desde septiembre del 2011.

Por último, afirmó que el balance es positivo y que en su carrera de 25 años nunca tuvo ninguna sanción.