La consulta a la CIDH también tiene el objetivo de precisar si el derecho de un presidente a ser reelegido en forma indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, de no ser así, cuáles serían las consecuencias jurídicas de dicha situación.

Colombia espera que la corte, basada en herramientas como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana (Pacto de San José), la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, precise si las medidas legislativas que adopta un Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos instrumentos internacionales.

Para que la corte dé respuesta a esta solicitud, como en cualquier proceso consultivo de esa autoridad, pueden participar los gobiernos de los miembros de la OEA, representantes de la sociedad civil y académicos que quieran aportar sus opiniones.

“El Gobierno colombiano espera que la corte reciba muchas contribuciones conceptuales de dichos sectores, que le permitan emitir un dictamen que interprete la convicción jurídica común de los pueblos de las Américas respecto a este tema fundamental”, aseguró la Cancillería.