Mientras unos países avanzan sin mayores problemas en sus planes de vacunación contra el Covid-19, en gran parte por la disponibilidad de dosis que incluso son producidas en su territorio, otros países, como Colombia, siguen supeditados al mercado internacional, uno en el que la oferta sigue sin ser suficiente para cubrir al 100 % de la población de una manera mucho más ágil.

Para solucionar esta oferta de dosis, en octubre pasado India y Sudáfrica presentaron una propuesta a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que se apruebe una suspensión temporal a las patentes, y a otros aspectos de la propiedad intelectual como los secretos industriales, de las vacunas, con el fin de que más compañías en el mundo puedan unirse a la producción, contribuyendo a controlar la pandemia con una rápida vacunación.

Pero la propuesta lleva meses en discusión sin que se den los pasos suficientes para que sea una realidad. ¿Es la liberación de las patentes la solución para aumentar la producción de las vacunas? ¿Qué dicen quienes se oponen a la propuesta? ¿Le serviría a Colombia una medida como esta?

Lo primero que hay que decir es que una patente, según la Superintendencia de Industria y Comercio, es “el derecho que se le da a un inventor a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado”, en este caso un periodo de 20 años. Es decir, por este tiempo, el único que tiene el permiso legal para producir una vacuna, medicamento o cualquier otro invento es el dueño de la patente. Y para hacer frente a esa exclusividad que dan las patentes y que impide que muchos produzcan vacunas surge la propuesta de India y Sudáfrica. Según explica Carolina Gómez, exdirectora de Medicamentos del Ministerio de Salud y fundadora del Centro de Pensamiento ‘Medicamentos, Información y Poder’ de la Universidad Nacional, ante una demanda tan alta de vacunas, la solución es aumentar la oferta y “para aumentarla lo que hay que hacer es quitar todas las barreras posibles a la producción masiva de esos bienes”, entre esas las patentes.

Según explica Gómez, levantar las patentes de las vacunas implicaría eliminar una barrera legal, pues bajo las normas actuales si alguien usa una patente corre el riesgo de ser demandado y de enfrentar una acción judicial por violar la propiedad intelectual.

“Lo que estamos viendo ahora es que hay muchas empresas con capacidad de producir vacunas, pero esa capacidad no está siendo utilizada. Si esas empresas, que tienen la capacidad y quieren hacerlo, no tuvieran el temor jurídico de ser demandadas y de ser condenadas por infringir esas patentes, muy seguramente producirían las vacunas”, indica.

Cuellos de botella

Pero el problema está en que no todos están de acuerdo con la propuesta. Por ejemplo, Yaneth Giha, presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), le dijo a Colprensa que “una exención a los derechos de propiedad intelectual en el marco de la emergencia sanitaria no es la respuesta a un problema complejo”.

Según Giha, la producción de vacunas es un proceso más complejo y enfrenta múltiples desafíos, pues no solo las patentes, sino otras dificultades como la escasez de materias primas, cuellos de botella en las cadenas de suministro, barreras comerciales, entre otras.

“Más allá de las patentes, se necesita de capacidad tecnológica y conocimiento para poder producir una vacuna, algo que difícilmente puede lograrse en un corto plazo. Por ello, las patentes y su liberación no son una respuesta efectiva ante los actuales problemas de producción”, afirma.

En eso coincide Natalia Castro, docente de la especialización en gerencia de marketing farmacéutico de la Universidad El Bosque y socia de Raisbeck&Castro, compañía experta en propiedad industrial, quien indica que “el problema es la falta de producción y rápida reacción para suministrarlas ante una demanda mundial de semejante envergadura como el Covid-19. El solo levantamiento per se no soluciona la pandemia”.

Pero quienes apoyan la idea de levantar las patentes no desconocen que el reto iría mucho más allá de las patentes. Claudia Vaca, farmacoepidemióloga y actual directora del Centro de Pensamiento ‘Medicamentos, Información y Poder’, indica que “la sola liberación de las patentes no es suficiente”.

Si la medida se concreta habrá que discutir otros temas como inversión pública, inversión privada, transferencia de tecnología, escasez de materias primas, de empaques y de envases, que permitan solucionar la problemática de oferta del todo. Sin embargo, Vaca explica que superar la barrera de la propiedad intelectual sería superar uno de los escollos más grandes del problema.

“La principal barrera es la propiedad intelectual. Es la posibilidad de que las empresas farmacéuticas terminen demandando a quienes usen esas recetas. Si se liberaran las patentes y se hiciera todo un movimiento de transferencia de tecnología, entonces se usarían todas las capacidades para ampliar la producción”, resalta.

