A raíz de las demoliciones de los predios en el barrio Matallana, en Ibagué, el pasado 10 de febrero, la Personería se comprometió a desarrollar un proceso de intervención psicosocial y acompañamiento jurídico con la comunidad del sector, con el fin de generar dinámicas de resocialización y mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de la zona.

Por lo anterior, Juan Felipe Arbeláez, personero (e), y los profesionales adscritos a la Personería delegada de Ministerio Público y Derechos Humanos se desplazaron al barrio, con el fin de dialogar con la comunidad afectada para conocer de primera mano las razones y necesidades de esta comunidad que está en condición de vulnerabilidad del centro de la capital tolimense.

La visita, que tuvo como fin la construcción de un diagnóstico y caracterización de la problemática y la población, se desarrolló con base en los testimonios recogidos de algunas personas que residían en los predios demolidos, así como otros habitantes de la zona, quienes dijeron al jefe de la dependencia que la mayoría de los afectados están hacinados en casa de los vecinos y los menores se han visto vulnerados, enfrentándose a los rechazos y burlas de sus compañeros de estudio.

Falta atención

El Personero expuso la preocupación, por el alto número de menores que habitan entre la población y que no han tenido la posibilidad de contar con atención médica -brigadas de salud odontológicas y psicológicas-, preocupación que nace con base en lo explicado por miembros de la comunidad, quienes afirmaron que “la Alcaldía no los ha tenido en cuenta”.

Por ello, Arbeláez está articulando trabajos con todas las secretarías de la Administración municipal la atención necesaria, que permita dar solución a este problema y adelantar en forma oportuna todas las acciones que deriven en la garantía de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida para esta población.