Mediante un Juez de Paz fue desalojada familia venezolana

Crédito: Archivo - EL NUEVO DIA
Carmen Londoño, una mujer de la tercera edad, arrendó una casa de su propiedad en el barrio 20 de Julio a una familia venezolana, llevaban casi un año sin pagarle y por más que pedía el inmueble, los arrendatarios no querían entregarlo ni pagar lo que debían.
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A raíz de dicha situación, Carmen tuvo que asesorarse con un abogado y recurrir a un juez de paz para que le ayudara con la situación, pues esa es la única entrada económica que la señora tiene.

“Confié en ellos porque me demostraron que tenían trabajos aquí en la ciudad, pero lamentablemente uno ya no puede hacer eso, gracias a Dios, en el segundo piso de la casa hay personas que son muy cumplidas, de lo contrario estaría aguantando hambre”, contó doña Carmen.

Además, la mujer cuenta que en los primeros meses de pandemia fue un poco más flexible, porque era consciente que la situación era más compleja; sin embargo, dice que desde hace muchos meses la arrendataria está laborando y ni siquiera le abonó un centavo

Así mismo, según lo que cuentan los vecinos, es que la mujer sale desde muy temprano y llega a altas horas de la noche, y que en la casa se quedan cuatro niños entre los cinco y 10 años completamente solos. Ante la situación, Carmen decidió buscarla de alguna manera para conciliar y acabar con el problema, lo que no fue posible.

“Vine varios días a mirar si me la encontraba para hablar con ella, algunas de esas veces ella me dijo que estaba buscando, que le diera unos días, pero pasaban las semanas y la situación continuaba igual”, aseguró la arrendadora.

Carmen asegura que las empresas prestadoras del servicio público nunca le cortaron el servicio y que ahora la deuda que existe es de más de un millón de pesos, además solo fue mediante un abogado, al que también le tuvo que pagar, que Carmen pudo desalojar a la familia de su casa.

Por su parte, Carlos Pinto, un venezolano radicado en la ciudad, asegura que no son todos los migrantes los que llegan a la ciudad a robar, o hacer este tipo de actos, pero que por uno pagan todos. Y señala que a pesar de la estigmatización que se crea a diario en torno a los migrantes, no defiende a los extranjeros que quieren llegar al país a vivir de la maldad.

 

DATO

Las casas de justicia en el país reciben al menos 700 casos mensuales relacionados con esta problemática. Mientras tanto, algunos extranjeros afirman que por unos pocos pagan todos.

LINA PUENTES

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