Estudio que soporta el sistema estratégico de transporte es lesivo para los ibaguereños

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
El candidato a la alcaldía de Ibagué Rubén Darío Correa Carvajal, realizó denuncia pública.

Rubén Darío Correa, por el partido ADA, denuncia que el estudio de Sigma y Findeter, base para la obtención del Conpes, no incluye las obras viales que están siendo pregonadas, sacaría del negocio a los pequeños propietarios y a las actuales empresas de transporte y establece un déficit del sistema que terminarían pagando los usuarios en el incremento del pasaje y otras fuentes impositivas que afectarían directamente los bolsillos de los ibaguereños.

En defensa de mis 500 mil jefes: usuarios, juntas comunales, conductores, propietarios y empresarios del transporte,

                                                                       Denuncio
Que el Decreto Municipal 0806 de 2019, por el cual se adopta el Sistema Estratégico de Transporte Público (SEPT), no es lo que se cree y perjudicará el bolsillo de los ibaguereños.

¿En qué consiste el SEPT?

Ibagué hace parte de las ciudades sostenibles y competitivas; por ello, Findeter contrató un estudio con Sigma Gestión de Proyectos S.A.S. para que determinara lo necesario para implementar el SEPT en esta ciudad.

El estudio concluyó que el proyecto tiene un valor de total de $384.684 millones cifra 2018, de los cuales el 70% equivalente a $269.278 millones lo financia la Nación y el 30 % que corresponde a $115.405 millones más los costos financieros los debe garantizar el Municipio de Ibagué.  

Estudio no incluye las grandes obras que están siendo pregonadas públicamente para la operación SETP.

El estudio contempla como obras a realizar para la implementación del SETP, las siguientes:

- Rutas Estructurantes en las principales vías con carril preferencial demarcado.
- Rutas Alimentadoras para algunos sectores y barrios de la ciudad.
- Tricimovil para los barrios El Vergel, Praderas de Santa Rita, Boquerón, Tierra Firme, entre otros.

Aún cuando el estudio indica la necesidad de semaforización de la ciudad con la inversión en un centro de control que supervise todo el sistema, no incluye presupuesto para esta.

Con dinero del bolsillo de los ibaguereños, decreto establece fabuloso negocio para el recaudo de los pasajes en favor de terceros.

El Decreto crea un ente gestor que, mediante la figura de concesión, entregaría el recaudo de los pasajes y la operación del sistema por 15 años a un particular.

El ente gestor tendría costos anuales por $3.353 millones al año que saldrían directamente del presupuesto del Municipio.

La infraestructura tecnológica requerida para el sistema operador del recaudo tendrá una inversión de $41.590 millones de 2018, recursos cofinanciados entre la Nación y el Municipio.

Lo grave del asunto es que siendo el Estado quien financia la infraestructura, el operador del recaudo se llevaría el 7.8 % de participación en los egresos del sistema y una fiducia recibirá el 0,1% de dicho recaudo.

Pero es aún más grave que la implementación del sistema será en últimas pagada por los ibaguereños, porque el pasaje tendría un incremento en el 2020 de $200 pesos y $100  irán a pagar los gastos del recaudo. Posteriormente el incremento será de $100 pesos por año, pero en el 2024 se incrementarían otros $200 pesos con lo cual quedaría el pasaje en $2.500 pesos.


Déficit del sistema saldría del bolsillo de los ibaguereños

El estudio de Sigma contempla un déficit operacional que pretende ser cubierto de la siguiente manera:

Una tasa ambiental anual para los vehículos y motos matriculados en Ibagué, así:
$160.000 para vehículos
$50.000 para motocicletas
que se pagarían adicionales a la revisión técnico mecánica
Se pretende recaudar $12.000 millones de pesos al año (valor de 2018).

Contribución por estacionamiento en vía pública aplicable a los garajes o zonas de uso público calculado en un valor equivalente a $17 pesos por minuto.
Se pretende recaudar $2.978 millones al año. (valor de 2018).