Pero los argumentos de quienes se oponen a la propuesta son aun más amplios, pues además de asegurar que no es lo único que se necesita para aumentar la producción, otros han argumentado que liberarlas no tiene un efecto cuando muchos países no cuentan con capacidad productiva.

De hecho, Castro menciona que “el levantamiento de la patente solo sirve en aquellos países que pueden producir este tipo de productos, que por su complejidad requieren de unas plantas de producción específicas para vacunas, no cualquiera puede producir en un laboratorio. En el caso específico de Colombia, el levantamiento podría no tener impacto alguno en corto o mediano plazo, pues además de tener que instalar capacidad de manufactura se deben pasar los procesos de aprobación por parte del Invima”.

Otro argumento de quienes se oponen, según Gómez, es que la suspensión de las patentes afectaría gravemente la capacidad de la propiedad intelectual de permitir innovaciones en el futuro, es decir, afectaría los recursos y eliminaría el incentivo de las empresas que tomaron un riesgo al hacer vacunas en medio de la pandemia.

Quienes se oponen indican también que el sistema de propiedad intelectual ya contempla unas figuras y unas excepciones que se pueden usar y que no implican desconocer la propiedad intelectual.

Según Vaca, una primera figura ya existente es la de las licencias obligatorias, una medida que “obliga a que el titular de la patente ceda toda la información por orden del Estado”, es decir, el Estado permite a otros producir un medicamento, vacuna o cualquier otro bien, a pesar de que el dueño de la patente no autorice esa posibilidad.

La segunda opción, explica Vaca, son las licencias voluntarias, es decir, que las empresas autoricen a otras compañías a producir sus vacunas por medio de negociaciones y acuerdos voluntarios entre ambas partes.

Sin embargo, las expertas coinciden en que estas opciones no están funcionando. Primero, porque las farmacéuticas no han tenido la suficiente disposición para otorgar licencias voluntarias, pero también porque la situación excede sus capacidades de negociación para autorizar a otros a fabricar sus dosis.

“Las empresas tienen una capacidad limitada para negociar, tienen un equipo legal limitado, tienen un equipo científico limitado para ir a enseñar, tienen que negociar cada aspecto, cuánto le va a cobrar por cada dosis, es un proceso largo”, explica Gómez.

Por el lado de las licencias obligatorias, Gómez menciona que estos son procesos largos que tienen que hacerse con cada patente y en cada país. De hecho, en Colombia ha habido tres intentos de hacer licencias obligatorias que, además de que no han prosperado, no han durado menos de tres años, tiempo con el que no cuenta el país, ni el mundo, en medio de la pandemia del Covid-19.

Conveniencia

En ese escenario, ¿cómo queda Colombia? ¿Le serviría al país levantar las patentes? Está claro que el país no tiene capacidad de producción instalada inmediata para producir vacunas si se llegan a levantar las patentes. Pero hay otros países que sí, aquellos que llevan años haciendo medicamentos y que no necesitarían de una gran preparación para comenzar a producir las vacunas en el corto y mediano plazo.

Por eso, según Vaca, cualquier posibilidad de que países de América Latina como México, Brasil o Argentina, u otros como India, Corea o Australia pudieran usar hoy sus capacidades de producción, facilitaría el flujo de dosis a aquellos países en los que no hay suficiente cantidad o en los que las dosis llegan a cuentagotas, como en Colombia.

Para Gómez, aunque muchos se preguntan por qué tendría que entrar Colombia en este debate si no puede producir las vacunas, esta no es la discusión. “No se trata de quién hace las vacunas. En la urgencia en la que estamos lo que necesitamos es más vacunas disponibles en el mundo, no importa dónde ni quién las haga. Este debate es para que quien sea que pueda haga vacunas”, dice.

Además de que Colombia se beneficiaría de un mayor flujo si más países se unen a la producción, las expertas indican que Colombia puede beneficiarse al comenzar a identificar capacidades de producción y empezar a insertarse poco a poco en la cadena productiva en el mediano plazo.

Por lo pronto, el debate sigue sobre la mesa, pero empieza a mostrar avances tras el apoyo que acaba de dar Estados Unidos a la propuesta. Ahora habrá que discutir si finalmente se aprueba y en qué condiciones. Y mientras tanto, en Colombia, las organizaciones le piden al gobierno que declare públicamente su apoyo a la suspensión de las patentes o exprese las razones por las que no han brindado su apoyo definitivo a la propuesta, pues indican que el país ha tomado una postura ambigua en el tema.