Si se toman en cuenta no tanto los rumores, sino los antecedentes judiciales que ya existen en Colombia, puede decirse que los mensajes que circulan por Whatsapp pueden tener validez en la justicia colombiana.

Uno de esos antecedentes es el de los taxistas que en enero pasado, en Bogotá, y como parte de su enfrentamiento con Uber, quemaron uno de los carros afiliados a esta plataforma. En este caso, los audios que circularon entre estos taxistas fueron tomados en cuenta por una juez de garantías, quien les dictó medida de aseguramiento.

Esos mensajes de voz, obviamente obtenidos mediante una orden judicial, pueden ser el mejor ejemplo del valor probatorio que tienen este tipo de conversaciones emitidas o guardadas sobre plataformas de mensajería electrónica.

No es el único caso

En otros casos como el de la campaña de pánico que se hizo a través de mensajes de voz a finales de 2016 en Barranquilla, en el que se anunciaba un “plan pistola” contra comerciantes y transeúntes de la zona de Buenavista, o la desinformación sobre demoliciones o falsas víctimas que se hizo después del terremoto en México, son ejemplos típicos de cómo esta herramienta tecnológica es usada para mal.

Lo que estos perpetradores seguramente no sabían es que tanto en las leyes colombianas como en las mexicanas esta conducta está tipificada como un delito y tiene penas que incluyen la cárcel.

De acuerdo con una encuesta realizada por la firma consultora Adalid Corporation, especializada en seguridad informática, de las pruebas digitales que se presentan hoy en los procesos judiciales, el 60% son correos electrónicos, el 35% son chats de WhatsApp y de estos el 23% son mensajes de voz. El resto son páginas de Internet y otros.

Mensajes electrónicos

Para Andrés Guzmán Caballero, fundador y CEO de Adalid, “aunque se pensaría que en casos judiciales, sólo los mensajes de texto enviados por las plataformas de mensajería instantánea pueden considerarse como pruebas, la Ley 527 del 18 de agosto de 1999, le da otra dimensión a los mensajes de voz”.

Según él, “aunque la información no conste por escrito (y esto corresponde a los mensajes de voz) los mensajes electrónicos tienen el mismo efecto probatorio de un correo electrónico o de la grabación legalmente autorizada de una llamada telefónica”.

Ahora, estas evidencias tienen sus requisitos para ser aceptadas ante un estrado judicial, y el primero de estos es que la prueba haya sido obtenida de forma lícita y que para su obtención no se hayan violado los derechos o libertades fundamentales del usuario del dispositivo, ni de sus interlocutores.

De igual manera, es obligatoria una orden judicial para analizar el equipo que contiene los mensajes y así mismo, una adecuada cadena de custodia. Otra de las normas que deben cumplirse con obligatoriedad, es que tanto el laboratorio forense especializado en medios digitales, como los programas de software que se usen en el análisis y las personas que realizan el procedimiento, sean legalmente certificados para el manejo de este tipo de pruebas.

El rastro digital

Si la prueba fue manipulada, el dispositivo borrado, reseteado, o incluso quemado, laboratorios como el de Adalid Corp, tienen la capacidad de recuperar toda la información que se almacenó en el dispositivo, desde el momento en que se usó por primera vez, incluidos chats, correos, audios, contactos, fotografías, aplicaciones, programas y ubicaciones GPS.

Para el caso concreto de Whatsapp o Imessage, estos laboratorios pueden llegar hasta las raíces de las memorias de almacenamiento, y recuperarlos sin importar la marca, el modelo o el sistema operativo, e incluso si estos tienen claves o contraseñas de acceso.