El proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional fue la chispa que desencadenó las protestas que hoy cumplen doce días consecutivos, pero, más allá de eso, las marchas y plantones, con una energía inédita frente a otros procesos de movilización, son prueba de un cansancio y descontento de buena parte de la ciudadanía con la situación social y económica actual.

El presidente Iván Duque inició el diálogo y conversaciones con diferentes sectores para intentar desactivar el paro y tramitar una reforma tributaria que ayude a mantener los programas sociales creados a raíz de la pandemia; sin embargo, es incierto qué pueda prosperar de ese proceso. A modo de balance y estudio, cuatro analistas hablan sobre los alcances de la movilización. Esto dijeron. 

Carlos Enrique Guzmán

Director del programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima

Muchos años después del mayo del 68 de la París francesa o del DF mexicano, Colombia experimenta un mayo más contemporáneo y tal vez más complejo que el de entonces. En ese sentido, si por contexto actual entendemos la insatisfacción, desconfianza e indignación que frente al gobierno vive el país, tendríamos que afirmar de forma categórica que la movilización social ha producido una alta incidencia, no solo en lo político sino, principalmente, en lo económico y social como sectores más afectados. 

No obstante, es necesario detenernos un momento para poder interpretar los hechos que desde hace más de una semana llenan los noticieros, los diarios nacionales e internacionales, y las redes sociales. Para ello, se hace necesario identificar el origen de la movilización social que hoy recorre el territorio nacional, produciendo a su paso afectaciones sociales, económicas y políticas. Origen que no fue, solamente, la inoportuna presentación de un proyecto de reforma tributaria, a espaldas de los colombianos, mientras todos trataban de sobrevivir al contagio del Covid-19, disfrazada de necesaria para atender el déficit fiscal y la inversión social. Tampoco lo es el retiro, tardío, de la cuestionada reforma, gracias a la terquedad de un gobierno que está de espaldas a la realidad política y social del país. 

Sí lo es el acumulado histórico de insatisfacción social de los ciudadanos, principalmente los más jóvenes, que ante la indignación perdieron el miedo al Covid-19 y salieron a la calle a reclamar por el bajo rendimiento del gobierno y la forma en cómo este ha enfrentado las necesidades más sentidas de los trabajadores colombianos de clases media y baja. Es, entonces, en este contexto que podemos hacer referencia de la alta incidencia sociopolítica de la movilización social. 

Presionó el retiro de la reforma y, con ella, las renuncias del ministro y su viceministro de Hacienda; desempolvó las demandas no satisfechas del paro nacional de finales del 2019; aumentó el malestar del movimiento estudiantil, fuerte por naturaleza, que marcha al frente de las manifestaciones reivindicando las también incumplidas promesas de gobierno; sumó a la movilización el descontento de los camioneros, y, principalmente, desnudó a los gobiernos nacional, departamental, y local. Esto último, bastante grave, pues trasladó la acción colectiva, tradicionalmente urbana, a pueblos y veredas que sienten el rigor de la pandemia, el desgobierno, la ausencia de representación y la vulneración de sus derechos fundamentales. Generando por esta vía la división del partido de gobierno, situación que le resta capacidad de negociación con otros actores, la agudización de la crisis de representación y de la democracia colombiana, débil por sí misma.

Las consecuencias son inciertas. La pluralidad de las demandas, la complejidad del momento en razón al riesgo de contagio, la difusa cara de quienes lideran la movilización social, hacen de difícil pronóstico los efectos de la movilización y su expresión de paro nacional. Desde la declaración de un estado de excepción, pasando por un incremento de la violencia en las calles derivado de los excesos de la fuerza pública, que confunde protesta social y movilización ciudadana, con vandalismo, siendo esto último delincuencia a secas. Y, por lo tanto, fuera del contexto.

A los gobiernos, como medio para la concertación de una agenda sobre lo fundamental, no les queda más opción que el diálogo franco, abierto, plural y democrático. Las renuncias ‘per se’ no son la solución a nada. Esta olla a presión hierve, está llena y a punto de estallar. De suceder esto, las consecuencias son inesperadas. 

Aura Rodríguez

Secretaria Técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Uno esperaría que la presión social, que cada vez se vuelve más fuerte, incluso en medio de la gran represión y brutalidad policial, logre algún tipo de cambio en varios niveles. Uno, esta semana vimos cómo los indígenas tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada al lado del Concejo de Bogotá, esa es una acción que simbólicamente puede generar en la sociedad unas reflexiones sobre asuntos que están instalados en el imaginario, como el relato de lo ‘maravilloso’ que fue la conquista. Dos, fue gracias a la movilización que se retiró el proyecto de reforma tributaria y renunció el Ministro de Hacienda, pero puede tener la fuerza para frenar la reforma a la salud. Tres, en los niveles locales, seguramente se van a generar unos cuestionamientos necesarios a los gobernantes. Cuatro, hay una alerta mundial sobre cómo la Policía es una fuerza cuestionable porque ha violado derechos humanos, tiene vínculos con el narcotráfico en muchos lugares y existen niveles de corrupción en su interior.

