Aunque esta semana Campo Rubiales volverá a producir 225 mil barriles diarios de petróleo, ritmo habitual, nadie puede cantar victoria. Los hechos violentos que protagonizaron 600 empleados y contratistas generaron pérdidas millonarias a la Nación, pues el bombeo del crudo se paralizó dos días, cada uno de los cuales representan al erario 20 millones de dólares. Y la crisis está lejos de ser conjurada.

Esta nueva revuelta, que incluyó 12 bloqueos, quema de vehículos, y confinamiento del personal, así como cese de todas las actividades dentro del campo, demostró que efectivamente sí hay un problema de salarios y contratos, y que si no se fortalece la presencia del Gobierno en el campo, las cosas pueden empeorar en cuanto a violencia se refiere, pues la polarización salta a la vista.

¿Qué reclaman los trabajadores y contratistas en Campo Rubiales? Héctor Sánchez, líder de las protestas que se desempeña hace un año como oficial de construcción de la firma JM, dice que todo estalló porque Pacific Rubiales no exige a los contratistas el pago de los salarios a que tienen derecho los obreros no calificados de la región.

 â€œMuchos contratistas pagan por debajo de lo acordado y cuando quieren se demoran en hacerlo. Vivir a 180 kilómetros de Puerto Gaitán, lejos de la civilización, es un detonante que se activa más fácil cuando uno llega a dormir a alojamientos incómodos, sin agua, o le sirven comida mala”, dice.

Campo Rubiales tiene 400 pozos de cuya producción está encargada Pacific Rubiales, con una participación de Ecopetrol que representa el 80 por ciento. Pacific emplea, de manera directa, a 500 personas en el campo, que equivale apenas al 3.8 del personal.

Contrata el resto de las labores especializadas unas 150 firmas, que, a su vez, subcontratan otras tantas. En este entramado de empresas hay de todo: desde especialistas en exploración, sísmica y pozos, hasta soldadores, servicios de comida y alojamiento de las 13 mil personas que conviven allí.

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, afirma que el Ministerio de Protección Social ha realizado auditorías, y aunque se halló algunas fal­las, dice que las condiciones de trabajo en general son buenas. “Sí hay compañías que incumplen, la responsabilidad es de la operadora (Pacific), pues tener contratistas no los exonera de culpa”, dice.

Para Camilo Valencia, vicepresidente ejecutivo de Pacific Rubiales, la toma hostil que realizó un grupo de trabajadores no se justifica.

Explica que en materia laboral cada contratista tiene un salario de un millón 50 mil pesos que, sumado al servicio de alimentación, de lavado y planchado de ropa y alojamiento, genera un costo cercano a los cuatro millones por persona.

“Tampoco se dan despidos masivos como se reclama, y cuando se acaban unos contratos, hay convenios para que ese personal sea nuevamente enganchado en una próxima contratación”, afirma.

Hay versiones de que las protestas pueden están siendo promovidas por la guerrilla, sin embargo nadie en el campo se atreve a confirmarlo. También hay quienes piensan que el ambiente se ha caldeado por la campaña electoral. Puerto Gaitán recibe al año casi 100 mil millones de pesos en regalías, que son un bocado de cardenal para muchos políticos locales que podrían estar echando leña al fuego de la inconformidad para ganar ­votos.

También se acusa a la Unión Sindical Obrera, USO, de estar buscando reactivarse a nivel nacional, con la sindicalización de los trabajadores de toda la industria petrolera y no sólo de los empleados de Ecopetrol.

“La USO quiere fortalecer su sindicato con más afiliados, y se ha metido a las negociaciones, así no representen ni a la comunidad ni a los empleados directos”, agrega Alejandro Martínez.

Frente a ese señalamiento, Rodolfo Vecino, presidente de la USO, advierte que su única intención es asesorar a los trabajadores. “Esa población tiene derecho a la libertad sindical y a la libre asociación. Exigimos reintegros en caso de despidos masivos y garantías salariales”, dice. Algo que por supuesto es absolutamente legítimo, si no se usan las vías de hecho y la violencia, como ha ocurrido en estos meses.

La preocupación que existe entre todos los involucrados es que pocas cosas han cambiado desde julio, cuando se presentó la primera protesta en el campo. En esa ocasión, el vicepresidente Angelino Garzón asumió el liderazgo para sentar a los protagonistas de la controversia en nueve mesas de diálogo para buscar soluciones. En ellas han venido reuniéndose periódicamente directivos de Pacific Rubiales, miembros de la comunidad de Puerto Gaitán, la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad, los ministerios de Minas y Energía y de Protección Social, y representantes sindicales. Pero mucha gente sigue inconforme, como se demostró esta semana.

Aunque en Campo Rubiales los taladros se encendieron de nuevo tras los acuerdos a los que se llegó el jueves pasado, y después de haber duplicado la presencia de la Fuerza Pública, que aumentó de 600 a mil 200 efectivos, el problema sigue latente.

Como dijo Javier Gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol, “La institucionalidad es la mejor vía para erradicar esa inconformidad. La presencia de los ministerios respectivos debe ser permanente y no cuestión de días”. Y es que este campo de 60 mil hectáreas es apenas una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en muchas partes del país, donde hay un auge económico sin precedentes, evidentes abusos de las empresas, y muchos sectores interesados en pescar en río revuelto.