Parqueaderos privados serían convertidos en Agentes Retenedores incrementando su costo, así:
La base gravable será de dos (2) veces el valor del pasaje promedio del servicio del transporte público. La contribución se cobrará en forma adicional al total del valor al usuario por parte del servicio.

Ingresos provenientes de mayor recaudo del impuesto predial:
Producto de una actualización catastral y un inventario de nuevos predios, se pretende duplicar el recaudo del impuesto predial y de ello el 5%, es decir $3.000 millones de 2018 irían a cubrir el mencionado déficit.

El total de lo recaudado por esas tres fuentes sería de $18.000 millones de 2018 por año.

Estudio no incluye a los 1.200 conductores dentro del sistema

El estudio elaborado por Sigma no hace alusión a los conductores del sistema, con lo cual no se sabe qué pasará con ellos, cuántos quedarán, cómo será su modalidad de contratación ni mucho menos su remuneración.

Resulta inaudito que, siendo ellos la fuerza laboral que mueve el sistema público de transporte, pues los vehículos no se mueven solos, no hayan sido tenidos en cuenta.

Reiterados fallos de la Corte Constitucional han dejado claro que la parte más débil en un sistema tiene que ser protegida e incluida ante cualquier cambio o modernización del mismo.

Imagen eliminada.
Decreto deja a la deriva a los pequeños propietarios y empresas de transporte

Siete (7) empresas de la ciudad han venido operando por más de 50 años el sistema de rutas mediante la modalidad de un convenio empresarial que dio origen a la creación de SITSA S.A., empresa a la que el municipio le entregó la operación integral de rutas.

El Decreto termina este convenio y exige uno nuevo que será objeto de evaluación y de no cumplir con los estándares de calidad establecidos, serían revocados los permisos de operación a estas siete (7) empresas y se procedería a concesionar la prestación del servicio.

El Decreto crea una nueva empresa cuyo nombre es Nueva Transportadora de Ibagué S.A.S, la cual nunca ha prestado el servicio de transporte en esta ciudad y de acuerdo con la Resolución 1360 de 2019 le fue revocada su habilitación.

Así las cosas, ¿cómo lograrían las empresas transportadoras ese convenio, estando incluida una empresa que tiene participación del 1.74% de la operación con una capacidad mínima de 14 vehículos y máxima de 17, pero que no tiene habilitación?

El estudio no determina la suerte de los propietarios y conductores de 404 vehículos que entre el 2019 y 2024 vence su vida útil (79 microbuses y 325 busetas)

El estudio no establece la fórmula financiera que logre que entre el 2018 y el 2023 los pequeños transportadores puedan unirse para que reemplacen tres microbuses ingresando un bus de 40 pasajeros, o reemplacen dos busetas por un bus de 40 pasajeros.

¿Cómo puede esperarse que los actuales propietarios de buses y empresas asuman tanto esfuerzo si no se les está garantizando la permanencia en el servicio de transporte público?

Dudosa socialización de los estudios

El estudio consigna que hubo dos socializaciones del mismo. La primera supuestamente el 23 de mayo de 2018 y la segunda el 19 de julio de 2018, pero habiendo consultado a los actores del sistema manifiestan nunca haber sido notificados, ni invitados y mucho menos enterados de las supuestas socializaciones, con lo cual el estudio y el decreto estarían incursos en grave violación de la obligatoria participación constitucional ciudadana.

                                                                                      Por todo lo anterior

Convoco a mis 500 mil jefes, gremios económicos, presidentes de juntas de acción comunal, sindicatos, conductores, propietarios y empresas de transporte, para que:

                                                                                     Unidos como uno solo

Exijamos la intervención del Director Nacional de Planeacion, el Ministro de Transporte y el Ministro de Hacienda, quienes deben revisar y socializar los estudios necesarios, que garanticen la operación de un sistema de transporte que no afecte injustificadamente el bolsillo de los usuarios, acorde con las necesidades de los ibaguereños, sin favorecimientos ilegales, sin imposiciones tributarias lesivas para el pueblo, y respetando el derecho de conductores, propietarios de buses y empresas de transporte a continuar operando el sistema.

 

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