El Gobierno nacional, que es militarista, no tiene un mínimo de empatía y sensibilidad con los muertos y heridos por la brutalidad policial, no ve que el pueblo está sufriendo y que detrás hay un problema de hambre y desigualdad. Según los datos del Dane, más de 22 millones de personas están en condición de pobreza o pobreza extrema. Además, está planteando una solución que en el pasado ya vimos que no funcionó. En la ola de manifestaciones de 2019 y comienzos de 2020, el Gobierno presentó la misma fórmula de ahora, sin ningún resultado. Es una respuesta que no parte de reconocer las necesidades y las exigencias de la sociedad colombiana. Un ejemplo: el Comando Nacional de Paro tiene un pliego desde antes de la emergencia del Covid-19, pero no es reconocido como un punto de partida para entablar un proceso de negociaciones. 

Como Plataforma, tenemos graves reparos frente al actuar de las demás instituciones del Estado. Los primeros días del paro, aún con todas las muertes que ha habido, con toda la brutalidad policial, la Defensoría del Pueblo estaba ausente de lo que estaba sucediendo y la Procuraduría tampoco ha actuado. Esta no es la respuesta que institucionalmente se espera en un momento de crisis. Están olvidando sus papeles fundamentales de garantes de derechos de la totalidad de colombianos y colombianas. La respuesta ha sido militar, de represión y de guerra. 

Hernando Hernández

Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué

La actual movilización es la reacción a muchas privaciones y limitaciones, pero, sobre todo, a muchas angustias del pueblo colombiano. Estamos viendo un despertar del sentir de la ciudadanía y la oportunidad de evidenciar esa situación de incertidumbre, así como entender que hay una inequidad y una desigualdad manifiesta. Pero también ha sido un momento para reflexionar sobre cómo podemos llegar a situaciones de desgobierno y de salida de los parámetros normales de cualquier movilización si no se canalizan adecuadamente las fuerzas. 

La reforma tributaria fue el detonante de una expresión popular, pero esto también nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y cómo debemos respetar a los demás para ser respetados. Claro que es una protesta justa, pero debe ser canalizada dentro de la constitucionalidad. Ahora debemos esperar que los líderes colombianos, especialmente quienes están en el Congreso, entiendan que el pueblo interpreta y lee muy bien la situación, de tal manera que no se pueden seguir aplazando las grandes reformas sociales y tampoco se pueden tomar decisiones sin una consulta a la población en general. Si no tomamos soluciones prontas, el país seguirá degradándose. 

Esta, a diferencia de otras, es una manifestación generalizada. Y lo importante de esta protesta es que es liderada por los jóvenes, como en la época del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y el proceso de la Séptima Papeleta. Los que no estamos en la calle, por cualquier razón, estamos convencidos de que estas personas que acuden a la protesta pacífica encontraron un momento propicio para expresar su descontento. Hay un porcentaje muy elevado de la población que está de acuerdo con la protesta, quizá no con los resultados de la infiltración de algunos malos ciudadanos. La mayoría de colombianos compartimos esta situación, al punto de que las universidades no solo les hemos pedido a nuestros estudiantes que protesten de manera pacífica sino que estamos invitando a todo el pueblo y los líderes a reflexionar sobre el momento al que hemos llegado. 

Ricardo Bastidas

Magistrado del Tribunal Superior de Ibagué y docente universitario.

Los ciudadanos por mandato constitucional tienen derecho a manifestarse pública y pacíficamente ante la miseria y desesperación por la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, más allá de una reforma tributaria. Le corresponde entonces al gobierno y los voceros de los distintos sectores, ante semejantes grietas sociales, actuar de inmediato con el fin de afianzar la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes un orden político, económico y social justo, basado en el respeto de la dignidad humana, el pluralismo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general.

DATO

El Gobierno se reunirá mañana con el Comité Nacional de Paro, el miércoles 12 lo hará con  estudiantes, el 13 de mayo conversará con los alcaldes de los municipios Pdet, el 14 será la cita con los partidos políticos, el 17 tendrá un encuentro con los sectores de los transportadores, un día después será con las acciones comunales del país y se cerrará el 20 de mayo con la reunión que se tendrá con los gremios económicos y la producción.

DATO

Como parte del diálogo que adelanta el Gobierno nacional con distintos sectores, el presidente Iván Duque y su equipo se han reunido, entre otros, con los miembros de la llamada Coalición de la Esperanza, así como exmandatarios regionales que hacen parte de una coalición de derecha.