Por eso, la presencia integral del Gobierno es urgente para dar soluciones de largo plazo y no sólo apagar los incendios cada vez que estos se presentan. Porque lo que está en juego es mucho: es la sostenibilidad de la operación petrolera y la convivencia de grandes empresas con la población de regiones apartadas y conflictivas, donde se vive una bonanza sin precedentes.

Indignación total

Crece la avalancha de críticas contra Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso, quien pasó de ser un ilustre desconocido a ser el político más criticado de Colombia. Es, quizá, el personaje público que más palo está recibiendo y, hay que decirlo, el que más metidas de pata ha hecho. Defiende proyectos controvertidos, vocifera que su sueldo de 16 millones de pesos no le alcanza y además, bajo su timonel, el Congreso no arranca a trabajar en forma.

Por esto, no le pudo haber caído en mejor momento el viaje a Azerbaiyán, donde fue invitado como uno de los mejores parlamentarios latinoamericanos. Por unos días, podrá escampar en el Cáucaso la avalancha de críticas que le han caído encima en el país.

La indignación de los ciudadanos empezó cuando anunció que reviviría el subsidio a la gasolina en el Congreso, eliminado por Armando Benedetti. Corzo advirtió que el sueldo de 16 millones de pesos de los parlamentarios no era suficiente para tanquear dos carros, que prefería “ser honesto y no robar al Estado” y declaró que quería devolverle la dignidad al Congreso, puesto que las otras ramas del poder, como el presidente y los magistrados, sí tienen derecho al subsidio.

Durante varios días, las redes sociales se inundaron con críticas, chistes e iniciativas de revocatoria de mandato. En Facebook se crearon grupos para pedir su renuncia, iniciaron una colecta nacional para pagarle la gasolina y hasta convocaron un plantón frente al Senado. En Twitter se volvió famoso el chiste de ¿cuál es el carro que más gasolina gasta? “El Chevrolet Corzo,” y la frase “fueracorzo” fue una de las más utilizadas. Corzo se convirtió en tema de columnas, programas radiales y hasta fue víctima de una ‘pega’ de una emisora que dedicó toda una mañana a llamar a su oficina. Según los locutores, la solución para los problemas financieros de Corzo era que mandara a sus escoltas en TransMilenio.

Pero más allá de esta especie de tragicomedia política, lo preocupante es que este no ha sido su único desliz. Poco después de su posesión, defendió el proyecto para revivir la inmunidad parlamentaria y apoyó una reforma para prohibir el aborto. También devolvió facultades de contratación a Emilio Otero, secretario general del Congreso, y a Ómar Velásquez, director administrativo, y retomó la licitación para el renting de los carros por un valor cercano a los 70 mil millones de pesos, medidas que Benedetti había parado en seco. Y para rematar, sufrió una convulsión mientras almorzaba en un restaurante en el Centro de Bogotá.

Su mala racha continúa. Según un veterano senador, dos meses después del 20 de julio, “el Congreso no ha arrancado”, dice, mientras afirma que “la temporada electoral no es la única culpable. Aquí no hay liderazgo”. Según senadores de varias toldas, Corzo no ha citado a reuniones con los voceros de los partidos y muchas veces no preside las plenarias.

Las cifras mismas hablan por sí solas. En dos meses, sólo se han citado 10 plenarias y tres debates de control político. Esto implica que sólo han sesionado un día a la semana -los martes- y no dos o tres, como es costumbre. El rating del Noticiero del Senado ha caído casi 10 puntos y la jefatura de prensa se ha cambiado dos veces. En plata blanca, han sido radicados 132 proyectos y 43 aún no tienen ponentes. La página web es su otro talón de Aquiles. Es blanco habitual de Anonymous y después de una actualización, el portal ha sido abandonado.        Por ejemplo, quitaron el acceso para que los ciudadanos pudieran ver la asistencia y las votaciones de los congresistas y también es imposible estudiar los bienes y las inhabilidades de cada congresista, publicadas en un esfuerzo de transparencia que inició la presidencia ­pasada.

Este ritmo es alarmante, porque marca un fuerte contraste con el primer año legislativo, el que muchos consideraron crucial. Y también es grave porque varias iniciativas del ­Gobierno siguen en el tintero. Es el caso de la reglamentación de la reforma de las regalías, el futuro de la Comisión Nacional de ­Televisión y la reforma a la justicia, cuyos debates no han arrancado.

Cada presidente tiene derecho a tener su estilo. Mientras Armando Benedetti era explosivo, mediático y exigente, Corzo parece haber escogido otra estrategia más acorde con su personalidad.

 â€œEs un hombre de buenas intenciones, pero le ha faltado explicar sus ideas”, dice Antonio Guerra, quien comparte con él la mesa directiva. En los pasillos del Capitolio afirman que en todos los años que llevaba en el Congreso no había musitado palabra. Tanto es así que no le conocían la voz. Su comportamiento en estos últimos meses da la impresión de que tal vez era mejor así.