Reclusos con VIH en el Tolima sin atención médica

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
El Ministerio Público en Asuntos Penales presentó incidente de desacato, con el propósito de que se verifique la situación de los presos y, de demostrarse, se impongan las sanciones y correctivos pertinentes.

La Procuraduría General de la Nación alertó porque no se está cumpliendo un fallo de tutela del Tribunal Superior de Ibagué que ordenaba atender, en 48 horas, a los reclusos ubicados en penales del departamento que tienen enfermedades catastróficas como VIH, ya que no reciben tratamiento desde enero de 2016.

El fallo del pasado 14 de junio ordenó a las autoridades que en 48 horas procedieran a brindar el tratamiento de atención en salud que requieren los afectados, como suministro de anti retrovirales, valoración por el médico especialista infectólogo, exámenes de laboratorio de control que se requieran para el tratamiento del VIH.

No obstante, dice la Procuraduría, pese a los requerimientos de esa entidad, las autoridades encargadas no han dado respuesta sobre el efectivo cumplimiento del fallo y en cambio sí se ha recibido información sobre el incumplimiento del mismo.

Por esa razón, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales presentó incidente de desacato, con el propósito de que se verifique la situación de los presos, y de constatarse se impongan las sanciones y correctivos que en derecho correspondan.

Defensoría del Pueblo

Para Miguel Ángel Aguiar, Defensor del Pueblo en el Tolima, los problemas de salud de esta población son una constante en la que en ocasiones, ni siquiera con tutelas, se generan respuestas positivas a los derechos vulnerados a los reclusos con VIH.

“La Defensoría ha presentado alrededor de 10 tutelas y todas han sido falladas a favor, pero se sigue jugando con la vida de estas personas que requieren con urgencia acceder a estos medicamentos”, dijo.

Para el Defensor, los más de cinco mil 400 reclusos del Coiba de Picaleña, viven en condiciones adversas y sin un servicio básico de medicina.

“La situación es preocupante, porque no solo son los reclusos con VIH, a los que se les está vulnerando sus derechos, la población general que cada vez y en mayor medida deben recurrir a las acciones legales para acceder a la atención con especialistas, procedimientos quirúrgicos, entre otros”, puntualizó Aguiar.

Credito
EL NUEVO DÍA

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