Más tributos para las empresas que para las personas

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La reforma tributaria que discute el Congreso mantiene el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en cuatro por mil hasta el 2018, crea el Impuesto a la Riqueza y establece una sobretasa de tres por ciento al Cree.

Una reforma tributaria que no tocaría de manera tan directa el bolsillo de los ciudadanos, pero sí el de los empresarios. Así podría resumirse el proyecto que está en manos del Congreso de la República y que de aprobarse, empezaría a regir en 2015.

El espíritu de la iniciativa gubernamental tiene los siguientes puntos fundamentales: terminar con el impuesto al patrimonio y crear el impuesto a la riqueza; poner una sobretasa al Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (Cree) de tres puntos, por los próximos cuatro años; eliminar la devolución del IVA y mantener por otros cuatro años el impuesto del 4X1.000.

Y es precisamente este gravamen el que más afectaría a los ciudadanos del común, como quiera que consiste en que por cada mil pesos que usted retire de una entidad financiera, cuatro pesos se destinan al pago de este impuesto. El tributo es recaudado a través de las entidades financieras pero su destinatario final es el Gobierno nacional. Tan solo a partir de 2019 la tarifa se reduciría al 3x1.000; el año siguiente al 2x1.000; en 2020 bajaría a 1x1.000 y desaparecería a partir de 2022.

Para tranquilidad de la gente, el Gobierno se comprometió a que en este proyecto el IVA no cambiará, por lo que no se esperan modificaciones en este sentido.

El Cree

Hace dos años, cuando se discutía la actual reforma tributaria nació un impuesto que sería temporal: un punto adicional a la tarifa del tributo a las ganancias de las empresas (Cree), que sustituía las cargas que habían sobre las nóminas como el aporte al Sena.

Así las cosas, la tarifa del Cree no quedó de ocho por ciento sino de nueve por ciento “hasta 2015”, con el fin de destinar ese recurso solo al agro, la educación superior y la salud.

Sin embargo, en el capítulo III de la nueva reforma modifica el artículo 23 de la Ley 1607 de 2012 con el siguiente parágrafo: “A partir del periodo gravable 2016, la tarifa será nueve por ciento (nueve por ciento)”. Es decir, como muchos otros impuestos en Colombia, el Cree pasa de temporal a permanente.

La sobretasa al Cree (tres por ciento), impuesto sobre las utilidades que generan las empresas, regirá para las ganancias superiores a mil millones de pesos anuales, que cubriría a unas seis mil de las 300 mil compañías que operan en el país.

Además, por primera vez, se anuncia una sanción penal para quien no declare los activos que posea en el exterior por encima de ocho mil millones de pesos, que conllevaría a una pena de cuatro años de cárcel.

Pese a que el Gobierno aseguró que esta reforma es necesaria para mantener el equilibrio fiscal y mejorar las inversiones para tiempos del posconflicto, y que varios sectores gremiales y analistas aseguran que era necesaria, no todos están de acuerdo con los algunos puntos del proyecto legislativo.

El presidente de la Andi, Bruce McMaster, dijo que en la reforma, muchos impuestos se quedaron en los niveles anteriores, porque a pesar de haber incorporado un elemento de gradualidad, se redujo el umbral a partir del cual se aplica la tarifa máxima.

“Esto, sin duda, afectará especialmente a los pequeños y medianos empresarios, y a los pequeños y medianos ahorradores”, dice.

Horacio Ayala Vela, exdirector de la Dian, coincide en parte con los industriales colombianos. El experto asegura que la prolongación del impuesto al patrimonio (o de la riqueza como ya se denomina), efectivamente le aportaría $8.8 billones al hueco fiscal que tiene el país y se cumple con el objetivo de disminuir la desigualdad, gravando el capital. Sin embargo, explica que este impuesto en Colombia tiene una estructura equivocada.

“Extender el cuatro por mil, que además de las preocupaciones de las instituciones financieras (cuyos clientes son quienes principalmente lo pagan) tiene otros grandes defectos, por ejemplo, que se cobra sobre los pagos de impuestos. Y se propone ‘remozar’ el manido impuesto al patrimonio, otro gravamen proporcional y no progresivo, que desestimula el ahorro y grava hasta los bienes improductivos, no así las acciones de los grandes capitales”, anota.

Para Fedesarrollo la propuesta tiene la gran virtud de reconocer la necesidad de recursos adicionales para cumplir con los objetivos presupuestales de 2015, en el marco de un claro compromiso con la regla fiscal como rector de la consolidación de las finanzas públicas.

Anif también comparte la opinión que una reforma es buena, pero mesurada. Y critica que una vez más se promueva una iniciativa que no es estructural y que además castigue a los inversionistas nacionales y extranjeros.

“¿Habrá razonado el Ejecutivo que esta sería una de las razones por las cuales las firmas han venido expresando desánimo inversionista? ¿Cómo se verá afectada la próxima ronda de inversiones que busca la ANH? ¿No será que continuarán emigrando hacia México, donde las tasas efectivas sobre las utilidades bordean el 34 por ciento y no el 60 por ciento? Por todas estas razones antitécnicas es que se debería pensar en una reforma estructural que incluya incrementar la tasa del IVA, como lo ha venido planteando Anif”, dice la entidad.

Lo cierto es que la reforma ya inició su trámite en el Congreso, y generalmente muchos aspectos propuestos quedan a mitad de camino. Habrá qué esperar.

Credito
BOGOTÁ

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