La adecuada comprensión de los problemas que enfrenta la construcción de la paz en el Tolima requiere del análisis de algunas de las dinámicas de la guerra, especialmente del modo como esta marcó la vida cotidiana de los pobladores donde ella se vivió con mayor intensidad. En el país, las Farc desarrollaron diversas estrategias de control sobre quienes habitaban cada región, asociadas a sus tácticas de supervivencia económica, política y militar.

Aun cuando la complejidad de dichas estrategias es enorme, puede plantearse que, para la última década, existieron tres tipos básicos. En primer lugar, se hallan zonas en las que esta guerrilla operó básicamente como un cartel de la droga, centrándose en el negocio y compitiendo con grupos rivales; en segundo lugar, existen regiones en las que las Farc combinaron los cultivos de coca, los laboratorios y el control de rutas, con cierto trabajo político y social alrededor del campesinado cocalero que acudía a ellos para resolver conflictos y hacer negocios, constituyéndose en una suerte de autoridad; finalmente, se encuentran las zonas donde el control de la población no se articuló directamente con la economía del narcotráfico, dichos lugares se constituyeron en territorios de resguardo de los combatientes. Es evidente que los retos del posacuerdo son diferentes en cada caso.

Para el primer caso, el problema del posconflicto, se refiere a la sustitución de las Farc por otro grupo narcotraficante, es decir, ¿quién tomará el lugar de esta guerrilla en el negocio, una disidencia, otra organización armada, o, por el contrario, será el Estado el que reducirá ese tráfico y lo controlará?

Para el segundo caso, en el que las Farc combinan el negocio con la regulación del territorio, el problema pasa por el éxito o el fracaso de las políticas de sustitución de cultivos ilícitos; se requiere en estos casos de la transformación del campesinado cocalero (que ha estado bajo el control de las Farc), en un actor que vive y prospera en una economía legal. Así que, si la sustitución es exitosa, la desmovilización de las Farc habrá dado sus frutos pues de lo contrario se reproducirá el ciclo de violencia.

Finalmente, el reto para las zonas donde las Farc operaron como la autoridad sin involucrar directamente al narcotráfico, se refiere tanto al acceso a la justicia efectiva y eficaz, como a la construcción de proyectos productivos que beneficien a los excombatientes y a los campesinos con los que convivirán.

El diagnóstico

Pues bien, en el Sur del Tolima, las Farc ejercieron un control territorial que no estuvo mediado por la dinámica del narcotráfico. En efecto, en las últimas décadas, la zona no contó con importantes cultivos ilícitos, ni vivió las intensas disputas por el control de rutas y laboratorios que se conocen en otros lugares del país, como en el Chocó, en el norte de Antioquia o en la costa Pacífica nariñense.

Sin embargo, la desmovilización de esta guerrilla, para el Sur del Tolima, ha dejado un vacío, en el sentido de que ya no se cuenta con un actor que regulaba la delincuencia, lo que ha dado paso a la emergencia de la llamada delincuencia común, así como para el desarrollo de estructuras de delincuencia organizada que pretenden controlar los grupos locales y desarrollar redes ilegales en el país.

Otro problema se refiere a la circulación de panfletos que amenazan la vida de líderes campesinos y de activistas políticos. Esos panfletos pueden provenir de la delincuencia común, de algunas estructuras delincuenciales organizadas, de grupos neo-paramilitares que han encontrado la oportunidad de renovar su lucha contrainsurgente, e incluso, como dicen los más atrevidos, de algunos sectores de las propias fuerzas militares. En todo caso, la desconfianza en el proceso cree, lo que, lamentablemente, se evidencia en la desconfianza hacia las autoridades legales.

Es necesario reconocer, en todo caso, los esfuerzos estatales por enfrentar los problemas de seguridad, así como los incipientes esfuerzos por desarrollar las estrategias de desarrollo rural que demanda el Sur del Departamento. Sin embargo, es urgente avanzar en las estrategias de acceso a los mecanismos legales de resolución de conflictos y de atención a la violencia, pues se corre el riesgo de que la desesperación conduzca a algunos a aplicar la justicia por propia mano, y por esta vía, a desatar nuevos ciclos de violencia. Es urgente, así mismo, desarrollar las estrategias de reparación a las víctimas y de reintegración de los combatientes a través de proyectos colectivos rurales que sean articulados con la economía de la región, puesto que, de otro modo, se corre el riesgo de que los combatientes pasen a engrosar, de forma masiva, las filas de los grupos delincuenciales.

A este complejo panorama, se suma la indiferencia nacional y regional frente al devenir del proceso. Infortunadamente, el modo como el proceso de paz se ha desarrollado, esto es, con escasa participación y con muy baja incidencia de los sectores sociales, ha creado un clima de pesimismo y desinterés, pues la paz se ha convertido en un anhelo que todos desean alcanzar, pero en el que pocos participan, ya que se ha convertido en un problema de bandos políticos desprestigiados y de una guerrilla que todavía tiene mucho que decir sobre cómo entiende la paz, cómo se compromete con ella, en especial, cómo va a aportar a la verdad, a la reparación y al desarrollo rural.

La pedagogía de la paz debe ser capaz, entonces, de motivar no sólo la necesidad de resolver conflictos amigablemente, sino además de implicar a la sociedad en el proceso, más aún, de motivar la apropiación de la paz por todos y para todos, de democratizarla.