Los bojayaseños esperaban con ansías que el presidente Iván Duque arribara al corregimiento Bellavista, en Bojayá, Chocó, para advertirle la situación de orden público que padece la zona 17 años después de una de las masacres más terribles y dolorosas de la historia reciente del país.

“Vestidos y alborotados nos dejó el presidente”, fueron las palabras que se escucharon en la plaza principal del pueblo, mientras se llevaban a cabo los actos protocolarios para dar cristiana sepultura a los más de 80 bojayaseños caídos el 2 de mayo de 2002, en los enfrentamientos entre paramilitares y las entonces Farc y cuyos restos fueron entregados a la comunidad después de años de análisis por parte de Medicina Legal.

Bellavista es uno de los principales corregimientos de Bojayá, que concentra más de 3000 personas que esperaban poner de presente al alto gobierno la falta de oportunidades, educación, salud, servicios públicos, además de concentrar sus peticiones en las denuncias hechas durante la eucaristía del domingo en honor de los muertos en la masacre del 2002.

Así las cosas, un miembro de la comunidad que representa al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó, anunció que temían por el desamparo del Gobierno, en cabeza de Duque.

“El Gobierno colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados”, fue lo que expuso el representante tras señalar que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de Riesgos, la situación sigue siendo la misma.

Este es un aparte de la carta que los bojayaseños querían que fuera escuchada por el presidente, de quien se decía por parte de la comunidad, iba a llegar a esa zona del país, a la que hace 17 años le arrebataron a los seres queridos.

Las peticiones de la comunidad, si bien las recibieron la Unidad de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la delegada de Medicina Legal y de la Fiscalía General, los afro y los indígenas de esta zona del país esperaban que llegara a un alto mando del Gobierno, sin embargo, lo que ocurrió es que las Embajadas de Noruega, Canadá, Francia y Estados Unidos, sí hicieron presencia y lamentaron no solo los hechos ocurridos, sino que recibieron con preocupación las denuncias hechas este domingo.

Como un hecho sin precedentes, la mujer que llegó al municipio y no dio ninguna serie de declaraciones, porque para ella sencillamente el protagonismo eran las víctimas, fue María Antonia Santos, hija del expresidente Juan Manuel Santos, quien se mantuvo al margen de la prensa. María Antonia se quedará en la zona, en tanto se acabe el sepelio de los muertos de Bojayá.