El decreto que originalmente buscaba cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria a 10 mil reclusos, con el objetivo de evitar un contagio masivo de coronavirus en las cárceles del país, finalmente solo cobijará a unos 4.000.

El cambio, explicó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se debió a que se acogieron los conceptos de las entidades estatales que apuntaban a establecer excepciones más amplias sobre los delitos que no podían dar lugar a excarcelación.

Sin embargo, según los expertos, la medida, adoptada este martes hacia la medianoche, se va a quedar corta para resolver la emergencia a la que le buscaba hacer frente.

No solo porque llegó tarde, cuando ya hay dos reclusos muertos y quince diagnosticados con coronavirus en la cárcel de Villavicencio, sino porque deja inquietudes sobre qué pasará con los reclusos que siguen en los centros penitenciarios, pero también cómo se va a evitar una avalancha de solicitudes de libertad y cómo se va a controlar que quienes queden en libertad no contagien a sus familias.

El decreto, que el Ministerio estudió durante tres semanas antes de ser sancionado por el presidente, establece que la medida de excarcelación está dirigida a personas mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo y con niños menores de tres años, además de personas que padecen cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, hepatitis, hipertensión, artritis reumatoidea, entre otras patologías que deben ser tratadas con medicamentos inmunosupresores.

Del mismo modo, beneficiará a las personas que tengan movilidad reducida por causa de alguna discapacidad, sumado a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años, que tengan medida de aseguramiento por delitos culposos y quienes hayan cumplido el 40% de su pena en la cárcel.

La ministra, en rueda de prensa virtual en la mañana de este miércoles, resaltó que las personas que hayan cometido delitos contra menores de edad, lesa humanidad, crímenes de guerra, narcotráfico, delitos contra la administración pública así como corrupción, y que se hayan acogido a algún trámite de Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz, no tendrán dicho beneficio.

En el caso de las personas mayores de 60 años, Cabello dejó claro que un gran porcentaje fueron condenados por delitos que atentan contra la integridad de menores de edad.

La ministra Cabello aseguró que las medidas se toman con el propósito de mitigar la contingencia que se vive por cuenta del Covid-19, que a la fecha ya deja más de 2.900 contagiados y al menos 127 muertos.

Pero, para el penalista Alejandro Carranza, el decreto, además de no ser efectivo, tiene irregularidades, pues no tiene en cuenta que personas con patologías como Epoc, obesidad, desnutrición así como los fumadores, son población en riesgo frente al coronavirus, como lo demuestran las estadísticas de fallecimiento que ya se registran en Colombia. Los adultos mayores no son los únicos en riesgo de morir, como parece asumirlo el decreto.

Y aunque el decreto no es una medida contra el hacinamiento, afirma el penalista, teniendo en cuenta que en las cárceles del país hay unos 120.629 reclusos, con la salida de 4.000, quedan aún 116.629 personas, número que por la infraestructura inadecuada con la que cuentan las cárceles, hace imposible controlar un contagio masivo.

La congestión judicial

Otra preocupación que han expresado sectores relacionados con la justicia es que los procesos de excarcelación van a terminar de complicar la ya de por sí abrumadora congestión judicial que tiene el país.

La ministra Cabello aseguró al respecto que desde hace dos semanas el Gobierno viene coordinando con el Consejo Superior de la Judicatura y los jueces están dispuestos a empezar con la labor. “El procedimiento es ágil y rápido”, dijo.

Sin embargo, el fiscal general Francisco Barbosa ya había advertido al respecto en las observaciones que hizo al borrador del decreto. “Hoy existe congestión en la resolución de este tipo de medidas y con las disposiciones del Decreto sólo se exacerbaría”, afirmó.

“Va a llenar de trabajo a los jueces de garantías, además el Código de Procedimiento Penal establece que el médico legal que diagnostica las patologías de los reclusos, es el Instituto de Medicina Legal, entonces van también a llenar de trabajo al órgano forense”, agrega el abogado Carranza.

Las medidas de salud

Pero el riesgo no solo está en las cárceles o en la administración de justicia: ¿qué va a pasar con los reclusos que queden en libertad y puedan volver a sus casas? ¿Cómo garantizar que no sean portadores asintomáticos del virus y contagien a sus familias?

La Ministra Cabello aseguró que se les tomará los registros médicos pertinentes y que desde sus casas también podrán acceder al servicio de salud, pero el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, advirtió que, por lo menos en la cárcel de su ciudad, en donde ya hay un brote de coronavirus, deben hacerse pruebas masivas a los reclusos que vayan a quedar en libertad, para evitar que el brote se transmita a la ciudad.

Si bien la medida durará inicialmente seis meses, Cabello aseguró que confía en que los reclusos tengan un buen comportamiento a la hora de regresar a los establecimientos carcelarios. Señaló que las entidades que vinculan esta iniciativa, desde jueces hasta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), deben estar atentos a cualquier eventualidad registrada con los reclusos que salen a detención domiciliaria.